Nacional - Seguridad y Justicia
Ayotzinapa: relanzan caso y derriban "verdad histórica" pero sigue confusión
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 26 SET - Cinco años después de la "noche trágica" de la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero, la investigación está en una suerte de "callejón sin salida" y sumida en la confusión.
Los padres y familiares salieron a las calles ayer y continuarán hoy manifestándose en Ciudad de México para recordar la efeméride y demandar justicia, diciendo que "aún tenemos esperanzas de hallarlos con vida".
Estudiantes de diversos ateneos públicos pararon actividades para sumarse a estas demostraciones callejeras.
El nuevo gobierno de Andrés López Obrador ha anunciado el relanzamiento de la investigación pero hasta ahora son más las preguntas que las respuestas en torno al emblemático acontecimiento.
El episodio marcó de un rojo más intenso este sangriento período de 12 años de guerra del gobierno contra el crimen organizado en el país.
Desde que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida cruzada antidrogas, se contabilizan más de 270,000 muertos y unos 40,000 desaparecidos, entre los que destacan los "43 de Ayotzinapa" sobre los cuales hay aún muchas interrogantes sin resolver.
Por ejemplo, no se sabe donde si los estudiantes están vivos o muertos y si es así en dónde se encuentran sus cuerpos o si tenían relación con una banda delincuencial, así como los móviles de su desaparición.
El nuevo gobierno de López Obrador, inaugurado el 1 de diciembre pasado, se ha esforzado por derrumbar la "verdad histórica" formulada por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo, quien será llamado a declarar por la justicia, según fuentes oficiales.
La liberación de casi la mitad (77) de los más 142 detenidos por la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa puso en duda los supuestos vínculos de las víctimas con la organización Guerreros Unidos.
Los estudiantes se habían apoderado de varios buses para llevarlos a Ciudad de México a participar en las protestas una matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 cuando llegaron a Iguala, donde fueron detenidos por policías municipales, que según los testimonios los llevaron a la vecina ciudad de Cocula.
De acuerdo con la indagatoria de Murillo, los jóvenes fueron entregados a la organización Guerreros Unidos porque se presume que estaban vinculados a la banda enemiga, Los Rojos, o que llevaban consigo en uno de los buses un cargamento de droga o de armas.
De acuerdo con las pesquisas originales, los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en un vertedero de Cocula, junto al río San Juan, pero los pocos restos hallados en este lugar no corresponden a los estudiantes excepto a uno de ellos.
Este suceso detonó la caída en la credibilidad y la buena imagen del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Al cumplirse hoy un aniversario de este hecho, Encinas anunció una recompensa de 1,5 millones de pesos (unos 75,000 dólares) para quien brinde información sobre el caso y de 10 millones (unos 500,000) a quien proporcione información sobre un hombre identificado como Alejandro Tenescalco, presunto agresor de los estudiantes hasta ahora desconocido.
El funcionario calificó como "una desaparición forzada cometida por agentes del Estado" el caso a pesar de que hasta ahora se sabía que quienes la perpetraron fueron delincuentes ayudados por policías.
El viceministro declaró ante López Obrador sostuvo que existen dos líneas de investigación: "La búsqueda en vida, que es una demanda fundamental, y la búsqueda del destino final" y prometió "hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad".
Personal de la Fiscalía General lleva cuatro días tratando de encontrar restos humanos en el vertedero municipal de Tepecuacuilco, otra de las localidades donde se rumora que fueron llevados los estudiantes para asesinarlos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron por que el Estado mexicano formule "una nueva teoría del caso".
Además, saludaron el diálogo establecido entre el fiscal general y las familias de los estudiantes.
regina
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