Nacional - Seguridad y Justicia
Choque entre militares y presuntos criminales deja dudas sobre uso excesivo de fuerza
Por Lizbeth Diaz y Ana Isabel Martinez | Reuters
CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct (Reuters) - El reciente enfrentamiento entre un grupo de militares mexicanos y presuntos criminales, que dejó un saldo de un oficial y 14 civiles muertos, ha sembrado dudas sobre si las fuerzas de seguridad incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza letal, como ha ocurrido en el pasado.
Según la versión del gobierno, el martes por la tarde soldados respondieron a una agresión con armas de fuego de civiles armados que viajaban en convoy, mientras patrullaban una estrecha calle de la comunidad rural de Tepochica, en el sureño estado Guerrero, uno de los más violentos del país.
“El militar fallecido se desempeñaba como tirador y elemento de seguridad del primer vehículo, su función principal era proteger a sus compañeros de armas y permitir que adoptaran un dispositivo de seguridad, poniendo de manifiesto con este hecho su valor, lealtad institucional”, dijo en un comunicado el miércoles la Secretaría de la Defensa (Sedena).
La acción del oficial, agregó, evitó más bajas en las filas castrenses en el sitio, donde según la secretaría quedaron los 14 supuestos criminales fallecidos, 19 armas, una granada de mano, equipo táctico, entre otros, y tres vehículos con reporte de robo. Un grupo “indeterminado” huyó a pie del lugar.
La Sedena no precisó si durante el enfrentamiento otros militares también dispararon. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mientras el oficial fallecido estaba herido disparaba su ametralladora y “le quita la vida a los agresores”.
Pero varios expertos consultados por Reuters coincidieron en que la diferencia entre el saldo de muertos de ambas partes no es normal para los índices de letalidad internacionalmente aceptados, según los cuales si el número de presuntos criminales muertos supera por mucho al de heridos se abre la posibilidad de que se haya incurrido en uso desproporcionado uso de fuerza.
“No se necesita ser perito para ver que (según) la posición de los cadáveres, se puede dudar que esto fue un enfrentamiento, muchos incluso no tenían armas en las fotografías (que circularon en las redes), dijo a Reuters Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional e inteligencia de la universidad IBERO.
“Que haya un solo militar muerto es algo que se tiene que dilucidar para determinar que no hubo un uso excesivo de la fuerza, creo que tendría que participar en esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el alto comisionado de la ONU”, dijo. “Hay un uso excesivo de la fuerza claro”.
La CNDH dijo a Reuters que comenzaron a recabar datos ante las dudas de lo que pasó.
Organismos de derechos humanos en México dicen que es difícil investigar a militares cuando son señalados como presuntos implicados en un delito, tal como en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
QUE SE INVESTIGUE
Amnistía Internacional (AI), que ha documentado ejecuciones extrajudiciales en México, exhortó a las autoridades a realizar una “investigación pronta, independiente e imparcial para determinar si las fuerzas de seguridad hicieron uso legal de la fuerza letal”.
“El gobierno de México debería revisar la nueva Ley sobre el uso de la fuerza para garantizar que sea compatible con los derechos humanos y no permita el uso excesivo de la fuerza ni aliente otras violaciones de los derechos humanos”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
En fotos que circularon en redes sociales y medios, los cadáveres de cuatro hombres quedaron en la parte trasera de una pickup, otros tirados en el piso a un costado y detrás del mismo vehículo y los de dos jóvenes -al menos uno con un fusil- en la parte trasera de un auto.
Un día después de los hechos, pobladores de Tepochica preferían no hablar de lo ocurrido por el temor de ser víctima de alguna represalia. Fuera de la morgue de Iguala, a donde fueron trasladados los cuerpos, sus familiares se lamentaban pero prefirieron mantenerse en silencio.
El presidente López Obrador, que ha prometido combatir la rampante violencia del país sin disparar ni una sola bala y con una nueva estrategia, dejó abierta la posibilidad de que se investigue si en el suceso hubo ejecuciones y tiros de gracia.
No es la primera vez que militares mexicanos son acusados de usar la fuerza de forma excesiva.
En 2014, siete soldados fueron señalados por supuestamente haber ejecutado extrajudicialmente a 22 personas en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, pero dos años después quedaron el libertad.
El miércoles, un tribunal ordenó su reaprehensión al encontrar elementos para decir que sí cometieron ejecuciones extrajudiciales y que autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios, entre otros indicios.
La Sedena dijo entonces que las muertes fueron resultado de un choque entre delincuentes y militares, pero investigaciones periodísticas y el testimonio de una sobreviviente revelaron que un número hasta ahora indeterminado de ellas se debió a ejecuciones cuando los civiles ya se habían rendido y que la escena de crimen fue alterada para encubrir a los responsables.
regina
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