Calamidades

Y todo de mal en peor

2019-03-29

En esos 50 años de 1969 a 2019, los gobiernos de México se han negado a darle al...

Por Carlos Ramírez | Revista Siempre

La crisis de la seguridad mexicana estalló en abril de 1984 con la publicación en periódicos de un desplegado firmado por los obispos del sur para denunciar la penetración de narcotraficantes de la marihuana en zonas campesinas. La reacción oficial del presidente De la Madrid, del secretario de Gobernación Manuel Bartlett y de la Federal de Seguridad fue de desdén.

Luego ocurrieron hechos que ilustraron la inseguridad:

    Asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excélsior, porque disponía de datos de funcionarios, políticos y policías detrás de los narcos.

    En febrero de 1985 fue secuestrado, torturado y asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena por disputas en el cartel de Guadalajara de Miguel Angel Félix Gallado, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero.

    En 1985 el embajador John Gavin denunció que la Federal de Seguridad protegía a narcos.

    En 1995 el narco Caro Quinterno fue detenido al tratar de abordar un avión privado, pero fue soltado porque portaba una presencial que lo acreditaba como agenté de la Federal de Seguridad.

    A finales de 1985 fueron disueltas la Federal de Seguridad e Investigaciones Políticas y Sociales y en su lugar nació la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional de Gobernación y luego convertida en Centro.

    Falta una indagación seria y a fondo sobre la versión que en su momento algunos investigadores del Banco de México registraron como inusual: ventanillas negras (disfrazadas) para que el sistema financiero mexicano absorbiera dólares del narco como una forma de estabilizar el tipo de cambio.

Dos hechos ocurrieron en esos años:

    La creación de una doctrina de Estado sobre seguridad interior, aunque principalmente en el ámbito militar-naval.

    La creación de la especialidad académica en seguridad pública-interior-nacional.

Pero el problema venía de antes: el narcotráfico como problema de gobierno estalló como crisis de seguridad estratégica del Estado en septiembre de 1969 con la orden del presidente Nixon de cerrar la frontera con México en la entonces llamada operación interceptación para imponer el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos.

En esos 50 años de 1969 a 2019, los gobiernos de México se han negado a darle al narcotráfico y sus derivaciones en otras áreas del crimen organizado el rango de asunto de seguridad nacional, primero porque aquí se tiene miedo a asumir el Estado mexicano como un Estado de seguridad nacional y después porque el narcotráfico solo ha podido florecer con el apoyo de funcionarios, políticos, sistema judicial y fuerzas de seguridad.

La reconstrucción de la Secretaría de Seguridad (hoy: y de Protección Ciudadana) y la estrategia nacional de seguridad pública sobre los pilares de las tres seguridades (pública-interior-nacional) podría ser la oportunidad para arribar, de una vez por todas, a una doctrina de seguridad nacional que nada tiene que ver con el Estado represivo y que al final está relacionado con la estabilidad social para el crecimiento económico con distribución de la riqueza.

La formación constitucional de la Guardia Nacional y sus leyes relativas tendrían que estar asentadas sobre una estructura de seguridad nacional del Estado. Si se queda en cuerpo coercitivo e inhibitorio, la oportunidad se habrá perdido y la seguridad nacional de México estará en la sombrilla de seguridad nacional de Estados Unidos.

Este razonamiento ha sido hecho en círculos de reflexión académica que en 2005 ayudaron a construir la Ley de Seguridad Nacional, pero que el gobierno de Calderón ni siquiera se preocupó por revisar y tratar de proyectar y por eso sólo se concretó a un blitzkrieg ofensivo en las calles contra organizaciones de narcotráfico, con el saldo que ya se sabe: más de 350 mil homicidios violentos en dos sexenios y decenas de miles de desaparecidos relacionados con el crimen organizado.

El debate sobre la ley orgánica de la Guardia Nacional será la oportunidad para construir un nuevo enfoque del Estado como el organismo de seguridad de la sociedad y definir la seguridad nacional no solo ante hipotéticas y cada vez más lejanas posibilidades de invasiones extranjeras y sí ante conflictos de ocupación del Estado territorial y del Estado como autoridad superior por parte de organismos del crimen organizado y, desde hace pocos años, del crimen desorganizado al menudeo que es la nueva plaga que daña a la sociedad.

Un Estado de seguridad nacional no es sinónimo de represión, sino que implica la existencia de una doctrina de mantenimiento de la seguridad como garantía para el desarrollo, la distribución de la riqueza y el disfrute de la tranquilidad ciudadana.

Zona Zero

Como cada 23 de marzo, algunos especialistas siguen insistiendo en que la línea de investigación del narco en el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio no se ha investigado y lo ligan con el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Lo que sí se sabe es que algunas bandas quisieron infiltrar la campaña con empresarios a su servicio, pero la inteligencia mexicana los descubrió.

Si algún dato faltaba para darle la razón a la paranoia de Donald Trump sobre la inseguridad en la frontera, el descubrimiento de un nuevo narcotúnel en la zona fronteriza de Sonora es uno de ellos. Algunos indicios que deben de comprobarse revelan la existencia de decenas de narcotúneles para transportar droga y, a veces, ilegales.

Si comenzaron perforando ductos para robar gasolina y crear un mercado negro de venta al menudeo, los huachicoleros han construido ya organizaciones que merecen la caracterización de crimen organizado por sus ramificaciones, la forma en que se han apoderado de pueblos completos y el control de economías locales. Pero hasta ahora las autoridades carecen de una estrategia integral de combate a ese nuevo flagelo de la seguridad.



Jamileth