Nacional - Política

Acuerdo Migratorio con Estados Unidos desata fisuras

2019-06-16

La nueva legislación podría contemplar que México acepte a los refugiados de...

 

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 15 JUL - El acuerdo reciente entre México y Estados Unidos que desactivó la amenaza de imposición de aranceles a las importaciones aztecas dejó fracturado al gobierno del presidente Andrés López Obrador y ya provocó la salida del responsable de Migración en el ministerio de Gobernación.
    
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, un respectado académico y experto en este tema, anunció su dimisión atribuida por algunos medios a desacuerdos con el envío de 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para frenar la avalancha de centroamericanos.
    
El funcionario agradeció "el apoyo y generosidad" de la ministra de Gobernación, la ex jueza de la Suprema Corte Olga Sánchez y del viceministro de Derechos Humanos Alejandro Encinas, según una carta difundida a través de Twitter.
    
López Obrador señaló que Francisco Garduño, un veterano jurista que estaba a cargo del sistema de prisiones del gobierno federal, será el nuevo responsable del INM y dijo que "tuve que tomar esta decisión porque consideramos que es lo mejor y lo hicimos en buenos términos".
    
La frase fue interpretada también en el sentido de que Guillén habría sido despedido pero la versión oficial es que presentó su renuncia.
    
El ahora ex funcionario "no veía con buenos ojos el despliegue" en la zona limítrofe "para la contención de los flujos migratorios de centroamericanos, pero también estaba padeciendo la falta de recursos, de elementos y el hacinamiento en las estaciones migratorias", señaló el diario El Universal.
    
La renuncia ocurre en medio de la crisis generada por la avalancha de migrantes que atraviesan territorio mexicano para ingresar a Estados Unidos a fin de demandar asilo bajo el argumento de que su vida peligra por la violencia de las "maras" o pandillas que mantienen asoladas a Centroamérica. Guillén además tuvo enfrentamientos verbales con el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes y un personaje cercano a López Obrador. Solalinde, director del albergue Hermanos en el camino, en el estado sureño de Oaxaca, acusó al INM de funcionar "a la manera de un cartel" de las drogas del crimen organizado y pidió cambios "de fondo y no sólo cosméticos".
    
El religioso y activista pidió al comisionado al comisionado "dejarse ayudar por los organismos civiles, en especial de los que tienen experiencia en el trato" en la materia y lamentó las agresiones a mujeres cubanas y venezolanas, durante incidentes en estaciones migratorias de Tapachula, estado de Chiapas.
    
Solalinde acudió en febrero pasado al ministerio de Gobernación a dialogar con funcionarios del ministerio de Gobernación para analizar la adopción de medidas cautelares en favor de defensores de derechos humanos.
    
Al cabo de varios días de intensas negociaciones la semana pasada en Washington, el gobierno mexicano se comprometió a aceptar la ampliación de un esquema para recibir a personas sin documentos que se hallan en Estados Unidos mientras se desahoga su proceso de demanda de asilo.
    
El plan será revisado en 45 días y si no funciona en 90 días se podría presentar una iniciativa en el Congreso mexicano para aprobarse un estatuto de "Tercer País Seguro" como el que funciona en Turquía para evitar el flujo de refugiados sirios hacia la Unión Europea.
    
La nueva legislación podría contemplar que México acepte a los refugiados de Guatemala y Guatemala a los de El Salvador y Honduras, aunque el gobierno estadounidense tendría que pagar para sufragar los gastos de los solicitantes de asilo.
    
Ante las críticas opositoras que acusan a López Obrador de endurecer su política migratoria, señaló que "vamos a tratar siempre con respeto y a dar protección" a los extranjeros que entran en territorio mexicano en busca de "mejores condiciones de vida".
    
La oposición, la sociedad civil y algunos expertos consideran que México "no tiene la capacidad de convertirse en un tercer país seguro".
    
El viceministro para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, consideró que la cifra de extranjeros retornados se elevaría de 10,000 a 50,000, pero algunos estiman que inclusive podría llegar hasta 90,000, lo que podría generar una verdadera "crisis humanitaria en la frontera norte".



JMRS
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