Comodín al Centro
Entre Odebrecht y el pacto
Por Beatriz Pagés | Revista Siempre
El martes 28 de mayo pasado apareció en los diarios una fotografía que a muchos causó sorpresa: 11 de 12 gobernadores del PRI aparecían escoltando al mandatario de Campeche, Alejandro Moreno, “Alito”.
La lectura, se dijo, es clara: es el acuerdo entre el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y los representantes del viejo régimen, para que “Alito” ocupe la dirigencia nacional de ese partido; se trata, aseguran, de la continuación del pacto.
Horas después, sin embargo, los medios daban cuenta de la detención de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y de la solicitud que estaba haciendo la Fiscalía General de la República para aprehender, también, a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Ambos eran acusados de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal en una operación relacionada con la compra ilegal que hizo Pemex de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA.
La noticia ha generado lecturas contrapuestas. Para algunos, la crisis del gobierno lopezobradorísta –contracción de la economía, desbasto de medicamentos y desempleo- ha obligado a poner punto final al pacto con el pasado para contener la baja de popularidad del presidente.
Para otros, se trata de un mero juego de espejos.
Lo cierto es que el proceso contra Emilio Lozoya va a obligar al presidente López Obrador a tomar una de las decisiones más trascendentes de su gobierno.
¿Qué es más importante para su proyecto político transexenal? ¿Llevar a la cárcel al exdirector de Pemex, y con él a todos los altos funcionarios que se beneficiaron de los sobornos repartidos por la empresa brasileña Odebrecht, o mantener el pacto de impunidad con el pasado para, a través de Alejandro Moreno, adueñarse del PRI?
Si en algo ha estado concentrado López Obrador desde que llegó al poder es en eliminar todos los contrapesos. La aniquilación del PRI –por efecto aspiradora o por cualquier otro método– constituye, sin duda, una de las prioridades para acabar con el viejo régimen y consolidar la autocracia que encabeza.
Necesita, entonces, tener priistas incondicionales, y si para ello tiene que respetar los pactos de impunidad acordados, Odebrecht y otros casos de corrupción tendrán que esperar.
Para muchos morenistas, la futura credibilidad de este gobierno está directamente relacionada con ver en la cárcel a quienes el mismo presidente ha señalado como integrantes de la mafia del poder. La disyuntiva, entonces, no se ve fácil.
Cuando todo México suponía que el caso Odebrecht iba a ser convertido por la 4T en baluarte del combate a la impunidad, resulta que las autoridades toman el bisturí, aíslan el tumor, y al exdirector de Pemex quieren procesarlo por asuntos que –aseguran– “nada tienen que ver” con los sobornos que recibió de la petrolera brasileña.
De acuerdo con la declaración, bajo juramento, que hicieron tres altos ejecutivos de Odebrecht Brasil –Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva–, Emilio Lozoya recibió, entre 2012 y 2016, 10.5 millones de dólares para que, una vez que el PRI ganara las elecciones, el futuro director de Pemex les otorgara contratos ventajosos.
El rostro más visible en medio de toda esta trama ha sido el abogado defensor de Lozoya, Javier Coello Trejo.
Desde que a finales de 2017 estalló el escandalo y Marcelo Odebrecht, presidente de la firma, admitió ante un tribunal de Nueva York que había entregado sobornos a funcionarios de doce países, incluido México, Coello no ha dejado de recordar que su cliente “no se mandaba solo”.
El abogado defensor ha dicho, incluso, en diferentes ocasiones, de manera por demás directa, que le gustaría que se citara “a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto porque no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente”.
“Mi cliente no se va a hundir solo”, ha declarado a los medios en diferentes momentos.
Al abogado se le escucha tranquilo y seguro de sí mismo como si pudiera demostrar a qué cuentas bancarias fue a parar el dinero que –por ordenes superiores– recibió Lozoya de Odebrecht.
La defensoría parece estar dispuesta a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Coello no va a permitir que a su cliente pretendan convertirlo en “chivo expiatorio”, en el único y principal responsable de un caso en el que están involucrados altos funcionarios de administraciones anteriores.
Varias dudas pululan en el ambiente: ¿con qué tipo de pruebas cuenta Lozoya para demostrar que él no fue el destinatario final de los sobornos? Y una más, ¿el gobierno de López Obrador está dispuesto a enjuiciar a todos y cada uno de los responsables?
La 4T no sabe mucho de estrategia y menos de calcular consecuencias. Con la detención del exdirector de Pemex –aunque solo sea por el sobreprecio de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, por lavado de dinero y por por lo que se quiera agregar– no quedaría, cuando menos para la defensa, cerrado el caso.
Por el contrario, le daría materia para decir que el gobierno de López Obrador pretende encubrir, por razones políticas, a otros responsables.
Durante la campaña, Odebrecht fue uno de los temas favoritos de AMLO para atacar al PRI. Incluso subió un video y una caricatura a su cuenta de Twitter para poner nombre y apellido a todos y cada uno de los personajes que habían participado en lo que llamó una red de corrupción.
Una vez sacudido el avispero, el presidente López Obrador va a tener que dar explicaciones a los más radicales de sus seguidores. Y es que tanto los “morenos” como el abogado defensor Javier Coello van a preguntar: ¿por qué solo Lozoya?
Jamileth
