Del Dicho al Hecho

La chirigota de la no reelección

2019-07-29

El presidente de la republica y el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla han sido...

Por Beatriz Pagés | Revista Siempre

El presidente de la república firmó ante notario público el compromiso de no reelección y declaró, en contradicción,  que permanecerá en el poder el tiempo que el pueblo decida.

¿Cual de las dos posturas es entonces la verdadera? ¿López Obrador va a respetar el principio de no reelección o va a recurrir a una reforma constitucional para, a través de la consulta popular, preservarse en el cargo?

El presidente de la republica y el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla han sido premeditadamente evasivos y engañosos. Ambos han tratado de desviar la atención de lo fundamental.

El verdadero problema no es si los diputados que votaron a favor de la prolongación de mandato de Bonilla en Baja California son hipócritas o no, –como lo dijo AMLO–, o si a los legisladores locales los maicearon o les pusieron una pistola en la cabeza, como señaló el gobernador.

Hoy, en este momento, lo importante es saber si el presidente va a hacer uso de todas sus facultades para impedir que desde el Congreso bajacaliforniano se abra la puerta a la reelección, a través de la prolongación de mandato de Bonilla. Lo demás, es pacotilla.

Firmar ante notario público un compromiso de esa envergadura es mera chirigota. Lo que está esperando la sociedad mexicana es un acto de gobierno serio y no un burlesque.

Presidencia de la República está obligada a enviar  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad si lo que realmente quiere es impedir que se de un golpe a uno de los pilares de estabilidad nacional.

Seamos claros. La prolongación de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, es inconstitucional. Y hay un importante precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrarlo.

En el año 2006, los congresos  de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, con la intención de homologar el calendario electoral, intentaron alargar el mandato de sus respectivos mandatarios.

La sentencia de la Corte fue, en esa ocasión, contundente. Las reformas eran y son  una clara violación al principio supremo de no reelección. De acuerdo a esa jurisprudencia, nadie que haya sido electo por voto popular, puede permanecer en el cargo más allá del tiempo por el que fue votado.

Pero hay más. Los diputados de Baja California violentaron otros derechos y libertades. Aprobaron una reforma con dedicatoria a Bonilla, cuando ninguna ley puede hacerse para beneficiar a una persona. Los legisladores actuaron como verdaderos déspotas al excluir a los ciudadanos de la decisión de alargar la permanencia del empresario por tres años más.

En dos palabras: López Obrador tienen que permanecer en el cargo seis años, y Bonilla, dos, y no más.

Lo que hizo el Congreso de Baja California, –al aprobar la reforma la artículo 8 de la Constitución local–, fue abrir la lápida con que la Revolución Mexicana buscó sepultar futuras  ambiciones reeleccionistas.

Un millón y medio de mexicanos murieron para evitar que  presidentes, caudillos  y tiranos buscaran nuevamente perpetuarse en el poder.

Hoy, quienes aseguran ser cabezas de la transformación, pretenden regresar a México a los tiempos en que los dictadores acomodaban e interpretaban las leyes como les convenía para atrincherarse en la silla presidencial.

El caso Bonilla ha puesto a la democracia mexicana en riesgo y, sin duda, pone a prueba la autonomía y la lealtad de los ministros de la Corte a la nación.



regina