Ciudad de México enfrenta la ola de violencia con un cuestionado programa de desarme

Por GEORGINA ZEREGA, El País

México 10 FEB 2019 - 05:06    CET
A pesar de que existe una sola tienda de venta legal de armas en Ciudad de México, la ciudad está blindada. Nadie sabe exactamente cuántas hay, porque la gran mayoría provienen del mercado negro, pero los números de delitos cometidos con armas de fuego en la capital no han parado de escalar. Solo entre enero y septiembre de 2018 se cometieron 3.130, un 45% más que en todo 2016, según la Procuraduría General de Justicia capitalina. Para combatir la escalada de violencia, la alcaldesa Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el pasado diciembre, ha propuesto revivir un programa de desarme que fue aplicado por la Administración anterior de Miguel Ángel Mancera sin grandes resultados.

“¿Qué hace una señora como yo con explosivos?”, se pregunta Carla Hernández. Ella, como cientos de personas, se ha acercado en las últimas dos semanas a las carpas oficiales del Gobierno de Ciudad de México a canjear, sin presentar papeles ni dar explicaciones, armas por efectivo. Esta vecina de Iztapalapa, una de las zonas más pobladas y conflictivas de la ciudad, ha llevado un paquete con cartuchos de dinamita y unas cuantas balas sueltas que su expareja había dejado abandonadas en su casa. “Me daba mucho miedo tener esto en mi casa, y sacarlo también, por si me explotaba encima”.

México enfrenta desde hace años una oleada de violencia que se ha visto agravada por el tráfico ilícito de armamento. El informe Beyond our borders del Center for American Progress, un instituto dedicado a la investigación de políticas públicas apuntala esta hipótesis. Cada año, cerca de 213,000 armas de fuego fabricadas en Estados Unidos ingresan ilegalmente a territorio mexicano. De ellas, unas 106,000 han estado vinculadas con actividades delictivas entre 2011 y 2016.

El anuncio oficial del lanzamiento del programa de Sheinbaum asegura que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, entre diciembre de 2012 y marzo de 2018, el retiro de más de 33,000 armas en la capital contribuyó a la “disminución de los altos índices de violencia”. Por esto, la jefa de Gobierno ha destinado unos 20 millones de pesos (más de un millón de dólares), con el objetivo de quitar de circulación unas 5,000. En once días han canjeado más de 400. Los incentivos van desde 120 pesos (6 dólares) para artefactos de fabricación casera hasta 18,000 por una ametralladora (943 dólares).

La investigadora Magda Coss, autora del libro Tráfico de armas en México, señala que se invierte mucho dinero en este tipo de planes que nunca han tenido un impacto real en la violencia. “Se han hecho en todo el país de todas las formas, pero no se tiene muy en claro cuál es la acción que tiene mayor efectividad”, dice. La académica explica que cualquier arma que sea retirada de la sociedad es algo bueno, pero asegura que estos proyectos deben ir acompañados de campañas de sensibilización sobre los riesgos del uso de armamento. “Uno de los objetivos tiene que ser la reestructuración del tejido social y no está muy claro que se esté haciendo. En esta campaña se ha dado más énfasis en decir que pueden recibir hasta 18,000 pesos por una pistola”, apunta.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, defiende el plan de desarme de ciudad de México porque han aplicado en otros países programas similares con éxito. Destaca que, en esta ocasión, se haya decidido impulsar otros proyectos, como el de canjear juguetes infantiles bélicos por otros genéricos. “No veo porque no podría tener éxito. Respaldamos la decisión del Gobierno de entregar efectivo porque coincide perfectamente con una forma de percibir la realidad de esas personas que van a canjear esas armas”, señala en relación a los vecinos de Gustavo A. Madero o Iztapalapa, dos de las delegaciones más conflictivas de la capital.

Coss recuerda que durante la Administración anterior, el incentivo del desarme eran computadoras. En ese entonces, la gente que canjeaba su arma por un ordenador que terminaba vendiéndolo para volver a comprar un arma a menor precio. “En la medida que les den bienes que puedan vender o dinero en efectivo, es posible que la gente se rearme. Y como todo esto es una cuestión anónima, no hay forma de darle seguimiento”, manifiesta.

“La propuesta de Sheinbaum es una solución cosmética. Son ideas que ya han sido puestas a prueba y no han tenido buenos resultados”, dice el exdiputado mexicano de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien defiende restringir la portación de armas. Para él, la solución radica en que el partido de la alcaldesa, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mayoría en las dos Cámaras del Congreso federales, apoye un debate nacional sobre el tema. “Si su intención es desarmar la ciudad, le pido que nos acompañe en la agenda del desarme”.

Frente a la carpa en Gustavo A. Madero, Ernesto Vargas carga una pistola calibre 22. Este policía retirado, que ha estado en servicio durante 38 años, ha decidido deshacerse de su arma porque lo que en algún momento le hizo sentir seguro, ya no. A cambio recibe más de 4,200 pesos mexicanos (219 dólares). Detrás de él, algunas decenas de personas se amontonan para canjear rifles, granadas y cartuchos. “Éstas se compran en cualquier lado. Pero aún cuando no queramos, una pistola puede causar mucho daño”.

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