El despacho del exjuez Baltasar Garzón asume la defensa del presunto testaferro de Maduro

Francesco Manetto | El País

México.- El despacho de abogados dirigido por el exjuez español Baltasar Garzón ha asumido la coordinación de la defensa del empresario colombiano Alex Saab, detenido en junio en Cabo Verde bajo la acusación de ser uno de los principales operadores financieros del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Saab es reclamado por Estados Unidos por lavado de dinero y su arresto se enmarca en las investigaciones de Washington contra el régimen chavista. El bufete de Garzón, el International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD), ha confirmado este miércoles que se encargará del caso “ante las evidencias de que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas”.

“Consideramos que existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense”, señala el despacho a través de un comunicado. “Es importante destacar cómo muchas de las acciones judiciales en EE UU están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”. Garzón, que como magistrado procesó en los noventa al dictador chileno Augusto Pinochet, y trató de extraditarlo, y en 2012 asumió la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha declinado por el momento hacer declaraciones sobre la investigación.

Saab, muy próximo a Maduro y, según los señalamientos, una figura clave para las finanzas del aparato chavista, hizo escala en Cabo Verde a mediados de junio. Las autoridades del archipiélago africano lo detuvieron tras recibir una circular de Interpol y su captura no solo dio pie a la rotunda protesta de Caracas, sino que sumió al régimen en una profunda inquietud. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó de arbitrario ese procedimiento y recordó que el empresario estaba actuando como representante del Gobierno con inmunidad diplomática.

Empezó entonces un pulso por la extradición a Estados Unidos que aún no está resuelto. El bufete fundado por Garzón considera que “el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado”. La defensa lo sitúa, en definitiva, en el centro de un cerco diplomático internacional contra Venezuela, “una estrategia política de guerra jurídica inaceptable por parte de aquel país”.

Las relaciones del empresario, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y nacionalizado venezolano, con el chavismo comenzaron por lo menos hace casi una década con el propio Hugo Chávez. Sin embargo, de acuerdo con las acusaciones, se convirtió en testaferro de Nicolás Maduro y su entorno una vez el dirigente llegó al poder, en el año 2013. Una de las tramas que hizo posible, según las investigaciones del portal Armando.info, fue la de los contratos de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Esto es, la red de reparto de alimentos a las franjas más vulnerables de la población: productos de pésima calidad y, según las pruebas conocidas, supuestamente adquiridos con sobreprecio.

La defensa, sin embargo, se centra en estos momentos en los trámites de extradición. El ILOCAD anuncia que acudirá “acudiremos a los diferentes organismos e instituciones competentes dependientes de Naciones Unidas y de la Unión Africana para hacer valer los derechos del señor Saab”. Los abogados del empresario denuncian, además, que el pasado lunes el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, trató de visitar a Saab y el director de la prisión en la que está bajo custodia se lo impidió, lo que motivó la presentación de una queja formal de su letrado en el archipiélago, José Manuel Pinto.

“Estos hechos, sumado a que el equipo legal ha tenido el acceso al señor Saab restringido durante los últimos 40 días, se tratan de una radical vulneración al derecho a la defensa, al impedir una visita de un miembro de su equipo legal”, se lee en una comunicación de sus defensores. “Pero más grave aún es que se trata de una violación al derecho que tiene toda persona privada de libertad en un país extranjero a ser visitado y asistido por la autoridad consular (cónsul o embajador) que le representa”.

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