Migración

La Corte Suprema permite que Trump proceda con el muro fronterizo

2019-07-27

En una decisión de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, el tribunal revirtió...

Por ADAM LIPTAK, The New York Times

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos le dio a Donald Trump una primera victoria en su iniciativa para tener un muro a lo largo de la frontera con México, al dictaminar el 26 de julio que el gobierno puede empezar a usar 2500 millones de dólares del Pentágono para la construcción.

En una decisión de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, el tribunal revirtió la decisión de una corte de apelaciones y dijo que el gobierno puede usar el dinero en lo que se resuelven otros litigios al respecto. Eso probablemente tardará muchos meses o más, por lo que Trump tendrá oportunidad para avanzar incluso si el tema termina de nuevo ante la Corte Suprema después de la resolución de la corte de apelación.

En el fallo, de un solo párrafo y sin firma de un magistrado específico, la Corte Suprema dijo que los grupos que demandan al gobierno por este tema no parecen tener los fundamentos legales para ello. Eso fue una indicación de que la mayoría conservadora del máximo tribunalrespaldaría al gobierno.

Los cuatro jueces más liberales de la corte emitieron un texto de disensión. Uno de ellos, Stephen G. Breyer, escribió que él hubiera permitido que la Casa Blanca haga trabajos preparativos pero no la construcción en sí, pues sería mucho más difícil revertir eso si el gobierno pierde al final el caso en su contra.

Trump publicó poco después en Twitter que estaba encantado con el fallo: “¡Guau! Gran VICTORIA respecto al Muro. La Corte Suprema revoca un requerimiento de un tribunal menor, permite que procede el muro fronterizo al sur. ¡Gran LOGRO para la seguridad fronteriza y el Estado de derecho!”.

La decisión fue emitida el mismo día en que Trump firmó un acuerdo con Guatemala que pretende reducir el flujo de personas centroamericanas que buscan migrar a Estados Unidos para solicitar asilo. Los migrantes que pasen por Guatemala en ese trayecto estarán obligados a solicitar refugio ahí primero.

El fallo para el caso Trump vs. Sierra Club num. 19A60 respondía a los requerimientos de un juez de menor instancia, que bloqueaban la transferencia de fondos militares a la construcción del muro. Una corte de apelaciones no mantuvo el fallo de ese juez, y el tema terminó ante la Corte Suprema.

Drod Ladin, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los grupos que presentó el caso legal en contra, dijo que este fallo es solo un revés temporal.

“Vamos a pedirle a la corte federal de apelaciones que apure el procedimiento pendiente para frenar los daños inminentes e irreversibles del muro fronterizo de Trump”, indicó Ladin. “Las comunidades en la frontera, el medioambiente y la separación de poderes prevista en nuestra constitución serán permanentemente dañados si Trump logra el pillaje de fondos militares para un muro fronterizo xenófobo que el Congreso le negó”.

En febrero de este año, Trump declaró una emergencia nacional a lo largo de la frontera mexicana, después de dos meses de desacuerdos con el Congreso respecto al financiamiento de su prometida barrera fronteriza. Esos desacuerdos resultaron en el cierre de la administración pública más largo de la historia estadounidense.

Después de que el Congreso destinó solamente una fracción de los fondos que Trump buscaba, el presidente anunció que actuaría de manera unilateral para gastar miles de millones de dólares más.

Poco después, dos grupos de defensa que cuentan con representación de la ACLU —el Sierra Club y la Coalición Southern Border Communities— demandaron para detener el plan de Trump de usar el dinero para programas militares; él dice que destinarlo a la construcción de barreras a lo largo de la frontera es un esfuerzo para combatir el narcotráfico.

Entonces el juez Haywood S. Gilliam, de la Corte de Distrito en Oakland, California, bloqueó los esfuerzos de la Casa Blanca en un par de decisiones que decían que el estatuto que el gobierno presentó para justificar la transferencia de fondos no le daba autorización de hacerlo.

“El caso no se trata de si el plan de construir barreras fronterizas, que está siendo demandado, es sabio o no. No se trata de si el plan es una política correcta o equivocada a las condiciones existentes en la frontera sur de Estados Unidos”, escribió Gilliam en los fallos. “Más bien, este caso presenta cuestionamientos legales estrictos respecto a si el plan propuesto para financiar la construcción de las barreras excede la autoridad legal del poder ejecutivo”.

Después, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, se negó a suspender la orden judicial del juez Gilliam mientras el tribunal consideraba la apelación del gobierno.

La mayoría del panel dijo que el interés público “está mejor servido al respetar el mandato constitucional del poder de la bolsa al Congreso, y deferimos al Congreso, que entendió el interés público como lo refleja su negativa repetida de dar más fondos para la construcción de una barrera fronteriza”.

Entonces el procurador general de la Casa Blanca, Noel J. Francisco, pidió interceder a la Corte Suprema. Al hacerlo escribió que los “intereses en hacer senderismo, observación de aves y pesca” de los demandantes “en corredores designados como sitios de narcotráfico no tienen un peso mayor al daño hacia el público de frenar los esfuerzos del gobierno para construir barreras que impidan el flujo de drogas ilegales por la frontera sur”.

Francisco dijo que los tribunales de Gilliam y de apelaciones no habían entendido las provisiones de la ley federal al concluir que no le autorizaba a la Casa Blanca transferir los fondos. La ley, aseguró Francisco, permite reubicar el dinero del Pentágono para atender “requisitos militares imprevistos” cuando el desembolso no ha sido “negado por el Congreso”. Francisco escribió que las medidas de combate al narcotráfico eran imprevistas cuando el Departamento de Defensa preparó su presupuesto y que el Congreso nunca atendió esas medidas en particular.

En respuesta, la ACLU afirmó que la Casa Blanca “no tiene la autoridad de gastar el dinero de los contribuyentes para un muro que el Congreso consideró y negó”.

En un caso aparte, la Cámara de Representantes también desafió las acciones del gobierno.

En un documento enviado a la Corte Suprema en respaldo a los demandantes contra el muro, abogados de la cámara escribieron que los casos presentan una pregunta fundamental de división de poderes. “Bajo nuestro esquema constitucional”, escribieron los letrados, “un muro inmenso a lo largo de la frontera sencillamente no puede ser construido sin que los fondos sean previstos por el Congreso para ese propósito”.



JMRS