Pura Demagogia
Reforma Educativa, diatriba y expectación
Por Carlos Ornelas | Revista Siempre
“De los males el menor”, parecía decir René Juárez, el líder de la diminuta fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados: “Todos coincidimos que es mucho mejor lo que aprobamos ahora en comparación a lo que se presentó en diciembre pasado ¿es la reforma ideal? No, es la reforma posible, sí” (Excélsior, 9/5/2019). Con esas palabras avaló la sepultura retórica de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. La cual, a pesar de las declaraciones en contra del diputado Mario Delgado, el líder de la bancada de Morena, deja comas, puntos e interrogaciones.
Escribo esta nota el jueves 9 de mayo por la mañana. Los periódicos informan que en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general el dictamen que avala la reforma de la reforma educativa y que hoy, es casi seguro, aprobará el Senado. Los legisladores del PAN fungieron como el Llanero Solitario, sostuvieron hasta el final que el artículo XVI transitorio enfrenta el riego de retroceso, con todo y que se le haya agregado una frase. La “manzana envenenada” (Juan Carlos Romero Hicks dixit), quedó al final como un texto ambiguo que lo mismo abre la puerta para las diatribas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que expectativas para las otras facciones del Sindicato de los maestros. Reza:
Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado.
El riesgo, según los diputados del PAN —tal vez también los otros partidos de oposición lo observen, pero aceptaron la contingencia— es que en la ley reglamentaria se cuelen las viejas usanzas corporativas que dibuja el famoso apartado “B”. El temor es que, cuando se definan los “procesos de selección” que se exponen en el párrafo octavo de la introducción del nuevo texto del artículo 3º, se cumpla con algún acuerdo en lo oscurito que el gobierno logró con la CNTE.
Esta conjetura tiene asideros en el hecho de que la Coordinadora dejó pasar la ley; no hubo grandes manifestaciones, sus huestes no bloquearon como en abril las sedes del Congreso y sus diputados votaron a favor del dictamen. La sombra de un pacto oscuro se extiende entre los escépticos. Para ellos no hay mal menor.
No obstante, también puede suceder que los candados se hagan efectivos y el nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no caiga en las garras de las fuerzas corporativas. El tenor del texto ofrece ciertas garantías que así será, pues los miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor que se perfilan en la ley serán designados por el Senado, sin intervención —formal— del Poder Ejecutivo.
Las expectativas, pues, son encontradas, son los trances que se perfilan cuando la vaguedad gobierna en los textos legales. La Confederación Patronal de la República Mexicana, por ejemplo, planteó las dudas apuntadas arriba. Mexicanos Primero, no deja de señalar los temas cruciales pendientes en la legislación y expresa que este contenido no brinda certidumbre jurídica en los procesos de ingreso y promoción docente.
Cierto, las voces de la Coparmex, Mexicanos Primero y otras organizaciones de la sociedad civil molestan a la alta burocracia y a las facciones del SNTE, más a la CNTE. Son actores políticos que tratan de romper el nimbo de que nada más el gobierno y las organizaciones de los maestros mandan en la educación. No son actores ilegítimos. Tampoco pecan de ilegitimidad las voces de periodistas y académicos que critican —ese es su trabajo, ser criticones— los lances del gobierno con las reformas en la educación.
En suma, la reforma de la reforma —o la contrarreforma, como se quiera— educativa, vuelve a encender los ánimos; las cosas van tan rápido que a veces no hay tiempo para la reflexión ni para vislumbrar qué se avecina, cuál es la expectativa mayor.
Si se ligan las expresiones del presidente López Obrador de “federalizar” la educación al pasaje aprobado y se añaden las instituciones que sobreviven de la reforma de Peña Nieto —como el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, el Sistema nacional de información y gestión educativa y otras disposiciones que, con diferentes palabras, pero con conceptos similares fueron planteadas en el Modelo educativo para la educación obligatoria de 2017— entonces tenemos algo más.
No se trata de regresar al estatus anterior a la reforma de 2013, como alguna vez lo expresó AMLO, sino más atrás; a la idea de un Estado educador (es un concepto, no que el Estado hiciera una buena tarea) de antes del Acuerdo para la modernización de la educación básica, de 1992.
Un sistema donde la SEP y el SNTE decidían todo. Una imbricación de intereses corporativos y un cogobierno en la educación, como lo identificó Pablo Latapí (en La SEP por dentro; Fondo de Cultura Económica, 2004). Si esta conjetura tiene asideros —y creo que sí los tiene— los estados serán redundantes y los actores sociales marginados.
Sin embargo, también puede ser que en la ley que viene se ratifique el principio de la rectoría estatal en la educación y la noción del Estado educador cobre cierta vigencia y acordonen los apetitos de las facciones del SNTE. O no; depende del arreglo al que llegaron la CNTE y el gobierno.
regina
