Nacional - Seguridad y Justicia
ONU presiona por la situación de desplazados
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 18 ABR - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apremiaron al gobierno mexicano para que promueva una ley destinada a 8,7 millones personas (7% de la población total) en situación de desplazamiento interno.
Esta masa de gente se ha visto obligada a huir de sus hogares, por distintas razones, pero esencialmente por los 12 años de violencia iniciados cuando en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida "guerra contra el crimen".
Desde entonces, los resultados han sido desastrosos y se reflejan en unos 250,000 muertos y unos 33,000 desaparecidos.
En un pronunciamiento conjunto, la Relatoría Especial de la ONU sobre Desplazados Internos y la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortaron al Estado mexicano a "reconocer el fenómeno" y "elaborar un diagnóstico".
Ambas entidades demandaron recolectar datos sobre distintas "tipologías de esta problemática" e instaron al Estado a "desarrollar una ley específica y políticas públicas dirigidas a la prevención del desplazamiento interno arbitrario".
Asimismo, le exigieron "garantizar la protección, la asistencia y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas".
En el comunicado, la ONU y la CIDH acogieron con beneplácito una sentencia reciente de un tribunal de apelaciones según la cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue reconocida como "autoridad competente para otorgar" ese estatus a desplazados internos".
Este logro "es fundamental para garantizar el goce de los derechos humanos de las miles de personas desplazadas en México", estimó Luis Ernesto Vargas, relator sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la CIDH.
La Relatoría Especial de la ONU estimó que la sentencia es "esencial para concienciar sobre la difícil situación" que afrontan quienes se han visto orillados a dejar sus espacios de residencia para ponerse a salvo de situaciones de peligro o de condiciones adversas.
El tema de los desplazados suele ser ignorado por los medios y por el gobierno y los analistas cuando se informa sobre los efectos de esta espiral de horror que azota al país desde 2006.
Sin embargo, existen evidencias de que el número de personas que deja sus hogares en busca de protección o mejores condiciones de vida dentro del país crece día a día.
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que hay al menos 8,7 millones de personas desplazadas internas sobre todo por miedo a la inseguridad y la violencia derivada el crimen organizado que se vive con mayor intensidad en ciertas regiones del país.
La escalofriante cifra surge de datos del INEGI y del cruce de la información que ha hecho una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
"Es necesario que el gobierno reconozca la gravedad del problema y genere los instrumentos legales para cuantificar con exactitud el hecho y atender con medidas específicas a la población desplazada", afirmó la ONG en un informe difundido en febrero pasado.
Según los datos de la organización, en 2011 el 40% de los desplazados se movieron de sitios donde hubo acciones militares de lucha contra los narcotraficantes.
"Las autoridades deberían poner más cuidado al tema y los medios tenerlo más presente en su cobertura. Son millones las personas afectadas", afirmó el analista Rubén Aguilar.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que hay 68,5 millones de desplazados en el mundo por diversos factores, con lo cual México aportaría casi una séptima parte del total.
El fenómeno se extiende por la mayor parte del territorio nacional, pero es especialmente grave en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán (sur), Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango (norte) y Zacatecas (centro), que también son los "focos rojos" de la violencia que flagela al país.
Según el informe, los desplazados pierden hasta el 70% de sus ingresos porque pierden empleo, propiedades y deben afrontar sus deudas en los lugares a donde se mudaron, sin que reciban ningún apoyo institucional.
regina
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