Editorial
¿Presidente faccioso?
Por Morelos Canseco Gómez | Revista Proceso
Desacreditaciones, descalificaciones, exhibiciones en público sin pruebas y, a veces, sin argumentos, división del mundo a partir de censurar todo antagonismo y reducción de la pluralidad a la censura del adversario. Todos son síntomas. Son conductas que emblematizan la pretensión real: gobernar sin contrapesos. El neoabsolutismo como rostro auténtico de la cuarta transformación. En el fondo: la concentración del poder. Esta es la vía de la pretensión de la destrucción del diferente, del no comprometido o del ajeno, si su pensamiento y su actuación son discrepantes o, peor aún, críticos.
Toda nueva gestión de gobierno implica una esperanza de cambio para mejorar. Es virtud del candidato exitoso lograr que renazca ese sentimiento. Es inviable ofrecer la continuidad de algo que no satisface y considerar que la propuesta será abrazada por la mayoría. Los componentes de las altas percepciones de corrupción en los asuntos públicos, de inseguridad y de deterioro de la condición económica de un número muy amplio de personas y familias, están en la base del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento.
Ese resultado, aunado al activismo presidencial —esa idea de que se hacen cosas por su voluntad e impulso—, la demolición de los vituperados símbolos del poder presidencial y la ocupación del escenario con la práctica de las conferencias matutinas generan, junto con el fenómeno sociológico del alineamiento con el triunfador, el alza en la popularidad del Ejecutivo. Pasa de 53 por ciento del voto en los comicios a una aprobación en el cargo mayor al 80 por ciento.
Una gran energía para conducir desde la Presidencia de la República, que se aplica para señalar a los enemigos del proyecto transformador. El desequilibrio es evidente. Las conferencias de prensa como instrumento para establecer la agenda del gobierno, pero también son espacio para el espectáculo de la denuncia desde el poder presidencial y para montar el paredón de quienes no comulgan con la visión, las decisiones y la conducción del caudillo. Hemos acudido a verdaderos llamados al linchamiento mediático, que han ido in crescendo.
Es el uso de la popularidad y los instrumentos gubernamentales para emitir un mensaje, promover que permee a la sociedad y reforzar las virtudes del emisor como el impartidor del juicio último porque encabeza la propuesta del cambio verdadero.
En el ascenso del patrón de conducta están la división prejuiciada en el espectro ideológico: quien lo critica es conservador y se resiste a la transformación. La información y la crítica no es, entonces, válida, como lo ha padecido el diario Reforma al airear inconsistencias y contradicciones, por ejemplo, en torno a los hechos de violencia y homicidios dolosos que ocurren en el territorio del país.
También la separación irreconciliable por la percepción de la condición económica y el acceso a bienes materiales: de un lado el pueblo y del otro a quienes identifica como fifí, si bien los adinerados que abrazan las propuestas de su movimiento son redimidos y transformados, como los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.
Luego la escisión del pueblo en relación con quienes integran órganos con facultades de control sobre la actuación del gobierno: las remuneraciones en el Poder Judicial de la Federación y los organismos constitucionales autónomos, las estructuras del personal para el cumplimiento de sus funciones y el juicio sobre sus méritos, al asumir que son incapaces de ejercer sus cargos con imparcialidad porque en los procesos de designación participaron órganos en los cuales Morena no estaba representado o no participaba en las decisiones sobre su idoneidad.
Quienes antaño fueron nombrados no parecen sujetos al periodo del nombramiento que se les confirió, sino a su alineamiento. Ya no se consideran las implicaciones transexenales de la norma inspirada en el ánimo de profesionalizar y de disminuir la vinculación al estado de cosas presente cuando se produjeron las designaciones. Se pretende sujetarlas a las intenciones y designios del nuevo gobierno. El principio de los frenos y contrapesos sobra. Incluso, se llega al extremo de señalar presuntas responsabilidades y supuestas irregularidades con la fuerza misma de la declaración presidencial.
En un solo acto hay denuncia, juicio y veredicto por parte de quien encabeza la administración.
No hace falta referir las denuncias presentadas, los procedimientos iniciados, la presunción de inocencia y el principio de legalidad en todo proceso donde se ponga en tela de duda si se ha violado la normatividad vinculante. Una simple crítica a los conocimientos sobre energía eléctrica de las personas que integran las ternas remitidas por el Ejecutivo federal al Senado, a fin de cubrir las vacantes que se han presentado en la Comisión Reguladora de Energía, desató señalamientos directos que se interpretan como intimidación y vía de cumplimiento de la amenaza velada en torno al presidente de ese de ese órgano regulador coordinado de la administración federal en materia de energía, Guillermo García Alcocer.
Quien cuenta con todos los instrumentos y medios cuestiona la actuación conforme a derecho y la ética pública de quien tiene un nombramiento que se perfeccionó con la votación de los integrantes del Senado. La posibilidad de defenderse o de hacer la precisión argumentativa conducente está nulificada en los hechos. En un solo acto hay denuncia, juicio y veredicto por parte de quien encabeza la administración.
Y también hay parque para el Poder Legislativo. El contrapeso fundamental del Ejecutivo es objeto de censura preventiva si difiere de la voluntad presidencial en torno al orden jurídico que se requiere para atender los problemas de inseguridad en la república. Si la deliberación legislativa no conduce a los acuerdos que satisfacen a López Obrador, la recriminación es no solo a los adversarios, sino también a los partidarios, como lo atestigua la reclamación inmediata a la Cámara de Diputados por suprimir de la minuta de la Guardia Nacional el régimen extraordinario para la colaboración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
A los legisladores se les “advierte” que no se atrevan a confrontar la popularidad presidencial y sus efectos en la aceptación de la propuesta para contar con la institución policial que ha planteado. Confiemos en el espacio mínimo para la construcción de acuerdos en un asunto supra-partidista y transexenal.
Lo que preocupa es la división de la sociedad política y la sociedad toda entre incondicionales y “enemigos de la transformación”. La incondicionalidad no es lealtad, y es peligrosa porque anula la razón propia. Los comicios del año pasado tuvieron un resultado nítido, pero no cancelan ni suprimen la pluralidad política, económica, social y cultural de la comunidad nacional. Para la democracia es consustancial la deliberación pública, el debate de las ideas y el respeto de entre quienes piensan y proponen cosas distintas.
Es válido aspirar al cambio y nuestro país necesita cambios positivos. No es válido que la parte de la sociedad electa para encabezar una magistratura individual soslaye que en el cargo van implícitos deberes con la totalidad de la comunidad. Si el presidente es faccioso, el mandato para conducir se interpreta equívocamente. ¿Oxímoron en Palacio Nacional?
JMRS
Notas Relacionadas
- Debate presidencial en México: "Oportunidad desperdiciada”
- ¿Claudia Sheinbaum, mujer judía y candidata presidencial mexicana, abrirá su propio camino o seguirá el de alguien más?
- México ante el mayor ejercicio democrático de su historia
- Qué hay tras el paquete de reformas constitucionales de López Obrador
- Una mirada a lo que no sucedió esta semana
