Nacional - Economía

Ley contra subcontratación, empresarios ofuscados

2019-11-01

La llamada también "terciarización" se convertiría en ilegal si...

 

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO.- El sector empresarial se puso en pie de lucha contra un proyecto de reformas a las leyes laborales que prevé prohibir la subcontratación, que podría ser equiparada a una "práctica criminal".
    
La llamada también "terciarización" se convertiría en ilegal si progresa un proyecto de enmiendas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que restringiría al máximo esta forma de contratación de trabajadores, señalada por algunos sindicatos como responsable de la actual precarización del trabajo en el país.
    
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que los cambios que buscan vetar el denominado "outsourcing" no contemplan "esquemas específicos para combatir las irregularidades".
    
"Clasificar la actividad como ilegal y como una conducta delictiva va más allá inclusive de lo que había acordado en el Parlamento abierto", afirmó en relación a una serie de consultas convocadas para discutir el tema entre sindicatos, gobierno, especialistas y legisladores.
    
Roel señaló que se pretende criminalizar actividades donde "actualmente se pagan salarios de mercado y prestaciones" legales y advirtió que la prohibición de esta actividad y su clasificación como "un delito" inhibirá la actividad económica del país.
    
Germán de la Garza, de la firma Mowat, señaló que se requiere determinar "el alcance de la iniciativa" pero llamó a no "estigmatizar" la terciarización porque es "una alternativa" que ofrece la ley.
    
"La línea es muy delgada entre aquellas empresas que subcontratan bien y las que no", advirtió al referirse a la reforma que impulsa el oficialismo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), en el Congreso.
    
"La ley tendría que ser absolutamente clara y explícita de cuándo es que las sanciones se interpondrán", afirmó al referirse a las penas de cárcel que contempla el proyecto por "subcontrataciones irregulares".
    
Inclusive, la iniciativa impide la posibilidad de que los acusados salgan bajo palabra mientras se resuelven los procesos en casos en que se acredite que se usa la terciarización para evadir impuestos u otras obligaciones patronales.
    
En este caso, el "outsourcing" podría ser equiparado a la "delincuencia organizada", que es un delito grave.
    
Roel afirmó que las empresas se verían obligadas a "minimizar su plantilla" y frenar su producción antes que enfrentar cargos penales.
    
Sin embargo, afirmó que buscará el diálogo con los impulsores del proyecto para que la legislación incluya las propuestas patronales.
    
El influyente líder minero Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, es el autor de la iniciativa que acusa a los empresarios de usar la subcontratación como "un esquema de evasión fiscal y violación a los derechos de los trabajadores".
    
Según el legislador, existen más de 6,000 empresas, con 7,6 millones de trabajadores, que evaden impuestos a través de este tipo de subcontratación.
    
Las modificaciones que plantea tienen que ver con la política salarial, pensiones, prestaciones, condiciones de trabajo y otros aspectos que han afectado al sector laboral y que han quedado pendientes en la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso.
    
La reforma busca "una nueva concepción de las relaciones obrero-patronales y modificar la política salarial y sindical y dará a la clase obrera y sus familias una mejor calidad de vida", afirmó el sindicalista.
    
Sin embargo, ManPower Group defendió la "subcontratación" y señaló que "es una actividad que dota a las empresas flexibilidad para que concentren en el desarrollo de negocio mientras un tercero apoya en la atracción de talento". "Incluso, en algunos casos permite transitar de empleados informales a la formalidad", argumentó el organismo.



Jamileth