Nacional - Economía

Las pensiones, una "bomba de tiempo"

2019-12-16

Hasta el momento, el presidente Andrés López Obrador, que recién...

Por Marcos Romero

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO.- Una crisis del sistema de pensiones, definido como una verdadera "bomba de tiempo", se avecina en México, cuando dentro de dos años se jubilen las primeras personas bajo el nuevo modelo inspirado en el esquema chileno de administradoras privadas.
    
Sin embargo, el gobierno todavía no adoptó medidas para evitar que se desaten movimientos sociales por esta causa como los que sacudieron tanto a Chile como a Ecuador.
    
En ambos países, se suscitaron recientes desórdenes callejeros contra las autoridades por medidas antipopulares como el alza en el transporte o en los combustibles.
    
Hasta el momento, el presidente Andrés López Obrador, que recién cumplió un año en el poder, creó una pensión universal que beneficia a las personas mayores de 68 años.
    
Empero, este plan podría transformarse en una fuerte carga fiscal al cierre de su gestión, con un costo superior a unos 10,000 millones de dólares, como alertaron expertos.
    
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población, la población mexicana está en vías de envejecimiento y hacia 2024 habrá más de 10.899,000 ancianos de más de 68 años, por lo que entregar mil 275 pesos al mes representará el 0,63% del Producto Interno Bruto (PIB).
    
En 2021 se jubilará la primera generación de trabajadores con Afore (Administradoras de Fondos para el Retiro), que comenzaron a cotizar a la seguridad social a partir del 1 de julio de 1997, cuando se creó el sistema de cuentas individuales de pensión.
    
Esta primera generación está integrada por unos 90,000 mexicanos que cumplirán 65 años de edad, según datos de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), de las cuales sólo 13% (unos 12,000) cumplirán las 1.250 semanas de cotización exigidas por la ley vigente en 1997, es decir, unos 24 años en el sector formal de la economía.
    
La mayoría de los empleados del país no llegan a cotizar a la seguridad social ni 40% del tiempo que trabajan durante su vida, según la Comisión Nacional para el Ahorro y el Retiro (Consar).
    
Una minoría sí podrá jubilarse a cargo del Estado y gozará de jubilaciones mejores, pero los demás recibirán, en el mejor de los casos, el 23% de su último salario, por lo que tendrán las pensiones más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
    
Eso significa que su pensión en promedio podría ser de unos 3,000 pesos (unos 150 dólares) si se parte de un salario de unos 10,000 pesos (500 dólares).
    
El Estado garantizará una pensión mínima de dos salarios mínimos, por lo que muchos optarán por acogerse a este beneficio. Desde la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) actual, inspirado en el modelo chileno, los sindicatos y especialistas anticiparon que la privatización de las jubilaciones "solo beneficiaría a las instituciones financieras".
    
"Había estudios de que el modelo no iba a ser viable en el país, porque debió ser acompañado de un modelo de aumento en el poder adquisitivo de los salarios", afirmó el especialista Carlos Alberto Jiménez, de la Universidad La Salle.
    
Gustavo Leal, otro especialista en el tema de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), un conocido ateneo público, consideró que la cuestión no puede ser aplazada ni dejada en manos de las autoridades financieras, sino ser objeto de análisis de asesores de alto nivel.
    
El presidente del país, Andrés López Obrador, "debe tomar cartas en el asunto como lo hizo en su momento su homóloga de Chile Michelle Bachelet" o mediante un "diálogo nacional" al estilo uruguayo, señaló Leal.
    
La falla del modelo que parecía muy prometedor y auguraba pensiones equivalentes al 70% del último salario se debió al bajo crecimiento de la economía mexicana, que entre 1997 y 2018 fue de 2,4% anual en promedio, juzgada por los entendidos como insuficiente para atender la demanda de empleos formales.
    
Actualmente, el 55% de la fuerza laboral trabaja en la economía subterránea y 48% de las más de 60 millones de cuentas individuales están inactivas por falta de aportes.



Jamileth