Una de cada tres mascarillas compradas en China para el personal sanitario no cumplen los requisitos

ELENA G. SEVILLANO, El País

Una de cada tres (el 32%) mascarillas destinadas al personal sanitario que han comprado las Administraciones públicas –tanto el Gobierno como las comunidades autónomas- durante la crisis del coronavirus no cumplen los requisitos de eficacia que marca la normativa. Así se desprende de los 173 análisis que ha hecho el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), dependiente del Ministerio de Trabajo, desde mediados de marzo y hasta el 19 de mayo, cuyos resultados agregados ha facilitado a EL PAÍS. Los datos muestran además que solo la mitad de las mascarillas, casi todas compradas en China y comercializadas sin marcado CE, resultaron ser de la mejor calidad, la recomendada para usarse con los equipos de protección individual (EPI) de los sanitarios: FFP2 y FFP3.

El 28% de las mascarillas analizadas tienen una eficacia de filtración inferior al estándar FFP1, es decir, inferior al 80% (dejan pasar hasta el 20% de las partículas). Además, otro 4% dio un resultado “no concluyente”, lo que quiere decir que el laboratorio no ha sido capaz de emitir una conclusión, por motivos como la falta de un número mínimo de muestras necesarias o la gran dispersión en los resultados. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el INSST analizó las mascarillas que la Comunidad de Madrid repartió la semana pasada a la población. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que eran FFP2 (eficacia de filtración del 94%), pero el INSST determinó que no tienen calidad para ser consideradas así, puesto que su capacidad de filtrado es insuficiente. Se analizaron varias muestras y cada una dio un resultado distinto, lo que impidió encuadrarlas en una categoría. Uno de los resultados indicó que dejan pasar casi el 40% de las partículas.

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A lo largo de estas semanas se han conocido varios casos de mascarillas defectuosas. Ocurrió, por ejemplo, con las de marca Garry Galaxy que compró el Ministerio de Sanidad a un proveedor chino llamado Hangzhou Ruining Trading. Antes de retirarlas los sanitarios las habían usado al menos durante 10 días en varias comunidades autónomas. No se habían analizado antes de entregarlas. El INSST detectó que su capacidad de filtrado estaba en torno al 70%, cuando debería superar el 90%. Sanidad pagó cada unidad a 3,56 euros. La Junta de Andalucía ha tenido que retirar hasta cuatro lotes de cuatro marcas distintas: las Garry Galaxy, pero también otras compradas por esta comunidad o llegadas a través de donaciones privadas: Elite Respirator, Purgivor e Inuan. Entre las mascarillas analizadas por el INSST están también unas de marca Sinpul, vendidas como FFP2, que Aragón tuvo que retirar de distintos centros sanitarios a principios de mayo. Se habían repartido 17,000.

“Nos alegra ver que las comunidades han mandado las mascarillas a analizar, pero nos preocupa que otras empresas, como grupos de inversión o compañías ajenas al sector, estén publicitando material que no hay verificado. Está llegando producto muy malo”, asegura Luis Gil, secretario general de Asepal, la asociación de empresas de equipos de protección individual. Gil lamenta también que las Administraciones no verifiquen las mascarillas antes de entregarlas sino después, como le ha ocurrido a Madrid, que repartió millones de mascarillas antes de llevarlas a dos organismos certificadores independientes, de los que aún esperan resultados, según un portavoz de la Consejería de Sanidad.

Los profesionales sanitarios contagiados de coronavirus en España son más de 51,000, según la última cifra facilitada por el Ministerio de Sanidad. España es el país con más profesionales sanitarios contagiados, según un informe publicado a finales de abril por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), que destaca que el 20% de los casos registrados en España afecta a este colectivo mientras en Italia es un 10%, en Estados Unidos, un 3%, y en China, un 3,8%.

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