Internacional - Seguridad y Justicia
Lava Jato enfrenta nuevos retos
Por DIANE JEANTET | AP
RÍO DE JANEIRO (AP) — El Supremo Tribunal de Brasil se apresta a emitir un fallo esta semana que pudiera llevar a la anulación de decenas de causas derivadas de la vasta pesquisa anticorrupción Operación Lava Jato que ha involucrado a políticos y empresarios en Latinoamérica. La investigación, elogiada una vez como modelo de gestiones anticorrupción, ha sido fuertemente criticada en Brasil luego de acusaciones de que algunos de los procesos tuvieron móviles políticos. Aquí una mirada a los retos que enfrenta la operación:
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¿QUÉ ES LA OPERACIÓN LAVA JATO?
Comenzó en marzo del 2014 como una investigación sobre lavado de dinero que involucraba al dueño de una estación de gasolina en el estado suroccidental de Paraná. Los sospechosos en esa causa llegaron a acuerdos con la fiscalía que abrieron ventanas a una enorme red de corrupción. La fiscalía dice que los ejecutivos de grandes compañías formaron un cártel que decidía cuáles firmas recibirían enormes contratos de la petrolera estatal Petrobras y cómo inflar los precios para cubrir sobornos a políticos y ejecutivos de dicha empresa.
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¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO?
La investigación ha llevado a sentencias contra 159 individuos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente del Congreso Eduardo Cunha, el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral y el empresario Eike Batista, quien alguna vez fuera el hombre más rico de Brasil. Los fiscales dicen que Brasil puede recuperar más de 3,400 millones de dólares en dinero robado, y una cuarta parte de esa suma ya ha sido devuelta. La pesquisa ha llevado además al arresto o renuncia de presidentes en Perú y ha sacudido naciones en todo el hemisferio.
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¿POR QUÉ ESTÁ PERDIENDO FUERZA?
Algunos analistas, líderes empresariales y políticos han acusado a los fiscales de la operación de extralimitación judicial para favorecer una agenda política, notablemente la condena de Lula, que lo dejó fuera de la última contienda presidencial. El portal noticioso Intercept Brasil dijo que conversaciones hackeadas de celulares mostraron que el juez que presidía el caso, Sergio Moro, se coordinó inapropiadamente con los fiscales, una acusación que éste niega. Moro fue designado posteriormente como ministro de Justicia por el recién electo presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, cuya campaña se benefició por la ausencia de Lula. La controversia ha hecho que algunos pidan límites a la investigación.
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¿QUÉ DEBATE LA CORTE SUPREMA?
Los testimonios conseguidos en acuerdos con la fiscalía están en el centro de la Operación Lava Jato. La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal votaron la semana pasada en favor de permitir que los acusados nombrados en acuerdos con la fiscalía declaren tras conocer de las acusaciones. Argumentan que no se les permitió a los acusados defenderse adecuadamente. El caso se relacionaba con Márcio de Almeida Ferreira, el ejecutivo de Petrobras que presentó el asunto. Los jueces no han decidido aún si su fallo se aplicará solamente a éste y futuros casos o será retroactivo, una medida que pudiera minar condenas previas.
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¿QUÉ PUDIERA SIGNIFICAR EL FALLO?
La fuerza especial de Lava Jato, parte de la fiscalía federal, dice que 143 acusados pudieran beneficiarse de un fallo retroactivo. La decisión podría abrir las puertas para la anulación de algunas causas en las que Lula fue implicado, pero no la que lo envió a prisión. El exmandatario de 73 años fue declarado culpable en julio del 2017 de aceptar un apartamento en la ciudad de Guaruja como soborno de la compañía constructora OAS a cambo de su influencia. Su abogado dice que el proceso fue “corrompido” y que su defendido debe ser dejado en libertad.
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¿Y EL CONGRESO QUÉ?
Los legisladores _ algunos de los cuales son investigados _ aprobaron recientemente una ley contra posible “abuso de autoridad” por parte de fiscales, jueces y la policía. Fabio Kerche, experto en ciencias políticas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo que los fiscales en Brasil tienen mucha autonomía y poca rendición de cuentas. La nueva ley busca limitar parte de ese poder expendiendo la lista de lo que se considera “abuso de autoridad”. Aunque no apunta específicamente a fiscales ni jueces de la Operación Lava Jato, es aplicable a ellos. Una asociación de magistrados dice que apelará algunas de las nuevas medidas ante el Supremo Tribunal Federal. Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también expresaron preocupaciones antes de que la propuesta fuese aprobada, y afirmaron que temen que les permitirá a las personas corruptas “atacar injustamente a fiscales y jueces por hacer apropiadamente su trabajo”.
regina
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