Summum de la Justicia

Que López Obrador cumpla la ley

2019-06-21

De acuerdo a nuestro entrevistado, lo anteriormente descrito es, en esencia, lo que se busca...

Por Armando Reyes | Revista Siempre

Si bien la Barra Mexicana de Abogados no tramitó los amparos en contra del proyecto de la terminal aérea en Santa Lucia, “fueron presentados por otras personas y abogados miembros de la Barra a título individual han participado en esos amparos”, nos dice Héctor Herrera, presidente del organismo, si responden a lo dicho por el presidente López Obrador en el sentido de que puede “probar que hay un interés político, porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros”.

“Todo esto surgió a raíz de la conferencias de prensa del presidente, el pasado 14 de junio, en la que respecto a esos amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucia, en la que manifestó que exhibirá a sus adversarios si es que se frena ese proyecto, indicando a todo el pueblo quienes son y cuales son sus intereses; primero, el asunto está sub judice, está siendo juzgado en los tribunales, pero la controversia no versa sobre si debe autorizarse o no el aeropuerto, los juicios de amparo sobre Santa Lucia versan sobre si el gobierno cumple o no con las formalidades y con las autorizaciones previos con los que debe contar para echar a andar el proyecto. Parece ser que no los tiene y por eso los tribunales otorgaron las suspensiones, esos amparos no van a evitar que se construya o no el aeropuerto, esa es una decisión de las autoridades correspondientes, simplemente se está verificando si se cumple o no con los permisos y parece ser que no lo hacen. Lo que la Barra considera sumamente grave, es que ese tipo de declaraciones son interferencias del Ejecutivo Federal en asuntos jurisdiccionales que, por lo tanto, inhiben o cuestionan el ejercicio de la defensa de los interesados, lo cual es un derecho humano consagrado en la Constitución en los artículos 1º, 14, 16 y 87 de nuestra carta magna, y consecuentemente estos actos del presidente son inapropiados, pudieran ser ilegales y anticonstitucionales si insiste en esa actividad nuevamente, porque está vulnerando, afectando o inhibiendo el ejercicio del derecho humano a la defensa”.

“No me van a callar”

“No es un tema personal, no sé quien lo está asesorando, pero nadie le ha pedido al presidente que se calle, nuestro posicionamiento y nuestra replica fue en el sentido de hacerle un exhorto respetuoso para que no interfiera en los procedimientos jurisdiccionales, pero el presidente –como cualquier otro mexicano– tiene libertad de expresión que no se le está coartando de manera alguna, pero como jefe del ejecutivo federal si tiene el compromiso que adquirió al asumir el cargo de presidente y protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución y, consecuentemente, cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de derechos humanos, entre otros el derecho a la defensa, y por eso consideramos que no es apropiado que el presidente inhiba, ataque o minimice ese derecho, por el contrario debería promoverlo y protegerlo y, en ese sentido, reitero, no se le ha pedido que guarde silencio, se le ha pedido, se le ha solicitado atentamente que se conduzca como un jefe de Estado respetuoso de los derechos humanos de todos”.

Luego de que López Obrador denunciara en la conferencia mañanera que “tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato”, Héctor Herrera consideró que se trata de una advertencia que no corresponde con la realidad.

“Me parece un tanto absurdo, una estrategia mediática porque el día 17 de junio muchas de las personas y empresas que interpusieron esos amparos han salido a las redes sociales proporcionando sus nombres y sus razones, así que ya se hicieron públicos esos nombres, no hay ningún misterio, no entiendo porque el presidente está amagando con hacer públicos esos intereses. Lo grave no es que se hagan esos públicos esos nombres, porque ya los titulares renunciaron a la secrecía de ese dato personal en los juicios que se están llevando, lo que me parece inapropiado también, es que el presidente se refiera a ellos como corruptos, sugiriendo culpabilidad o que los asuntos van a terminar en tal o cual sentido, esa es una decisión exclusiva de los tribunales, es un trabajo jurisdiccional en el que el ejecutivo federal no debe involucrarse y al que no le corresponde juzgar o determinar si son corruptos o no, en todo caso deberían presentar las denuncias correspondientes y proceder legalmente en vez de hacer de esto una campaña mediática”.

El amparo

“El juicio de amparo en México es una institución que se estableció para defender a las personas en nuestro territorio respecto a actos, abusos o arbitrariedades del gobierno, la Constitución no es instrumento para controlar al pueblo, es al revés, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno de los excesos y tentaciones del poder, y este es un caso muy claro, el juicio de amparo se diseñó para la defensa de los derechos constitucionales de los mexicanos y de toda persona en territorio nacional respecto de esos posibles abusos o arbitrariedades. La ley es muy clara en el sentido de que proyectos que impacten o puedan impactar el medio ambiente, requieren de una autorización previa, entre otras –pongo el ejemplo ambiental, en este caso es uno de los más relevantes y parece ser que no la tienen–, entonces cuando un particular pretende desarrollar un proyecto se le exige que cumple con todas esas formalidades y permisos previos, pero cuando se trata del gobierno parece ser que no nos miden con la misma regla y por eso aplaudo que particulares estén exigiendo al gobierno que para el desarrollo de su proyecto también cumplan con la ley como se le exige a los particulares, no es ningún abuso o exceso el interponer esos amparos y, sobre todo, exigir al gobierno federal que cumpla con la ley”.

De acuerdo a nuestro entrevistado, lo anteriormente descrito es, en esencia, lo que se busca mediante los juicios de amparo que se han presentado ante el Poder Judicial, lejos de cualquier otra interpretación.

“Mediante el juicio de amparo se puede obligar al ejecutivo federal o al gobierno para que cumpla con la ley”, resume Héctor Herrera.

No acallarán la voz de los abogados

Para Héctor Herrera, lo que se esta presentando en este episodio, no pude justificar que se intente callar la voz de quienes muestran una inconformidad.

“La Barra tiene casi cien años de que fue constituida y siempre se ha pronunciado en contra de los actos ilegales o anticonstitucionales del gobierno, en todas las administraciones y en contra de todos los partidos políticos, la Barra no tiene ninguna preferencia, color o partido político, consecuentemente no tenemos ningún compromiso con nadie en el gobierno, más que con el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos y como lo hemos venido haciendo en casi cien años, seguiremos pronunciándonos en contra de todo aquello que atente o vulnere el Estado de derecho y este es uno de esos casos que puede vulnerarlo y por eso nos estamos pronunciándonos, no es ningún tema personal, como piensa el presidente, en contra de su gobierno o su partido, es un tema de derecho, de justicia, de derechos humanos, la voz de los abogados no será acallada por nadie y la Barra de Abogados –que tengo el honor de presidir– seguirá manifestándose tantas veces sea necesario para la protección del Estado de derecho en nuestro país”.

Finalmente, al ser cuestionado acerca de si han tenido algún contacto con el jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, o algún otro representante del gobierno, aseguró que no se trata de dialogar, sino del cumplimiento de la ley.

“No hemos tenido esa comunicación, no creo que esto sea un diálogo entre el ejecutivo federal y quienes interponen estos amparos, es un diálogo entre los promoventes de los amparos y el Poder judicial, en este caso el gobierno federal es el demandado, no es una cuestión que pueda transigirse o negociarse, es un tema de respeto a la ley, que resuelvan los tribunales, siempre estaremos abiertos a escuchar, pero esto es un tema entre los promoventes y los tribunales, la Barra no tiene ningún interés particular, pero si nos preocupa que se amenace o se amedrente a quienes ejerzan su derecho a la defensa”.



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