Migración

Las caravanas de migrantes: encontrando la libertad y el sufrimiento en EU

2019-10-11

Cuando Rodríguez llegó a Estados Unidos, había planeado terminar su...

Por Delphine Schrank

(Reuters) - Un año después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en mayo de 2018, Luis Rodríguez, de 20 años, se retorcía de dolor en una camilla de una sala de emergencias de Los Ángeles con una infección de riñón y vejiga.

No sólo sentía dolor, estaba preocupado. Su solicitud de asilo aún no había sido aprobada. No tenía permiso de trabajo, aunque había estado trabajando siete días a la semana. Ahora estaba gravemente enfermo y las facturas aumentaban.

Cuando Rodríguez llegó a Estados Unidos, había planeado terminar su último año de secundaria, obtener un título universitario y convertirse en ingeniero de sistemas. Siempre había sido estudioso en El Salvador, confesaron sus maestros. Pero en el hospital, sus objetivos parecían fuera de su alcance.

Se sentía solo en este país pero, dijo a Reuters, no había tenido muchas opciones antes de dejar el suyo.

Rodríguez es gay. Él y su primer amor y compañero de secundaria, Bryan Claros, se reunían en secreto cuando podían en un tramo aislado de playa a las afueras de su ciudad natal, La Libertad. Una noche de marzo, cuatro pandilleros los rodearon, golpearon a Claros y amenazaron a Rodríguez, dijeron ambos hombres a Reuters.

“Nunca vuelvan a mostrar sus caras por aquí”, recordó Rodríguez que le dijeron.

Un informe policial sobre el incidente, revisado por Reuters, confirmó la historia, precisando que Rodríguez fue víctima de “amenazas agravadas” por grupos terroristas o pandillas y que “se recomendó que emigrara (...) porque estas personas que amenazan a otras siempre cumplen su palabra”.

La pareja se fue de la ciudad en una semana, junto con el padre de Rodríguez, Andrés Rodríguez, de 52 años. Él dijo a Reuters que aceptó la relación de su hijo y se negó a dejar que la pareja haga el arriesgado viaje solo. “Él es mi hijo y siempre lo apoyaré”, dijo.

Los tres se unieron a una caravana migrante en la primavera de 2018 en el sur de México. Para cualquiera que preguntara, los jóvenes decían que eran primos.

Cerca de la frontera de Estados Unidos en la ciudad mexicana de Tijuana, Andrés Rodríguez decidió no cruzar con la pareja, convencido de que su solicitud de asilo no era tan sólida. Esperó lo suficiente para asegurarse de que su hijo saliera de la detención, luego emprendió el camino de regreso a casa.

Luis Rodríguez y Claros fueron enviados al Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego, para esperar audiencias en la corte de inmigración. Allí, Rodríguez, asistido por miembros de la caravana sobre derechos humanos, escribió una carta a nombre de otros 36 detenidos para protestar por las condiciones de vida.

“En este país”, escribió, “la Primera Enmienda protege los derechos de todos los seres humanos, sin importar su raza, religión, nacionalidad, grupo social, orientación sexual u opinión política. Por esa razón, instamos a CCA (una empresa privada, ahora llamada CoreCivic, que dirige Otay Mesa) a tratarnos como los humanos que somos”.

La carta, fechada en mayo de 2018 y revisada por Reuters, alegaba que los migrantes detenidos se veían obligados a trabajar seis horas al día por 1.50 dólares la hora.

“Cuando solicitamos atención médica, no nos tratan y muchos de nosotros tenemos heridas y dolores”, decía la carta.

En una declaración a Reuters, la representante de CoreCivic, Amanda Gilchrist, dijo que los programas de trabajo eran “completamente voluntarios”.

En una declaración separada a Reuters, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que supervisa el centro, también dijo que el trabajo era voluntario y que todos los detenidos fueron examinados en busca de problemas de salud y fueron tratados según el caso.

Las condiciones en el centro mejoraron brevemente y Rodríguez dijo que no sufrió ningún castigo por tomar una posición, un resultado que lo impresionó.

Rodríguez y Claros fueron puestos bajo libertad condicional después de cuatro meses. Cada uno se mudó con sus respectivos familiares en Los Ángeles.

Los jóvenes dijeron que las direcciones en sus documentos judiciales no fueron actualizadas. Al recibir noticias de su audiencia en San Diego con un día de anticipación, Claros recordó que tuvo que recorrer más de 160 kilómetros para llegar a tiempo. Se le concedió asilo el 18 de octubre, según sus documentos judiciales. Luego se mudó con familiares en Texas.

Rodríguez se enteró de su audiencia el día que se iba a celebrar y se la perdió, confesó. Su próxima cita en la corte es a finales de 2019.

Después de que su pariente en Estados Unidos supiera que era homosexual, contó Rodríguez, la tensión aumentó en la casa y se mudó. Encontró un trabajo, fue despedido por indocumentado y luego halló otro como trabajador metalúrgico. Trabajaba de nueve a 12 horas por día. Su relación con Claros se tensó por la distancia y las presiones en sus vidas, dijo. Se separaron.

Una tarde a principios de mayo de 2019, fue hospitalizado con un dolor insoportable. Después de 15 días de ausencia del trabajo, su jefe lo despidió, dijo. El alquiler venció. Su factura del hospital fue de 1,155 dólares.

Tras ser dado de alta, sin embargo, su suerte comenzó a cambiar. Su permiso de trabajo llegó y comenzó a buscar uno al día siguiente. Pronto empezó como cajero de medio tiempo en McDonald’s, ganando 14.5 dólares por hora, y tomó un segundo empleo como pintor de casas.

Un amigo aceptó ayudarlo a encontrar un centro donde pudiera obtener su diploma de educación general.

Abrirse camino en Estados Unidos sigue siendo difícil, dijo, pero las cosas están empezando a funcionar para él.

“Ser capaz de ir a la escuela en unos años, lo veo mucho mejor, porque entonces no me habrán derrotado”, dijo.



Jamileth