Comodín al Centro
¿Licencia para incumplir la ley?
Por Morelos Canseco Gómez | Revista Siempre
Avanzado el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, don Daniel Cosío Villegas publicó su ensayo El estilo personal de gobernar y acuñó una frase poderosa para apreciar, valorar y, sobre todo, emblematiza la forma de conducir los asuntos públicos del Ejecutivo federal en nuestro país. Hoy ese punto de referencia para el análisis destaca en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Precedido de un largo recorrido en la oposición, la gestión del gobierno del otrora Distrito Federal y tres campañas presidenciales, concreta el arribo a Palacio Nacional.
El perenne hombre del mitin y la campaña cambió la tradición del interregno entre el resultado comicial y la protesta constitucional para asumir el cargo: confirmación de designaciones y anuncio de otras, avanzada de proyectos, programas y acciones, apropiación del espacio público y elevación de las evidentes expectativas por el cambio de gobierno. Nada de esperar a la toma de posesión.
Ante todo, el contraste con la imagen colectiva de las formas y los símbolos del poder. En el diseño y la ejecución, el derrumbamiento de los más relevantes y significativos componentes de la parafernalia del poder. No en orden ni exhaustivo, pero sí con acumulación contundente en la mente de lo que apartó a los mandatarios de los mandantes: el fortín de Los Pinos y su apertura como paseo y, en programa, museo, por la vivienda propia y un aposento en Palacio Nacional; la venta de las aeronaves para la transportación del Ejecutivo, colaboradores y profesionales de la información, por el uso de la aviación comercial; la desaparición del Estado Mayor Presidencial y, con él, de la distancia y, sobre todo, de los atropellos del personal castrense en la organización y desarrollo de los actos a los que concurre el Ejecutivo, por un operativo no ofensivo de seguridad; y el desuso y enajenación de la flotilla de camionetas blindadas para el traslado terrestre del presidente y su comitiva, por un automóvil ajeno a la ostentación.
De otra parte, la ceremonia para la entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas como complemento de la sesión ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre último. Protesta de cumplir la Constitución ante la representación popular y reconocimiento e investidura —al mismo tiempo— de gobernante de las etnias que antecedieron a la Conquista y la colonización.
Y, fiel a la práctica que estableció en el Distrito Federal, la conferencia de prensa matutina que genera una dinámica distinta y propia en el ciclo de la información en el país.
Así, el estilo personal de gobernar del Ejecutivo derrumba símbolos y patrones de conducta rechazados por el pueblo. Pero no es solo el sentido de contraste con el pasado inmediato e incluso reciente, sino con la visión misma del ejercicio del cargo a lo largo de muchas décadas. Es revertir la, en mucho, no deseada pero aceptada “normalidad” de los protocolos del poder.
Bien, una concepción distinta de la manera en la cual se ejerce la responsabilidad política desde la cúspide del aparato gubernamental. Ese es el estilo personal.
El orden jurídico debe cumplirse sin estar sujeto a la voluntad discrecional del mandatario. La ley es el cauce para el ejercicio de las responsabilidades públicas.
Frente a todo ello y con independencia de esa concepción del Ejecutivo, el orden jurídico debe cumplirse sin estar sujeto a la voluntad discrecional del mandatario. Por su naturaleza, la ley es el cauce para el ejercicio de las responsabilidades públicas. Es la sujeción del poder a lo dispuesto previamente por la norma para asegurar la esfera de derechos y obligaciones de las personas frente al poder. Ese orden debe encarnar valores de gran relevancia para la comunidad, entre otros, la justicia, la igualdad, el destierro de la arbitrariedad y el conocimiento de a qué atenernos cuando actuamos o dejamos de actuar.
El bono de la legitimidad de origen es un activo valioso de todo gobierno y permite adoptar determinaciones con la certidumbre de que serán bien vistas e incluso aplaudidas por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, esa legitimidad no es sustento para ejercer la gestión de gobierno por encima de la ley, sea en su letra o en los bienes públicos que tutela. La voluntad de hacer no ha de estar divorciada del cumplimiento del orden jurídico.
¿Es o no contraria a la regulación de lo público cancelar la construcción del aeropuerto para la Zona Metropolitana del Valle de México, cuando el costo para las finanzas públicas rebasa la inversión necesaria para la obra? ¿Pueden tomarse decisiones sin el referente de la responsabilidad de su impacto en los ingresos públicos presentes y futuros?
¿Es o no contrario a la regulación de lo público anunciar y poner en marcha obras que carecen de los estudios de factibilidad (costo-beneficio) y las autorizaciones preliminares de impacto ambiental, como el tren Maya y la refinería de Dos Bocas?
¿Es o no contrario a la regulación de lo público —y con ausencia de planeación indispensable— la adquisición sin licitación de camiones para el transporte de gasolina con la injerencia de la titular de la dependencia que ejerce el control interno de esas compras?
¿Eso no contrario a la regulación de lo público que el ejercicio de la libertad de manifestación interrumpa al tránsito de las vías del ferrocarril y para el transporte de vehículos automotores?
Y de mayor riesgo para el imperio de valores y principios del Estado democrático de derecho: ¿es acorde con el régimen de libertades y derechos de las personas la propuesta de ampliar el catálogo de delitos que dan lugar a la prisión preventiva de oficio o sin análisis puntual sobre si esa medida es necesaria en el caso específico?
Y ¿es o no conforme a la regulación de lo público hacer constitucional la participación —en sí excepcional y transitoria— de las fuerzas armadas en la seguridad pública, que corresponde a la autoridad civil?
El estilo personal de gobernar encuentra su límite en el orden jurídico. Este puede modificarse y se modifica para adecuarse a las necesidades de cada tiempo, si bien ciertos valores y principios nos refieren a una presencia de mayor duración y aliento. Para ello hay procesos sociales y procedimientos legislativos, ambos de honda carga política.
Asumir la responsabilidad trae implícita la exposición del estilo personal de gobernar. Sin embargo, aquélla es compromiso sujeto a la ley y no un destino bajo la concepción del salvador de la patria. La inspiración y la intención no bastan si la ley no las soporta y menos aducir que cuando la ley limita el poder es una norma incorrecta. Así es incongruente citar a Juárez sobre la sujeción a las leyes.
Jamileth
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