Internacional - Política
Protestas en inicio de juicio a 12 independentistas catalanes
Por ARITZ PARRA y JOSEPH WILSON, AP
MADRID (AP) — El engorroso juicio contra una docena de políticos y activistas partidarios de la independencia de Cataluña comenzó el martes en el Tribunal Supremo en Madrid, en medio de protestas de partidarios de la secesión y de la posibilidad de que se convoque a una elección anticipada en el país.
Los acusados están siendo juzgados por rebelión y otros cargos derivados de su papel en la declaración de independencia unilateral de octubre de 2017, que se basó en los resultados de un referéndum realizado pese a una prohibición constitucional.
El juicio, que posiblemente sea el más importante en cuatro décadas de democracia en España, arranca mientras el futuro del gobierno de minoría del socialista Pedro Sánchez depende de un cambio de posición de los partidos independentistas catalanes para que respalden los presupuestos generales de 2019.
Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas si los separatistas, cuyo respaldo trajo a los socialistas al poder el año pasado, no cambian de postura en la votación del plan de gasto prevista para el miércoles.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el gobierno no va a ceder a las presiones catalanas de iniciar conversaciones sobre la autodeterminación regional a cambio de su apoyo al presupuesto.
El gobierno “no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie”, aseguró Montero. “No va a admitir bajo ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho a la autodeterminación de Cataluña”.
Mientras tanto, Sánchez pareció poner más presiones sobre sus oponentes al decir en Twitter que “el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña, y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones?”.
En respuesta, los legisladores catalanes dijeron que pese a la inminente votación del miércoles, aún hay tiempo para que el gobierno “rectifique”.
Las tensiones entre los dos gobiernos central y regional tuvieron su apogeo con el intento de independencia de 2017, pero el conflicto se ha enquistado desde entonces. Los 7,5 millones de residentes en Cataluña siguen divididos sobre la cuestión secesionista.
En Barcelona, miles de personas marcharon hacia una plaza central el martes en demanda de independencia y para criticar el sistema judicial español. Algunos llevaban pancartas en las que decían que la autodeterminación no es un delito. Más temprano, activistas proindependentistas bloquearon brevemente carreteras y la entrada a la fiscalía antes de que fuera retirados por la policía regional sin incidentes.
En la capital española, manifestantes de derecha que llevaban banderas nacionales gritaban mientras los abogados y tres acusados ingresaban al edificio del siglo XVIII que alberga al Tribunal Supremo.
No se prevé que el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, la expresidenta del parlamento regional Carme Forcadell y los otros 10 acusados declaren ante el tribunal el martes, pero estuvieron presentes en el centro de la sala.
Frente a ellos se situó el panel de siete jueces presidido por el magistrado Manuel Marchena, que dirigió el proceso.
El abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, fue el primero en intervenir y alegó que la causa “atenta contra la disidencia política”.
“Nos encontramos ante un juicio excepcional”, dijo a los jueces, añadiendo que “la autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo”.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, un ferviente defensor de la independencia, siguió la audiencia desde la parte posterior de la sala, en uno de los 100 sitios reservados para los familiares de los acusados, periodistas y público en general, algunos de los cuales hicieron fila durante horas para entrar.
Junqueras podría recibir la condena más alta, 25 años, si es declarado culpable de rebelión. Sus compañeros de bancada, acusados de sedición o malversación de fondos públicos, obtendrían sentencias más bajas.
El juicio se emitía en vivo por la televisión en una muestra de transparencia que busca contrarrestar el ataque de los separatistas a la credibilidad de la corte. Es probable que se prolongue durante al menos tres meses, mientras que el veredicto, y cualquier sentencia, se conocerá meses más tarde.
regina
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