Impacta arresto de abogado de ricos y famosos

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO.- El arresto de Juan Collado, el abogado de algunas de las figuras más notables de la clase política mexicana, generó un fuerte impacto mediático y salpicó a dos expresidentes de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Carlos Salinas (1988-1994).
    
Pocos parecen creer que Collado, miembro del jet-set y habitué de las páginas de la prensa rosa, que hace unos días había sido visto junto a los exmandatarios y por jueces de la Suprema Corte y figuras políticas prominentes, en una fiesta por la boda de su hija ahora esté tras las rejas.
    
Casado con una conocida actriz de telenovelas, Collado es asesor legal, entre otros, del exgobernador del estado sureño de Quintana Roo, Mario Villanueva, condenado por vínculos con el narcotráfico y ex convicto en Estados Unidos.
    
Ha sido además abogado del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada, del líder petrolero Carlos Romero Deschamps y Diego Fernández de Cevallos.
    
También fue el hombre que llevó el caso de divorcio de Peña Nieto con la actriz Angélica Rivera y, entre otros éxitos, Collado logró la absolución de Raúl Salinas, hermano del expresidente, acusado del homicidio de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu en 1994 y de lavado de dinero.
    
Collado es administrador delegado de la compañía Libertad Servicios Financieros y autor material de la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta del terreno en el cual posteriormente se construyó un edificio comercial.
    
Se menciona también en la causa al actual gobernador del estado de Querétaro, vecino a la capital, Francisco Domínguez y Mauricio Kuri, jefe de la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN, derecha) en el Senado, quien también eran accionistas de la empresa.
    
De acuerdo con el expediente, el 14 de abril de 2015 la compañía vendió un terreno propiedad de Operadora Inmuebles del Centro, en la ciudad de Querétaro, capital provincial, por 156 millones de pesos (unos 8 millones de dólares).
    
En esa operación, cinco personas, encabezadas por Collado, habrían incurrido en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
    
Como presidente de la compañía, Collado podía "hacer y deshacer a su gusto", permitiéndole "encubrir toda clase de "movimientos financieros extraños" en su organización, indica la Fiscalía.
    
Entre otras cosas, la empresa habría adquirido el equipo de fútbol Querétaro al Cártel de Sinaloa en 2002 y financió en 2006 campañas para alcaldes, senadores y gobernadores de dos fuerzas políticas, los partidos Acción Nacional (PAN, derecha) y Revolucionario Institucional (PRI, centro), incluido el gobernador Eduardo Calzada, del PRI (2009-2015).
    
Tanto el senador Kuri como el gobernador de Querétaro se desvincularon de esta empresa, aunque el primero aceptó haber fungido por un tiempo como consejero de la empresa pero dijo que no percibió ningún ingreso por esa actividad.
    
Como un ejemplo de su gran influencia y la impresionante red de relaciones políticas y de amistad que ha tejido a lo largo de su carrera, figura la fiesta nupcial de su hija el mes pasado, reseñado con todo detalla por la prensa mundana, donde se dieron cita ricos y famosos de la política y la farándula.
    
Pero al todopoderoso abogado, a quien se acusa de formar parte de una red internacional de lavado de dinero, se le acabó la suerte, pues este martes fue detenido en un restaurante del lujoso barrio Lomas de Chapultepec, al norte de la capital. Dueño y director de una prestigiosa firma de abogados denominada Collado & Asociados, Collado fue señalado por un testigo de la Fiscalía como socio de Peña y Salinas en la propiedad de una firma de servicios financieros.
    
El empresario Sergio Bustamante, denunció a Collado y cuatro personas más por un supuesto lavado de dinero mediante la compraventa ilegal de un predio de su propiedad, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Finanzas.
    
Este miércoles, el letrado fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero derivado y deberá permanecer en prisión preventiva al menos seis meses, antes que el juez emita un fallo sobre su culpabilidad o inocencia.

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