Reportajes

El sueño americano se alcanza con un préstamo y un contrabandista

2019-11-07

Algunos futuros migrantes recaudan las tarifas que cobran los contrabandistas a través de...

Emily Kaplan, The New York Times

SANTA LUCÍA UTATLÁN, Guatemala — Un funcionario público guía a un representante del banco por una parcela de terreno en este municipio de Guatemala y describe la casa que sueña construir desde cero. Señala el lugar donde estaría la cocina y los cuartos para su familia. Para hacerla realidad, lo único que necesita es un préstamo del banco.

Al menos eso fue lo que le dijo al representante de la entidad bancaria. Pero, en realidad, el empleado público buscaba dinero para pagarle a un contrabandista que lo llevaría a Estados Unidos.

La treta funcionó. El banco, Banrural, una de las instituciones financieras más grandes de Guatemala, aprobó su préstamo de construcción por unos 5700 dólares. Días después, el funcionario cruzó ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos con la ayuda de un coyote.

Esta es “la manera más fácil de conseguir el sueño americano”, dice el hombre de 30 años, quien ahora vive en Nueva York y trabaja en el sector construcción. Por temor a una represalia del banco, solo permitió la publicación de su segundo nombre, Yovany.

En los últimos años, Guatemala ha tenido niveles récord de migración. Las personas, algunas de las cuales escapan de la violencia y muchas otras que quieren salir de la pobreza, se dirigen hacia el norte con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

Algunos futuros migrantes recaudan las tarifas que cobran los contrabandistas a través de sus familiares. Para otros, los préstamos bancarios son la vía de escape.

Los migrantes, provenientes en gran medida de sectores pobres, piden préstamos avalados por las únicas posesiones de valor que tienen, sus terrenos. De ese modo, asumen cargas que para muchos se vuelven abrumadoras y conducen a una espiral de deudas y desesperación.

Dentro de este ecosistema financiero, no hay una entidad más importante ni que esté obteniendo más beneficios que Banrural, una institución privada con vínculos al gobierno de Guatemala y que ha recibido financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés). Sus fachadas verde y blanco han aparecido incluso en los pueblos más remotos del país.

Muchos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos han solicitado préstamos de Banrural con motivos falsos para ayudar a financiar sus viajes al norte, de acuerdo con el testimonio de migrantes, funcionarios del gobierno guatemalteco, contrabandistas, investigadores y un antiguo empleado del banco.

Algunas personas, como Yovany, argumentan que quieren construir una vivienda. Otros dicen que quieren comprar algún tipo de maquinaria agrícola. Sin embargo, el dinero va directo a las manos de los traficantes.

“La inmigración ilegal de la Guatemala rural no sería posible sin Banrural”, afirma David Stoll, profesor de antropología del Middlebury College en Vermont, quien se ha dedicado a estudiar la deuda y la sociedad guatemaltecas. “Banrural es el financista de facto de la migración a Estados Unidos”.

Funcionarios de Banrural afirman que el banco es una institución que respeta las leyes de manera estricta, dedicada al desarrollo de las regiones rurales del interior de Guatemala. Aseguran que la entidad no es cómplice del uso indebido de los préstamos de los usuarios.

“Banrural solo financia actividades aceptadas por la ley”, afirma Edgar Guzmán Bethancourt, gerente general del banco. “Cualquier violación de esta disposición es una actividad que no es aprobada, de ninguna manera, por el banco”.

En años recientes, una gran cantidad de personas que migran y son capturadas en la frontera suroeste de Estados Unidos provienen de Guatemala. La mayoría de ellas son originarias de sectores rurales, predominantemente regiones indígenas del país. Un conjunto de políticas y medidas estrictas implementadas en Estados Unidos y —recientemente— México, han dificultado mucho más la inmigración ilegal.

Sin embargo, los analistas afirman que los contrabandistas están usando esas draconianas medidas coercitivas como una herramienta de mercadotecnia para sus servicios. Y, en consecuencia, han incrementado sus tarifas.

En algunos casos actuales, los contrabandistas en Guatemala cobran más de 16,000 dólares por llevar a un migrante a Estados Unidos. Es una suma enorme para los guatemaltecos de sectores rurales que por lo general ganan menos de mil dólares al año.

Aun así, la demanda por estos servicios y por los préstamos necesarios para pagarlos, sigue siendo alta.

Óscar, un contrabandista de inmigrantes radicado en Santa Lucía Utatlán —una región montañosa al occidente de Guatemala—, dice que la gente está cada vez más dispuesta a pagar precios altos porque saben que así tendrán más oportunidad de llegar a Estados Unidos que aventurándose a solas.

“Pagan lo que sea para llegar allá”, asegura el contrabandista, quien se negó a dar su nombre completo por temor a su seguridad.

Algunos guatemaltecos pobres no tienen la garantía suficiente o las conexiones para asegurar un préstamo bancario. Por esa razón recurren a un submundo de prestamistas privados e informales que cobran tasas de interés usureras, según testimonios de funcionarios gubernamentales y de prestatarios.

En un proceso común que depende mayormente de la confianza mutua, el prestatario cede su título de propiedad a un prestamista a cambio del crédito. En una especie de farsa legal conocida como “simulación”, los dos se presentan ante un notario y declaran bajo juramento que el prestatario ha vendido su título de propiedad al prestamista.

Si el prestatario consigue devolver el préstamo, el prestamista le vende la propiedad de nuevo, a través de otra simulación.

De lo contrario, el terreno se convierte en propiedad del prestamista.

Sin embargo, algunas veces, el pacto entre ambas partes se realiza sin un notario presente y depende de un código de honor. Pero según los residentes, los prestamistas tienen la ventaja en este tipo de tratos y con frecuencia amenazan con usar violencia para hacer cumplir las fechas de los pagos.

Santiago Tzapinel, miembro de un consejo directivo indígena en Santa Lucía Utatlán, dice que estos sistemas no regulados de préstamos están “desangrando al pueblo”.

Su organización, así como otros grupos indígenas similares alrededor del país, intentan brindarles asistencia a los prestatarios al enseñarles sus derechos y al interceder en su nombre ante los prestamistas para negociar mejores condiciones. En algunos casos, han intentado obligar a los prestamistas más explotadores a liberar a los deudores de sus acuerdos.

Sin embargo, estos esfuerzos no pueden competir contra la desesperación de quienes quieren migrar de conseguir la manera de llegar al norte, sin importar el costo.

“Las personas siempre vendrán para acá”, dice Yovany. “La inmigración no va a disminuir”.



Jamileth