Calamidades
El reto de Chile
Editorial, El País
La ola de protestas populares que surgió en octubre en Chile y que aún continúa, con menor intensidad debido al periodo estival, ha colocado al país sudamericano ante varias encrucijadas que, de no solucionarse, pueden desestabilizar el futuro a corto plazo de uno de los países más estables de América Latina desde que recuperó la democracia.
Las revueltas sociales han golpeado el crecimiento de la economía chilena el pasado año. El Banco Central estima que el incremento del PIB será la mitad de lo que había proyectado. Antes del estallido social se esperaba un aumento del 2,5%, mientras que las últimas predicciones apuntan al 1,2%, colocando la economía chilena en el peor momento de la última década. Es significativo que la pequeña mejora que se registró en diciembre con respecto a los dos meses previos coincidiera con un ambiente de menor tensión y con protestas decrecientes.
Las próximas semanas, sin embargo, serán decisivas. En marzo comienza el año académico, se han convocado manifestaciones feministas multitudinarias con motivo del Día Internacional de la Mujer y se anuncia un rebrote con fuerza de las protestas con vistas al 26 de abril, fecha en la que el país celebrará el plebiscito para la reforma de la Constitución, redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Será, pues, un momento importante para comprobar cómo responde el Gobierno de Sebastián Piñera, que cumple la mitad de su mandato, a un nuevo desafío de orden público.
Pese a que las revueltas han bajado de intensidad y no se registran grandes manifestaciones como las de octubre y noviembre, se siguen produciendo protestas, que son en muchos casos reprimidas de una manera que cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad pública. Desde que se iniciaron las manifestaciones, más de 23,000 personas han sido detenidas, aunque la mayoría fueron puestas posteriormente en libertad. La semana pasada, siete policías fueron suspendidos por dar una paliza a un joven de 18 años. Son alarmantes también las denuncias de persecución, conocidas como “funas”, focalizadas en una persona en particular, tanto en la calle como en las redes sociales. El Gobierno de Chile debe dar plenas garantías de que las manifestaciones no se van a saldar, de nuevo, con una represión desproporcionada o brutal, que solo serviría para agudizar la tensión de una sociedad que ya esta crispada y que exige respuestas políticas.
Chile es ahora un país en el que el descrédito y la desconfianza con las instituciones alcanzan cotas alarmantes. Solo un 5% confía en el Gobierno y solo un 6% aprueba la gestión del presidente Piñera. Apenas un 2% se fía de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, carente de un liderazgo claro. En el sector privado, las cosas no van mejor: solo el 7% de los chilenos confía en las empresas. La clase política de Chile, un país que se ha caracterizado durante las últimas décadas por ser una referencia en América Latina por su transición política de una dictadura a una democracia, tiene ante sí un desafío formidable: responder a las demandas de sus ciudadanos y devolverles el aprecio por sus instituciones.
JMRS
