Summum de la Justicia
"El Chapo", producto del sistema/régimen/Estado
Carlos Ramírez | Revista Siempre
Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un personaje de corrido musical, no una estructura de poder. Su fama creció por dos rocambolescas fugas de penales de alta seguridad y se consolidó cuando tuvo en su refugio a la actriz mexicana Kate del Castillo y al actor estadunidenses Sean Penn. Su juicio en una corte de Brooklyn, Nueva York, careció del encanto de las ausentes grandes revelaciones. Su relación con Emma Coronel, vinculada con sangre de otro gran capo, tampoco logró llegar a las revistas rosas.
A la luz de lo conocido y lo intuido, El Chapo puede ser considerado un producto del sistema: nació en el escenario de las relaciones de complicidad de criminales con estructuras de poder del Estado. Luego de aplastar a la guerrilla ideológica disidente con una brigada clandestina, las fuerzas de seguridad se quedaron sin adversarios. La Dirección Federal de Seguridad como policía política del régimen priísta nunca pudo dar el salto cualitativo de la represión de la disidencia a la inteligencia geopolítica.
El cambio en los enfoques de seguridad fueron producto –no coincidencia– del relevo ideológico y de funciones en la elite gobernante en 1982 terminó el ciclo de los políticos del sistema/régimen/Estado forjados en las luchas del poder desde el relevo de políticos por militares en 1946 y llegaron los economistas ajenos a las prácticas de los sótanos del poder. Las sucesiones 1920-1976 –con la excepción de López Mateos en 1958– tuvieron que pasar por la Secretaría de Gobernación. Pero los dos López –Mateos y Portillo– confiaron en los cuadros policiacos de la DFS-Segob.
En 1981 fue nominado candidato el funcionario Miguel de la Madrid y le entrego Segob a Manuel Bartlett Díaz, quien había trabajado en el área electoral de Gobernación. Hasta diciembre de 1982, los directores de la DFS habían salido de las entrañas del sistema de seguridad nacional policiaco –no geopolítico–. Bartlett designó director de la DFS a José Antonio Zorrilla Pérez, ex secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios, el legendario política político del régimen desde 1958. Aunque llegó con la marca anterior, Zorrilla se modeló a las exigencias de Bartlett y el nuevo grupo financiero gobernante.
De finales de 1982 a 1985, la DFS movió sus parámetros: reprimida la izquierda, ahora el enemigo iba a ser la delincuencia controlada por los viejos policías. Y dentro de la delincuencia común había comenzado a emerger una nueva forma del delito: de mediados de los setenta se multiplicaron los sembradíos de marihuana, aprovechando el repliegue del Estado en el apoyo a campesinos. Los productores del campo emigraron a los EE. UU. o se hicieron marihuaneros. Los promotores del sembrado de marihuana se convirtieron en sus transportistas y beneficiarios. Nacieron los primeros jefes de bandas y luego se juntaron para controlar los precios de mercado, dando a luz a la estructura económica de cárteles.
El capo de capos fue Miguel Angel Félix Gallardo y el primer cártel fue el de Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero. La policía política del régimen que debió de combatir el modelo de cárteles, la DFS, prefirió protegerlos y aliarse con ellos. 1984-1986 fueron años de definiciones: en 1984 el crimen organizado asesinó al columnista Manuel Buendía cuando se disponía a publicar nombres de políticos, funcionarios y gobernante que protegían a los marihuaneros, en 1985 Caro Quintero y cómplices del gobierno asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y provocaron la denuncia de los EE. UU. contra la alianza narcos-gobierno y en 1986 fue disuelta la DFS para crear la dirección de Información y Seguridad Nacional en Gobernación.
Cambiaron las relaciones abiertas por complicidades oscuras y el gobierno federal decidió crear estructuras para combatir al narco y los resultados están a la vista: el crimen organizado en y alrededor del narcotráfico es cada vez más poderoso. De 1995 a 2006 se crearon una quincena de estructuras criminales con dinero, poder y fuerza criminal. De 2006 al 2018 los gobiernos respondieron con fuerza y lograron descabezar a los cárteles, pero sin destruir sus estructuras de poder. El Chapo fue uno de los tres últimos cabecillas de cárteles que fue sacado del marcado, pero su Cártel de Sinaloa sigue vigente.
Al analizar a El Chapo es necesario evaluar las estrategias del gobierno que liquidó a dirigentes, pero sin afectar estructuras ni recursos. El asunto involucra a México y a los EE. UU. El juicio contra El Chapo fue personal, no sistémico. Ni en México ni en los EE. UU. Ese cártel ahora lo regentea uno de los dos últimos jefes antiguos del crimen organizado: Ismael El Mayo Zambada. En los tiempos de El Chapo, desde su fuga en enero de 2001, hasta su ingreso al penal estadunidense el 19 de julio de 2019, el tráfico, consumo y lavado de droga no se movió un ápice de sus vertientes conocidas
La clave del trafico nunca ha estado en los capos ni en sus organizaciones criminales, sino en el consumo en el mercado estadunidense formado por alrededor de 20 millones de personas, la mayor parte en zonas pobres. La droga es un mecanismo de contención de la violencia y de tranquilad social. El día en que falte droga o los precios suban hasta niveles de inaccesibilidad, la violencia de los consumidores incendiaría las principales ciudades. De ahí que el juicio contra El Chapo se encapsulo en la persona, no es la estructuras, sus relaciones peligrosas con instancias de poder de México y los EE. UU. o su suministro de droga administrado por los EE. UU.
Zona Zero
Los primeros reportes de la Guardia Nacional ya desplegada revelan la ausencia de colaboración de gobernadores, alcaldes y policías locales y la negativa reiterada a reformarse.
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