Migración

Animadversión por los soldados en la frontera sur de México

2019-06-09

El cuestionamiento a la medida surgió poco antes de la celebración masiva que...

Por Marcos Romero

"México no debe dejar que las vidas humanas se utilicen
como moneda de cambio con los Estados Unidos"

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 8 JUN - Organizaciones civiles ensombrecieron la fiesta y se anticiparon a cuestionar la decisión del gobierno mexicano de enviar 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, para contener el flujo migratorio bajo el argumento de que "militarizará" la zona.
    
El despacho de fuerzas del orden para frenar en seco la avalancha de extranjeros, sobre todo centroamericanos, que llega al país en avalancha, forma parte parte de los acuerdos con Washington logrados tras una semana de tensas negociaciones para evitar la aplicación de impuestos a las exportaciones aztecas.
    
"El despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México no impedirá que personas en necesidad, incluyendo familias, niños y niñas, huyan de sus países en busca de protección", señaló Amnistía Internacional.
    
"México no debe dejar que las vidas humanas se utilicen como moneda de cambio con los Estados Unidos", afirmó el comunicado difundido hoy en medio del ambiente de júbilo en algunos sectores por el entendimiento alcanzado anoche.
    
El cuestionamiento a la medida surgió poco antes de la celebración masiva que encabezaba la tarde del sábado el presidente Andrés López Obrador en la ciudad de Tijuana, limítrofe con California.
    
Por su parte, el colectivo Seguridad Sin Guerra, indicó que la medida sólo "refuerza la militarización de la vida pública" en México y parece "profundizar la subordinación de las instituciones mexicanas a la agenda estadounidense".
    
Además del despliegue de la Guardia Nacional en 11 municipios de los 240 kilómetros de la frontera de México con Guatemala, los acuerdos incluyen el compromiso mexicano de desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas y sus redes financieras.
    
De igual modo, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a respaldar el Plan de Desarrollo Económico para Centroamérica y el sureste de México acordado tiempo atrás y que incluye inversiones privadas por unos 10,000 millones de dólares.
    
Otra de las partes polémicas del acuerdo, aún no precisadas con claridad, incluye la aceptación de México, de algo similar al esquema "Tercer País Seguro" para aceptar a extranjeros que crucen ilegalmente a Estados Unidos y sean regresados, para esperar que sus solicitudes de asilo sean procesadas.
    
El gobierno azteca les dará asilo, respetará sus derechos humanos, y les otorgará "oportunidades laborales y acceso a servicios de salud" mientras permanezcan en espera", según el canciller Marcelo Ebrard, pero no precisó que país financiará esos servicios.
    
Ambos gobiernos se comprometieron, como parte de este acuerdo que provocó suspiros de alivio en ambos lados de la frontera, donde se creía inminente la aplicación de los aranceles a partir del lunes próximo, a revisar las acciones en un plazo de 90 días, para verificar que se estén cumpliendo y funcionando.
    
Seguridad sin Guerra condenó "enérgicamente" la militarización y la criminalización de "personas en movilidad con necesidad de protección internacional y de defensores de migrantes y refugiadas, y que éstas sean monedas de cambio por las que podrían derivarse violaciones a los derechos humanos".
    
Para la ONG "estamos presenciando una vez más el trato de problemas que no son de seguridad pública a través de las instituciones represivas del Estado".
    
A su vez, la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que vigilará la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur cumpliendo "su mandato de observar cualquier violación" y abuso a las garantías individuales de personas en condiciones "de vulnerabilidad".
    
La oficina del Ombudsman estimó que México "no debe implementar una política de contención migratoria en la frontera a la usanza de Estados Unidos".
    
Desde abril pasado, según analistas, el gobierno mexicano ha endurecido su estrategia contra el incesante éxodo de foráneos al país, evitando que se formen nuevas caravanas como las que habían estado ingresando al país una tras otra desde octubre pasado.
    
Asimismo, triplicó las deportaciones de personas, incluidos no sólo centroamericanos, sino también cubanos, a raíz de una serie de incidentes que se produjeron en las estaciones migratorias.



JMRS