Migración
Quejas en México por las deportaciones
Por Marcos Romero
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 31 ENE - Un amplio abanico de organizaciones sociales de México elevó su voz para condenar los procedimientos del gobierno de deportar masivamente a extranjeros que están entrando al país al reactivarse las caravanas migratorias.
Mientras desde Honduras se anuncio el inicio de un nuevo contingente en menos de un mes, a pesar de que dos registrados la semana anterior fracasaron, ONGS mexicanas señaló que las repatriaciones inmediatas y en grandes cantidades violan los derechos humanos. "Se viola el derecho de las personas de la no devolución y el derecho de las personas de solicitar asilo", señaló Alejandra Macías, de Asylum Acces México.
Según Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica de las Mujeres en la Migración, a los extranjeros sin documentos se les engaña para que subirse a buses y deportarlos o trasladarlos a "estaciones migratorias", de donde ya no los dejan salir.
En numerosos testimonios se ha denunciado que los migrantes suelen sufrir en estas instalaciones malos tratos, alimentación y viven en condiciones de hacinamiento y con servicios médicos que dejan mucho que desear.
Estas condiciones han empeorado con la llegada de las dos últimas caravanas, la primera de las cuales fue frenada desde que sus integrantes cruzaron el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala y la segunda cuando ya había recorrido unos 11 kilómetros.
Además, se ha detectado la presencia de niños entre los detenidos, a quienes no se les brinda una atención especial y conviven con los adultos en un ambiente totalmente inadecuado.
El organismo gubernamental Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que atiende a los infantes en condiciones de desventaja, señaló que encabezará un grupo de trabajo para la protección y atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
El propósito será "diseñar proyectos que garanticen la protección de este sector", a través de la coordinación de acciones de diferentes niveles de gobierno. La política migratoria del presidente Andrés López Obrador es objeto de cada vez mayor escrutinio de parte de expertos, opositores y grupos civiles.
A juicio de estos grupos, "le hace el trabajo sucio" al gobierno de Estados Unidos y en la práctica se convierte en una especie de "muro virtual" para impedir el paso a los migrantes.
Tras una decena de caravanas que transitaron por México entre octubre de 2018 y mediados de 2019, el gobierno decidió doblar las manos ante las presiones de Washington, que amenazó por conducto del presidente Donald Trump con imponerle aranceles a todas sus exportaciones si no paraba a los centroamericanos.
Además, México aceptó servir como "sala de espera" para decenas de miles de migrantes que aguardan la resolución de sus procesos de asilo en Estados Unidos y enviar a unos 26,000 miembros de la Guardia Nacional (GN), un tercio del total, a la frontera sur para evitar la entrada de personas sin documentos.
La semana anterior, dos intentos consecutivos por irrumpir en el país de parte de miles de centroamericanos fueron frustrados por la GN y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Las ONGs también criticaron la decisión del INM de prohibir la entrada de activistas a los centros de detención para migrantes, para verificar "in situ" las condiciones en que se encuentran.
López Obrador y la ministra de Gobernación, Olga Sánchez, negaron haber emitido esa orden, activistas de una decena de organizaciones no pudieron ingresar a instalaciones migratorias en todo el país.
Las entidades civiles llamaron al gobierno mexicano a ponerle fecha a una visita de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó desde 2019 poder realizar un recorrido por estos centros de detención para monitorear las condiciones en que se encuentran los migrantes.
Además, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados anunció que realizará una visita a instalaciones migratorias en Tapachula (estado de Chiapas), Tenosique (Tabasco), en la zona sureste del país, y en la capital, para verificar las denuncias de las organizaciones civiles.
JMRS
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