Editorial
La gran apuesta de López Obrador en Salud genera dudas sobre su viabilidad
Elías Camhaji | El País
La salud se ha convertido en la más reciente disputa política en México. El inicio de operaciones del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), la gran apuesta de la Administración de Andrés Manuel López Obrador para combatir los rezagos en la atención médica, ha desatado críticas por las dudas sobre su viabilidad técnica y por la ausencia de reglas de operación y legislación secundaria. El Insabi sustituyó al Seguro Popular, creado en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y continuado en dos sexenios siguientes para dar cobertura a 69 millones de mexicanos sin seguridad social. El Gobierno de Morena defiende que el Seguro Popular era campo fértil para la corrupción y los abusos contra la población más vulnerable, pero seis exsecretarios de Salud han censurado la puesta en marcha del Insabi, que deja en la incertidumbre a sus beneficiarios. Seis gobernadores de oposición se han negado a implementar el nuevo instituto en sus Estados.
En México, el acceso a la salud es un privilegio. El país tiene apenas 1,7 médicos por cada 1,000 habitantes, muy por debajo de los 3,2 que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El presupuesto sanitario ronda el 5% del PIB, también lejos del 9% que gastan en promedio los miembros de la OCDE. Existen también grandes diferencias regionales, agravadas por la centralización de recursos y especialistas.
Las desigualdades entre la población asegurada y la que no tiene seguridad social son palpables. En un país con más de la mitad de los trabajadores en la informalidad, la brecha de atención entre un miembro de las Fuerzas Armadas y una persona sin cobertura es casi tres veces mayor, según datos oficiales. La población rural tiene un acceso a la salud similar a la de países africanos y asiáticos pobres. "Los obstáculos financieros, técnicos y políticos son enormes", advierte Laura Flamand, investigadora del Colegio de México.
Ese fue el contexto que dio lugar al Seguro Popular en 2003. El programa contemplaba una cuota anual por familia según el nivel de ingresos, que iba de los 240 pesos a los 6,000 pesos (de 12 a 300 dólares, aproximadamente), aunque a veces la poliza no se cobraba porque los Estados tenían un incentivo para afiliar a más gente y recibir más recursos. A cambio, se les permitía tener acceso a servicios médicos a partir de un catálogo de unos 1,600 padecimientos basado en las principales necesidades. Casi el 90% del subsidio gubernamental iba a las arcas de los gobiernos estatales, que se encargaban de contratar a médicos y brindar la atención. Con el paso de los años surgieron denuncias por opacidad en el manejo del dinero y crecieron las críticas por las disparidades en el sistema de salud entre los Estados ricos y los pobres.
La justificación de López Obrador para acabar con el Seguro Popular y lanzar el Insabi en octubre pasado fue erradicar la corrupción y hacer más eficiente el gasto en línea con su política de austeridad. Pero, como muchos gestos de su Gobierno, también era una marcada línea de ruptura con las administraciones que le precedieron. "Políticos que vendían medicinas y que hacían su agosto", ha criticado este lunes el presidente en su conferencia matutina. "Por eso también los cuestionamientos, porque es una transa menos, un negocio que se les va", ha agregado tras anunciar la creación de la Universidad de la Salud para afrontar un déficit de 120,000 médicos.
La oposición ha criticado el combate anticorrupción del Gobierno. Lo califica de demagógico y como un pretexto para ocultar el fracaso de sus políticas. Una discusión similar se dio al arranque de su gestión cuando centralizó la compra de medicamentos, lo que generó un desabasto en algunos centros de salud. "No había prisa para hacer algo bien; hacer un borrón y cuenta nueva da cuenta de un retroceso", lamenta Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) e integrante de la campaña de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
La promesa del Insabi es alcanzar la cobertura universal, recentralizar la atención y garantizar el tratamiento con solo presentar una credencial oficial. Algunos consideran este cálculo demasiado optimista. "El Insabi nace sin reglas de operación, sin manuales, sin una planeación detallada de su implantación, sin una fase piloto de prueba y sin mayor presupuesto", critican Chertorivski y Julio Frenk, otro exsecretario de Salud, en un texto publicado en el periódico Reforma, "Insabi: incertidumbre que mata". Los exfuncionarios aseguran que el nuevo sistema tiene vacíos para los pacientes y los trabajadores sanitarios. "Se dice que se va a cubrir 'todo', pero bajo ese esquema no está claro hasta dónde se puede exigir que se garantice la salud como un derecho humano", opina Flamand.
Seis Estados lo rechazan
"Está condenado al fracaso", ha bufado Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y perteneciente al partido opositor Movimiento Ciudadano. Los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro y Baja California Sur —gobernados por el PAN— también se niegan a adherirse al nuevo marco. El Gobierno de López Obrador pide tres meses para afinar la operación del Insabi y confía en que los Estados se adherirán voluntariamente. Una excepción notable es la del también panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua, que dijo que sí se sumará. Otra crítica es que el director del Insabi, Juan Ferrer, no tiene experiencia previa en el sector salud, según la versión pública de su currículum.
"Lo preocupante es que los problemas de salud son impostergables", señala Flamand. A dos semanas del arranque del Insabi, decenas de millones de desafiliados se preguntan si serán atendidos cuando lleguen a las clínicas y hospitales. En los próximos tres meses, solo exbeneficiarios del Seguro Popular con 65 padecimientos contemplados en la Protección contra Gastos Catastróficos —como ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares en menores de 60 años— tienen garantizada la atención. El resto está en la incertidumbre. "Hay que evitar que sigan existiendo personas que lucran con la desesperación de la gente ante una emergencia médica, pero se necesita un plan más amplio y mayor claridad", sentencia la investigadora.
Jamileth
