Internacional - Política
Los europeos podrían quedar en un limbo legal tras el Brexit, según un informe del Parlamento
Alberto Muñoz | El Mundo
Los más de 3 millones de europeos que viven actualmente en el Reino Unido siguen sin tener garantizados sus derechos una vez que el Brexit sea una realidad, según ha advertido un informe del Parlamento británico llevado a cabo por el Comité Conjunto sobre Derechos Humanos (JCHR). La legislación que podría entrar en vigor una vez que el país salga de la Unión Europea podría dejarles, según los parlamentarios de varios partidos y de ambas cámaras seleccionados para este organismo, en un limbo que podría afectar a derechos como la libertad de movimiento, acceso a la vivienda o los derechos sociales.
El principal miedo de quienes defienden los derechos de los europeos en el Reino Unido post-Brexit no está tan encaminado al corto como al medio y largo plazo. Ahora mismo el Gobierno británico sigue defendiendo que garantizará que quienes pidan el estatus de asentado, algo que puede hacer hasta el 31 de diciembre de 2020 cualquier ciudadano de la UE que resida en el país, disfrutará de los mismos derechos que tiene actualmente.
El problema, tal y como ha señalado el comité, es que una cuestión tan importante no puede depender simplemente de un compromiso que sería articulado en el futuro por medio de instrumentos legales aún por conocer, sino que debería estar plasmado legislativamente para acabar de una vez por todas con la incertidumbre en la que viven millones de personas en el país. Por ello, y ante la legislación que están intentando adoptar desde el Home Office acerca de las futuras leyes de inmigración, el comité ha pedido que se hagan algunas modificaciones que otorguen más garantías.
"Quitarles sus derechos sin que haya una alternativa legislativa ya establecida plantea serios conflictos con los derechos humanos que los amplios poderes de elaboración de instrumentos legales hacen muy poco por solucionar", critica el documento, que duda de que los extranjeros europeos más vulnerables vayan a ser capaces de solicitar el estatus de asentado, algo que hasta la fecha ya han hecho más de 200,000 personas según datos oficiales.
En el informe también se hace hincapié en que, al no proporcionarse un documento físico que acredite de cara al futuro que se tiene derecho a residir en el país con pleno derecho, esto podría llegar a resultar en escándalos como el del Windrush, por el que se han estado deportando erróneamente inmigrantes afrocaribeños que fueron invitados y acogidos por el Gobierno británico tras la Segunda Guerra Mundial. "Que [los europeos] consigan este derecho es extremadamente importante teniendo en cuenta las similitudes que existen entre estas preocupaciones y los problemas que se han generado por el tratamiento dado a la generación Windrush", explican.
El impacto que puede llegar a tener no disponer de un documento físico que acredite el derecho de un ciudadano a residir en el Reino Unido va desde tener problemas a la hora de volver a entrar en el país tras unas vacaciones, por ejemplo, hasta que se planteen dificultades a la hora de alquilar una vivienda por el miedo del propietario a que el inquilino sea deportado en cualquier momento.
Desde que se conoció la intención del Ministerio del Interior de elaborar una nueva legislación acerca de la inmigración son muchas las voces que han advertido de que seguramente se intentará perpetuar el "clima de hostilidad" auspiciado por May cuando ocupaba ese puesto antes de convertirse en premier, todo con el fin de presionar a los extranjeros para que regresasen a su país por propia voluntad.
Jamileth
