Internacional - Política

Ex primera dama de Guatemala Sandra Torres, a prisión por presunta corrupción electoral

2019-09-02

La ley guatemalteca le otorga inmunidad a los aspirantes a cargos de elección popular, por...

Por Sofia Menchu | Reuters

CIUDAD DE GUATEMALA (Reuters) - La ex primera dama de Guatemala Sandra Torres fue arrestada el lunes, acusada de presunto financiamiento electoral ilícito para su campaña a las elecciones presidenciales de 2015, a pocas horas de que una comisión anticorrupción de la ONU abandone la nación centroamericana tras sacudir a la clase política.

La ley guatemalteca le otorga inmunidad a los aspirantes a cargos de elección popular, por lo que Torres gozó de este beneficio durante las presidenciales de 2019. Sin embargo, tras perder el balotaje en agosto frente a Alejandro Giammattei, se reactivó la investigación en su contra. [nL2N25705U]

Luego de su tercera derrota electoral consecutiva, Torres, de 63 años, le deseó éxito a Giammattei y aseguró que estaba “tranquila” en su casa en las afueras de Ciudad de Guatemala, tras rumores de que abandonaría el país para evadir a la justicia. En el pasado ha negado los señalamientos en su contra.

“Torres tenía orden de aprehensión girada el pasado viernes por el Juzgado de Mayor Riesgo A por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita”, escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

La mañana del lunes, dos patrullas llegaron a la vivienda de la exprimera dama (2008-2011) y se la llevaron a tribunales mientras repetía: “Me voy a desmayar”. Al llegar a los juzgados, Torres clamó: “Es una persecución política”.

Horas más tarde, Torres, una de las políticas más prominentes del país en la última década, fue presentada ante una juez que decidió que se le juzgue en prisión a pesar de que su defensa insistió en que debía permanecer en un hospital debido a su frágil condición de salud.

Antes de conocer la decisión de la letrada, Torres se cubrió el rostro con una capucha, lentes oscuros y una manta floreada mientras los medios intentaban captar una imagen suya esposada.

La ex primera dama purgará prisión preventiva en la misma cárcel donde se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina y donde estuvo su exmarido, el exmandatario Álvaro Colom; todos ellos investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU.

“JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA”

Sobre Torres pesa una acusación de la fiscalía y la CICIG -un organismo de la ONU para combatir la corrupción- por financiamiento ilícito en su campaña presidencial de 2015, donde perdió ante el actual mandatario Jimmy Morales.

La CICIG, respaldada por la mayoría de guatemaltecos luego de haber puesto tras las rejas a varios políticos e importantes empresarios, abandonará el país el martes luego de que Morales no le renovó su mandato tras involucrar a su familia -y a él mismo- en casos de corrupción. [nL2N25N11A]

“Nada más que sentirme con pena porque a nadie le gusta quedarse en la cárcel, de hecho a mí me tocó una vez así y no es agradable, no puedo sentirme contento”, dijo el presidente electo, Giammattei, quien durante la campaña presidencial prometió “meter en la cárcel” a la exprimera dama.

Por su parte, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -el partido fundado por Torres y Colom, quien gobernó entre 2008 y 2012- exigió “no a la judicialización de la política”.

“UNE rechaza categóricamente las acciones políticas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, materializadas al ejecutar este día una orden de captura, sin más fundamento que intereses espurios, mediáticos e infundados contra nuestra secretaria general”, dijo el partido en un comunicado.

Según la investigación, UNE recibió unos 3.5 millones de dólares no registrados para la campaña de 2015 procedente de “una actividad ilícita”.

Por ello, el Ministerio Público ha pedido la cancelación de UNE, que tiene la mayor fuerza en el Congreso, donde ninguna agrupación tiene mayoría por sí sola. El partido aseguró que la solicitud de su cancelación es “espuria” y responde a “evidentes intereses políticos”.



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