Imposiciones y dedazos

El Estado autoritario

2020-01-31

“Obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino, y aquel que no quiera someterse a la...

Por Carlos Alberto Pérez Cuevas | Revista Siempre

“Obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino, y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado.”

 Thomas Carlyle.

La base de un Estado Constitucional de Derecho son las reglas del juego que dan certeza y seguridad jurídica. Su columna vertebral es la Constitución. La cual, siempre debe cumplir dos aspectos esenciales: la protección y defensa de los derechos humanos fundamentales y los límites y control al poder.

Esto no es negociable, si estamos en un Estado de Derecho, estos son los mínimos irreductibles a cumplir.

Lo que no está sucediendo en nuestro país. Por lo tanto, debemos de alzar la voz y denunciar las pretensiones autoritarias de imponer un régimen totalitario, que violenta los derechos humanos y que pasa por encima del Estado de Derecho para perpetuarse en el poder.

Nada de lo que aquí escribo es exagerado, aunque existan muchas voces que aún se escandalicen ante estos planteamientos.

El borrador de un proyecto de reformas judiciales que circuló en el Senado de la República y fue filtrado a los medios, resulta un atentado de muerte a las instituciones democráticas del país, a la separación de Poderes. Es una propuesta de invasión de facultades, de instauración de una ley del garrote y de un control total por parte del poder ejecutivo.

El documento referido, contenida varias propuestas de reformas que pretendían borrar al poder judicial, el sistema penal acusatorio como garantía de debido proceso en la participación del juez de control, la violación a la presunción de inocencia, la validación de pruebas ilícitas, entre otros. Pero vamos por partes.

Ese proyecto establecía que en el caso de cometer un ilícito y este fuera descubierto en flagrancia, automáticamente se presentaría al presunto delincuente al reclusorio, sin la revisión jurisdiccional que debe aplicar un juez de control, violándose el debido proceso.

Otra propuesta era validar las pruebas que se obtienen de manera ilícita. Lo cual abre un grave problema pues se estaría permitiendo que inclusive se pudiera usar la tortura u otros medios de presión ilegales para pretender probar conductas. Una regresión a la época más oscura del autoritarismo y represión policial. Violando derechos humanos fundamentales.

Además, se pretende en ese documento que la ley de amparo se reforme para evitar que los actos de autoridad puedan ser revisados por ese mecanismo de control constitucional. Es decir, es una propuesta para evitar que los ciudadanos puedan interponer el amparo por acciones autoritarias como las de cancelar un aeropuerto y construir otro sin los mecanismos legales previos que garanticen esas decisiones dentro del marco de la ley.

Como el caso de Santa Lucía que empezó a construirse sin un proyecto, sin las autorizaciones medioambientales, sin los estudios técnicos que garantizaran su viabilidad.  Esta obra fue detenida porque un juez determinó que el gobierno de la República no podía empezar a construir porque estaba obligado a reunir los requisitos legales previos.

Otra reforma contemplada en el documento referido es que el Senado sancionara a los jueces en lugar de que lo hiciera el Consejo de la Judicatura Federal. Una injerencia e intromisión que atenta contra la división de poderes.

El documento que apareció en el Senado no encuentra paternidad, pero tampoco nadie lo ha desmentido.

Fue un borrego que soltaron para ver reacciones. Lo más grave es permanecer callado y no denunciar este intento sorpresivo de autoritarismo. Porque este documento de reformas vendría a romper las reglas del juego, es decir, nos dejaría en estado de indefensión ante el poder de la autoridad. Ya no tendríamos seguridad ni certeza jurídica.

Estaríamos viviendo en un Estado Totalitario donde el poder se impone y aplasta a los ciudadanos. Defendamos las libertades y los derechos humanos fundamentales ya reconocidos en nuestra Constitución. Y permanezcamos en un Estado de Derecho que le impone límites y control a los excesos de poder. En esto, no debemos dar marcha atrás nunca.



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