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Explosión evidenció los peligros mortales del robo de la gasolina

2019-01-19

El estallido evidenció los peligros mortales del robo de la gasolina o huachicoleo, que le...

Paulina Villegas y Kirk Semple, The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió el sábado redoblar los esfuerzos para combatir una epidemia de robo de combustible en el país después de que hubo un explosión en una toma clandestina de un oleoducto en el estado de Hidalgo que causó la muerte de  66 personas y dejó 76 heridos hasta el momento.

El estallido evidenció los peligros mortales del robo de la gasolina o huachicoleo, que le ha costado miles de millones de dólares por año al gobierno y cuyo combate ha sido el foco del gobierno de López Obrador en las últimas semanas.

“Va a seguir el plan. Lamento mucho lo sucedido, pero tienen que cambiar estas cosas”, declaró López Obrador en una conferencia de prensa matutina el sábado 19 de enero.

“No vamos a detenernos, vamos a erradicar esto que no solo daña materialmente —no solo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustibles— sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas”, añadió sobre lo sucedido en Tlahuelilpan, Hidalgo.

La explosión ocurrió el viernes por la noche, en un ducto en esa parte rural del estado de Hidalgo. El estallido fue particularmente mortífero porque cientos de personas habían llegado al sitio atraídos por la posibilidad de conseguir gasolina gratis de la toma clandestina.

En videos tomados antes del estallido puede verse una atmósfera casi de fiesta; los habitantes del municipio de Tlahuelilpan, incluidos niños y familias, celebraban y reían mientras llenaban contenedores de plástico, bidones y garrafas con el combustible, que salía del hoyo hecho en el ducto como un géiser.

En las grabaciones se ve también a un puñado de oficiales militares que acudieron al lugar tras los reportes de que había una toma clandestina. Los videos muestran al personal militar observando a la gente reunida en torno al ducto, que sale desde una refinería en la cercana ciudad de Tula operada por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que había alrededor de veinticinco soldados y que ese contingente no era suficiente para dispersar a entre seiscientas y ochocientas personas que estaban ahí, y acordonar el sitio. Dijo que las tropas intentaron persuadir a los residentes a retirarse, pero que sus exhortaciones fueron ignoradas y algunos incluso fueron “agresivos” con los soldados.

Unas dos horas después de que las autoridades se enteraron de la toma, el combustible prendió en fuego, lo que causó la enorme explosión con paredes de llamas y de humo. Los videos y fotografías del hecho que circulan en redes sociales y que fueron compartidos por televisoras mexicanas muestran a personas en llamas que corren y a víctimas que gritan de dolor y piden ayuda.

Las autoridades lograron extinguir las flamas después de más de cuatro horas de trabajo.

Es probablemente el peor suceso relacionado a la ordeña de combustible en los últimos años. En 2010 murieron veintisiete personas y decenas resultaron heridas, además de que se destruyeron hogares, en un estallido en San Martín Texmelucan de Labastida, ciudad en el estado de Puebla. Esa explosión, según funcionarios, también fue causada por una ordeña ilegal.

Alejandro Gertz, el nuevo fiscal general, dijo en la conferencia de prensa del 19 de enero que ya se abrió una investigación sobre el incidente y dijo que “no cabe duda” de que la explosión fue causada por el intento de huachicoleros de ordeñar el ducto.

El infierno del viernes sucedió después de iniciado el combate por parte del gobierno de López Obrador a las ordeñas y el robo; ha incluido cerrar los tramos de los ductos que más tienden a ser atacados por los huachicoleros y transportar el combustible con camiones tanque.

Sin embargo, los cambios en la logística han provocado retrasos en las entregas de la gasolina a varias partes del país; en muchas gasolineras escasea el producto y en las que lo tienen se forman largas filas de automóviles e, incluso, de personas a pie.

El robo de combustible ha sido desde hace tiempo un problema en México, aunque hasta hace unos años las autoridades lo asumían como un costo del negocio, a decir de analistas. La situación comenzó a empeorar hace una década, cuando grupos de la delincuencia organizada diversificaron su cartera delictiva y se inmiscuyeron en el llamado huachicoleo.

Los precios al alza del petróleo a nivel internacional lo han vuelto un delito particularmente atractivo. Muchos grupos han logrado cooptar a funcionarios de varios niveles del gobierno con sobornos o violencia y se han ganado el respaldo de poblaciones locales con el surtido constante de gasolina de mercado negro, a bajo precio, al igual que ofertas lucrativas de empleo como halcones (centinelas) y transportistas del combustible.

La mayor parte del robo sucede por medio de tomas que son perforadas durante la noche en los ductos que mueven la gasolina desde los puertos del país y desde refinerías hacia centros de distribución. Aunque buena parte del sistema de ductos es subterráneo, los huachicoleros que operan en regiones más remotas han podido acceder a ellos de manera relativamente simple con palas. Para perforar los ductos utilizan taladros de alto poder e instalan grifos para sacar el combustible.

El problema se ha agravado en los últimos años. En los primeros diez meses del 2018, las autoridades encontraron más de 12,500 tomas ilegales, casi el doble de las encontradas en todo 2016 y un aumento casi veintisiete veces mayor que la cifra de hace una década.

Octavio Romero, director general de Pemex, indicó en la conferencia sabatina que en los últimos meses se había detectado diez tomas ilegales en el mismo ducto que estalló el 18 de enero, que en algunos casos resultaron en incendios pequeños.

“El robo de combustible no solamente afecta la economía de nuestro país”, dijo en entrevista el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. “Hoy el estado de Hidalgo llora por esta tragedia, que ha cobrado la vida de tantas personas. Lo ocurrido aquí no debe repetirse nunca en México”.

El gobernador Fayad dio a conocer la mañana del sábado que el saldo de víctimas mortales había aumentado a 66 personas fallecidas de un número preliminar de veintiúna, e indicó que la cifra aún podría aumentar. “Muchos de los heridos de gravedad están entre la vida y la muerte”, dijo.

Pidió al público ayudar a las autoridades para que pongan fin a la epidemia del robo de combustible: “Ayúdennos a combatir este fenómeno y a alejarse de los ductos que han sido tomados o rotos”.

López Obrador, quien llegó al poder el 1 de diciembre pasado, dijo que se han perdido unos 60,000 millones de pesos (alrededor de 3.1400 millones de dólares) debido a las tomas ilegales del combustible que se vende en el mercado negro. Como parte de su operativo en contra de este robo fueron desplegados aproximadamente cuatro mil oficiales militares y de la policía para monitorear y cuidar la infraestructura petrolera.



JMRS