Nacional - Seguridad y Justicia
La ONU denuncia "emergencia Forense" en México
Por Marcos Romero
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 2 JUN - México vive una "emergencia forense" ante la existencia de grandes cantidades de cadáveres que se acumulan en las morgues del país, un tema muy relacionado a la existencia de al menos 40,000 desaparecidos cuyas familias reclaman una atención urgente.
Miles de cuerpos y restos óseos atiborran los depósitos forenses de las fiscalías en todo el país, como consecuencia de la espiral de violencia iniciada hace 12 años desde que el gobierno declaró la guerra al crimen, que hasta el momento dejó al menos 252,000 muertos.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió el mes pasado una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID), para proponerle que brinde asistencia internacional a México.
La idea, según Jarab, es ayudar a la identificación de los miles de cadáveres que se encuentran en los centros forenses del país.
El funcionario de la ONU recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de ese organismo catalogó recientemente la situación en México como una "emergencia forense".
El organismo recomendó un mecanismo internacional de asistencia técnica para el procesamiento de los cadáveres y restos óseos pendientes de identificar, lo que incluye personal especializado, soporte tecnológico, análisis de restos o muestras en otros países y recursos propios.
Sobre todo, es indispensable "una profunda reforma de los servicios forenses en México", señaló Jarab en la misiva.
El funcionario expuso que "se requiere avanzar en los cambios estructurales que permitan al país contar con un servicio forense autónomo, independiente, eficiente y con suficientes recursos para atender las necesidades del país".
En una reunión el mes pasado de la CIDH en Jamaica, el Estado mexicano se "comprometió a impulsar las reformas necesarias y la creación del andamiaje legal pertinente para dar validez al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense" que se comprometió a establecer.
Servicios forenses de ciudades fuertemente golpeadas por la violencia criminal en el país, como Guadalajara (occidente), Chilpancingo (sur) y Tijuana (noroeste) se encuentran prácticamente colapsados por el exceso de cadáveres.
La crisis que en ese sentido prevalece en México alcanzó su expresión más elocuente en septiembre de 2018, cuando acaparó las portadas de la prensa nacional el caso del llamado "tráiler de la muerte", un camión porta remolques con frigorífico que circuló por Guadalajara y sus alrededores con 273 cadáveres a bordo.
Las autoridades explicaron que tuvieron que recurrir al uso de este vehículo porque su capacidad para alojar cuerpos en sus morgues se encontraba al máximo.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señaló que los servicios forenses enfrentan "una tormenta perfecta: una espiral de violencia que sigue alcanzando nuevos máximos históricos, y al mismo tiempo el mandato" legal que obliga a "conservar los cadáveres vinculados con indagatorias en curso".
El gobierno del presidente Andrés López Obrador puso en marcha en febrero pasado un programa para esclarecer la desaparición de personas e identificar unos 26,000 cuerpos hallados en 1,100 fosas clandestinas durante los años de la lucha contra el crimen organizado. También propuso la creación de un Instituto Nacional Forense que centralice gran parte de la carga de trabajo que hasta ahora recae sobre los Estados.
Amnistía Internacional definió al caso de los miles de desaparecidos en el país como "una de las más graves violaciones de derechos humanos que tiene pendientes el Estado mexicano".
"Por sus dimensiones y gravedad, esta crisis debe ser considerada emergencia nacional y, en consecuencia, el Estado debe adoptar medidas urgentes para resolverla", afirmó.
"La ineficiencia del Estado abona al sufrimiento que por décadas han padecido miles de madres de personas desaparecidas al no saber qué ha pasado a sus hijos", expuso en un comunicado.
AI lamentó que la mayoría de las asambleas de los 32 estados del país no hayan emitido la ley que prevea la "Declaración Especial de Ausencia" orientada a proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.
regina
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