Editorial
Golpe al Estado laico
Por Morelos Canseco Gómez | Revista Siempre
Resulta sintomático que en la secuencia de los hechos ocurridos el 17 de octubre pasado en Culiacán, el Ejecutivo Federal haya enfatizado en su discurso los tintes y las referencias religiosas. De tiempo atrás se le ha identificado con las creencias espirituales del cristianismo por sus distintas menciones al reforzamiento y las enseñanzas de Jesucristo. En la retórica que utiliza aparecen las expresiones bíblicas y relativas a los escritos de los evangelistas.
En la respuesta articulada en Palacio Nacional a la evaluación general del fracaso de la ejecución de una orden de aprehensión contra una figura emblemática del Cártel de Sinaloa, se contrastó el concepto del cumplimiento de la ley contra la idea del riesgo para la vida de las personas. Mucho se ha dicho de este falso dilema por el origen de la situación de peligro que se generó. Rescato el contraste: legalidad versus humanismo.
Es una pretensión engañosa y falaz porque el fin último de la ley es la salvaguarda de los derechos y las libertades de las personas, donde la vida ocupa un lugar preponderante en la expresión de la dignidad humana. Sin embargo, el contraste es recreado en las explicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante el deber de acatar el orden jurídico, que implicaba el ejercicio legítimo de la fuerza, y dejar de aplicarlo para prevenir su uso, optó por no cumplir con su obligación. Ceder ante el crimen organizado fue “una decisión difícil, pero muy humana”, afirmó.
Y además agregó que “la paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno”. Palabras interesantes y relevantes que dan cuenta de su inspiración religiosa para el desempeño del cargo y la gestión gubernamental para la que fue electo. Parece la confesión de parte sobre un gobierno anclado en una doctrina religiosa. El primer gran problema es la caracterización de nuestra República como laica y el derecho del pueblo de la Nación mexicana a vivir y convivir en un entorno de absoluto respeto a la libertad de convicciones de conciencia, éticas y religiosas.
El Estado laico implica, en lo esencial, la absoluta separación de las creencias religiosas o espirituales y de las responsabilidades terrenales del ejercicio del poder. El Estado no puede tener ninguna inclinación en esa materia, respeta el pensamiento, la decisión y el comportamiento de cada persona y salvaguarda esa libertad de creencia con la fuerza de la ley. Y, también, los creyentes de cualquier idea religiosa –o no creyentes– que acceden al ejercicio de responsabilidades públicas, no subordinan su actuación a los designios de sus creencias espirituales.
Desde luego que en la evolución del mundo y de nuestra sociedad un número muy significativo de valores inscritos en las leyes encuentran su origen en otros sistemas de ordenación de las conductas de las personas, destacadamente la moral y la religión. En esos planos, como en el de la ley, muchas conductas reprobables, por ejemplo, privar de la vida de alguien o apropiarse de lo ajeno. La diferencia son las consecuencias. Por eso la creencia religiosa o el código moral no pueden sustituir –en una sociedad que aspira a girar en torno al concepto jurídico de los derechos humanos– a la ley y sus consecuencias.
Sin embargo, es un patrón de conducta del Ejecutivo Federal buscar el sustento y el refugio en sus creencias religiosas. En la reciente visita a Etchojoa, Sonora, reivindicó los programas sociales de la administración federal con el razonamiento religioso: “El propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados, esto es humanismo, esto es justicia y es cristianismo… Entonces que nadie se alarme cuando mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo, todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo”.
Es bueno pedir que no nos alarmemos, pero hay obligaciones constitucionales que cumplir y aquí tampoco sirve la falacia con la cual aspiró a explicar el fracaso de Culiacán. La cuestión es la reiteración de un comportamiento: ubicarse por encima de la ley. Ésta se cumple cuando su contenido es acorde a la voluntad del mandatario. Sin embargo, así no hay garantía de que impere como norma general y, en este caso, para sujetar al poderoso.
Se vulneran las normas que ordenan al presidente ejercer su cargo con estricto apego al laicismo. Es serio y da cuenta de algo más grave, pues confirma que la crisis desatada por los hechos ocurridos en la capital de Sinaloa, el refugio se busca en su afirmación como una autoridad carismática.
En sus estudios de Sociología, Max Weber explicó la sustentación de la legitimidad de la autoridad en el carisma, la tradición o la ley. Son, claro, tipos puros y estas racionalizaciones sobre las características de liderazgo de quien ejerce las funciones públicas, se presentan entreveradas. En la realidad hay rasgos de un tipo y otro u otros. Hay comportamientos y expresiones que responden a alguno de ellos y contribuyen a caracterizar una gestión específica. Las diversas conductas y actitudes de cada quién pueden implicar alguno de esos tres rasgos fundamentales.
En nuestra realidad política reciente más inmediata: el logro de perseverar en la lucha política luego de dos derrotas en comicios presidenciales; las ceremonias a las tradiciones de pueblos indígenas para emprender acciones gubernamentales; y las consecuencias de la ley para quienes no acrediten el origen lícito de su patrimonio.
Mueve a la reflexión que, ante los sucesos que llevaron a ceder el ejercicio de la autoridad legal ante la delincuencia organizada y sus consecuencias, la defensa presidencial de esa responsabilidad no sólo sea refugiándose en la expresión de que se cuidaron las vidas del propio operativo había puesto en peligro, sino que se recurra a acentuar la base de su legitimidad en los referentes de la autoridad carismática.
Frente a las razones, las emociones; frente a los mandatos de la ley, las decisiones del “líder”; frente a la responsabilidad del deber, la dilución de las obligaciones. Antes que las normas, la determinación personal; antes que la lealtad al orden jurídico, el sentimiento del mandatario.
En la formación política de la modernidad, en el Estado de Derecho y la sujeción del poder a las normas jurídicas como garantía del respeto a las libertades personales, recurrir a la religión para asentar la autoridad constituye una evidencia específica de la distancia que el Ejecutivo Federal toma –reiteradamente– de sus obligaciones constitucionales.
Se recurre a la voluntad del mandatario con base en una inspiración religiosa; se recurre a la emoción de raigambre espiritual. Y se relega la disciplina de someterse a las disposiciones de la ley; se relega el laicismo y se descarta la autoridad igualadora del orden jurídico. Los derechos en riesgo.
regina
