Tras Bambalinas
Guardia Nacional. ¿Acuerdo o confrontación?
Por Morelos Canseco Gómez, Revista Siempre
Retractándose de lo propuesto en la campaña electoral, el Grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó —aún antes del inicio del período presidencial— la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reformar la figura de la Guardia nacional en la Constitución; conservándose la denominación de un cuerpo ciudadano para la defensa de la independencia, el territorio y el orden interno, propios de las entidades federativas en el modelo federal, que no se desarrolló antes y durante la Ley fundamental vigente, se plantea confiar a un nuevo cuerpo de naturaleza y carácter castrense la función de la seguridad pública en el ámbito de la federación.
Así, se tomó el nombre de un órgano de paisanos a conformarse en cada entidad federativa para realizar funciones de orden militar en casos de necesidad ante la eventual insuficiencia de las Fuerzas armadas permanentes, para asignárselo a una presunta institución civil de seguridad pública. Las denominaciones importan. Desde ese punto de partida aparece el perfil militar de la institución.
En esencia, el debate social más amplio y las deliberaciones en el pleno de la Cámara de Diputados al votarse el dictamen sobre la iniciativa se centraron en la auténtica naturaleza de la institución. Con el piso compartido en todos los espectros del mosaico político sobre la necesidad de adoptar medidas para atender el grave rezago en materia de seguridad ciudadana, quienes la aprobaron estimaron que las modificaciones hechas a la iniciativa permiten concluir que la disposición constitucional sobre la naturaleza y mando civiles de la Guardia Nacional superaba las inconformidades. Quienes rechazaron la propuesta consideraron que debía verse más allá de las palabras y su connotación, y apreciarse a la luz del efecto del diseño y las facultades otorgadas a las autoridades militares.
Es factible recuperar la seguridad y preservar un orden constitucional que no implique riesgos para los derechos y libertades de las personas.
La polémica ofrecía un ámbito relevante para la función revisora que —en este caso— corresponde al Senado, que no estaba convocado para conocer del asunto en las recientes sesiones extraordinarias de las cámaras del Congreso. Sin embargo, revelando la intención de la voluntad que sustentó la iniciativa, el Ejecutivo federal se dijo inconforme con la supresión del precepto que se proponía para establecer un régimen excepcional de años para que el Ejército y la Armada asumieran las tareas de seguridad pública; una previsión transitoria expresa para que, en tiempo de paz, las autoridades militares pudieran realizar estas funciones, sin aplicarse el artículo 129 constitucional.
Esa intervención muestra la descoordinación entre el gobierno federal y su bancada en la Cámara de Diputados. Y, aún más, la sobreestimación de los legisladores del Morena, (PT) y postulados por el Partido Encuentro Social en las Cámaras, pues en conjunto no logran las dos terceras partes de los votos necesarios para culminar la aprobación de las reformas constitucionales. Lo aprobado por los diputados no satisfizo a López Obrador, pero su petición genera mayor oposición porque implica reconocer abiertamente que se busca confiar una responsabilidad civil a las fuerzas armadas.
Es innegable que nuestro país enfrenta un problema de seguridad pública; la delincuencia organizada conculca derechos y libertades de las personas y disputa al Estado funciones que le son propias, y bajo ese cobijo o fuera de él, la sociedad padece otras expresiones delictivas que, muchas veces, se constituyen en graves atentados a la tranquilidad social más elemental. Es cierto que hoy las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios, donde existen, en términos generales carecen de las capacidades humanas, de equipamiento y formación indispensables para garantizar la seguridad y paz de la ciudadanía.
Sin embargo, la solución que plantea la minuta de la Cámara de Diputados —aún sin el transitorio reclamado por el Ejecutivo federal— constituye un alto riesgo para algunos derechos humanos de la mayor relevancia y se aparta de los estándares internacionales para la participación de las fuerzas armadas permanentes en las tareas de seguridad pública.
En efecto, si hay responsabilidades en actuaciones que no impliquen a civiles, los miembros de la propuesta Guardia Nacional serían juzgados por tribunales militares, luego entonces su carácter es castrense; la planeación en la materia sería civil, pero la conformación, estructura orgánica y operación serían militares; el ámbito de toma de decisiones operativas tendría un integrante civil y dos miembros de las fuerzas armadas permanentes, y los miembros del Ejército y la Armada que fueran asignados a la Guardia Nacional atenderían las tareas policiales que la Ley de la Policía Federal asignó a esa institución.
Es imperativo conciliar el reconocimiento del problema de seguridad ciudadana que enfrenta el país y las decisiones para atenderlo, con la participación extraordinaria, normada y sujeta a controles de gestión estrictos —parlamentarios y legales— de las Fuerzas Armadas permanentes y la determinación de conformar instituciones policiales federal, estatales y municipales, en este caso donde sus capacidades administrativas y financieras lo permitan.
Es factible recuperar la seguridad y preservar un orden constitucional que no implique riesgos para los derechos y libertades de las personas. La cuestión es cómo construir esas vías.
Insistir en el modelo impulsado por el Ejecutivo federal es rechazar la conformación de una política de amplio espectro partidista y, tal vez, suprapartidista, con la mente enfocada en que, al no disminuir la inseguridad, la responsabilidad se asignará a quienes no se apegaron a la normatividad propuesta. Es la negativa a la revisión de la minuta para conformar una institución policial civil y normar la actuación extraordinaria y temporal de las fuerzas armadas permanentes.
Abrir el diálogo y los entendimientos a la reforma o refundación de la institución policial federal y la conformación y consolidación de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas en un horizonte de corto y mediano plazo, es velar por el imperio y vigencia de los derechos humanos en el diseño institucional, la formación del cuerpo, las directrices de su funcionamiento y los parámetros de su evaluación. Es la disposición a integrar una propuesta que escuche las expresiones de la sociedad civil organizada y los criterios que los organismos internacionales de derechos humanos han extraído de múltiples experiencias.
En lo político, ¿habrá acuerdo o confrontación? Y ante el problema de la seguridad pública, ¿se tendrá disposición para construir las soluciones que, necesariamente, requieren tiempos de implementación más allá de una gestión presidencial, o un tramo más de actuación excepcional del Ejército y la Armada para retrasar la construcción de las instituciones policiales civiles que requerimos? La respuesta dirá si hay voluntad de inclusión para gobernar o posesión única de la verdad y exclusión.
regina
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