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Caso Lozoya marcaría un hito contra la corrupción
María Fernanda Navarro | Forbes
La detención de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), puede ser el principio de una serie de acciones que apoyen a restaurar la confianza de la sociedad en la clase política, asegura Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Tanto el empresario como el exfuncionario son acusados de llevar a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, pero este proceso que encabeza el sistema de justicia mexicano concluirá de forma exitosa si se les encuentra responsables de dichos delitos, se identifica a la red de corrupción que apoyó a estos personajes y se recuperan los activos que presuntamente desviaron.
“Hay que cuidar es que se investigue y procese a todos los miembros de la red de corrupción, incluidos intermediarios privados. Si la investigación se restringe a los dos posibles responsables mencionados, Lozoya y Ancira, podría interpretarse solo como un tema con tintes políticos. En anticorrupción la justicia pasa por desmantelar redes y recuperar los activos que sean fruto de los ilícitos”, señaló Bohórquez.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a conocer de la orden de aprehensión de Lozoya, luego de que el lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a congelar sus cuentas bancarias, así como de la empresa que dirige Ancira Elizondo al ser relacionadas con operaciones con recursos ilícitos.
Lozoya acumula varios señalamientos por corrupción durante su gestión como director de Pemex entre los que destacan el apoyo a ejecutivos de la empresa española OHL para ser favorecidos en licitaciones de la paraestatal y por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante 2012 con este mismo objetivo.
En ese sentido, la FGR debe de ser cuidadosa en conducir la investigación en contra del exfuncionario con el objetivo de evitar que la defensa utilice algún detalle para derrumbar el caso, advierte Bohórquez.
“Proceso debe ser público en términos de la ley y no regirse por filtraciones o declaraciones de corte político. Debe ser técnicamente impecable, pues involucra posible evasión fiscal y lavado de dinero. La parte pericial debe estar cuidadosamente integrada para no dejarle “errores técnicos” que la defensa pueda utilizar para derrumbar el caso por cuestiones procesales”, apuntó el especialista en temas de corrupción.
Tras las acusaciones de sobornos por Odebrecht, se inició un proceso de investigación encabezado por Santiago Nieto, entonces titular de la Fepade, mismo que fue removido de su cargo el 20 de octubre de 2017.
En diciembre de 2018, el imputado obtuvo un amparo por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ante las supuestas violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en las que incurrió la Fepade, por lo que le fue ordenado subsanar vicios y detallar a plenitud si las acusaciones contra el exdirector de Pemex habían prescrito o no.}
Además, el especialista advierte de la importancia de que este caso no sea susceptible a un uso político electoral.
“Si la investigación es conducida sujetándose al debido proceso y se identifica a todos los integrantes de la red de corrupción (y no solo a sus cabezas visibles), o si se recuperan los activos que presuntamente se desviaron, entonces estaremos hablando de justicia y no solo de un “golpe mediático”. La diferencia entre la política y la justicia es la condena impuesta por un juez”, detalló.
El miembro de la IP
La detención de Ancira Elizondo en Mallorca, España, por elementos de la Interpol, luego del congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa que encabeza, representa otro acontecimiento significativo para la justicia mexicana en materia de anticorrupción.
“Por primera vez se están utilizando las herramientas que sociedad civil, academia y sector empresarial impulsaron en la reforma anticorrupción de 2016. Ahora las empresas son penalmente responsables y no sólo sus ejecutivos. Si la investigación es contra AHMSA y no sólo contra Alonso Ancira, estaremos viendo los primeros frutos del Sistema Nacional Anticorrupción”, consideró el director de Transparencia Mexicana.
Jamileth
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