Panorama Norteamericano

¿Qué pasará después de la votación del 3 de noviembre? Tal vez una batalla legal

2020-08-11

A casi 80 días del 3 de noviembre, los abogados ya están en los tribunales...

Por Peter Baker, Nick Corasaniti, Michael S. Schmidt y Maggie Haberman | The New York Times

La batalla turbulenta y sin precedentes de recuento de votos en Florida que polarizó a Estados Unidos en el año 2000 y ocasionó que la Corte Suprema tuviera que decidir el resultado de la contienda pronto podría parecer parte de unas elecciones para el consejo estudiantil de una preparatoria al compararla con lo que podría suceder después de las elecciones de noviembre.

Imaginemos no una sola Florida, sino decenas de Floridas. No un solo conjunto de demandas, sino una amplia variedad de ellas. Y, en vez de dos candidatos mesurados que se quedan al margen y dejan la lucha en manos de sus representantes, un presidente de Estados Unidos en funciones desatando su furia en MAYÚSCULAS vía Twitter desde el Despacho Oval mientras maquina formas de usar las atribuciones de su cargo para interferir.

En los últimos días, se ha planteado con mayor claridad la posibilidad de que noviembre sea muy difícil, y tal vez también lo sean diciembre y enero, debido a que el presidente Donald Trump ha dicho que las elecciones serán fraudulentas y a que los demócratas lo acusan de intentar que eso se convierta en una profecía autocumplida.

A casi 80 días del 3 de noviembre, los abogados ya están en los tribunales organizando ataques preventivos y preparándose para los enfrentamientos más perniciosos que podrían surgir. Al igual que la campaña de Trump, la de Joe Biden y su red de grupos demócratas de apoyo están equipándose con abogados, y los demócratas están analizando los peores escenarios, que incluyen cómo responder si Trump se declara victorioso de manera prematura o envía autoridades federales a los bastiones del partido como una táctica de intimidación.

La batalla que se está gestando es la versión más reciente de la prolongada controversia sobre el derecho al voto, definida por la idea de que una mayor participación aumentará las posibilidades del Partido Demócrata. Los republicanos, al abrigo de afirmaciones cuestionables o infundadas acerca de un fraude generalizado, están intentando frenar medidas que faciliten que más personas voten, y los demócratas están presionando con mayor fuerza que nunca para garantizar el acceso a las boletas electorales y ampliar el electorado.

No obstante, el enfrentamiento se ha complicado en gran medida este año debido al desafío que representa celebrar unas elecciones a nivel nacional en medio de una pandemia mortal, cuando existe una mayor dependencia de las votaciones por correo, proceso que podría demorar el recuento de modo que el día de las elecciones se convierta en la semana o el mes de las elecciones. Además, el ambiente se ha visto exacerbado por un presidente que ya empieza a usar palabras como “golpe de Estado”, “fraude” y “contaminadas” para deslegitimar las elecciones incluso antes de que ocurran.

La batalla se está desarrollando en dos terrenos: la definición de las reglas acerca de cómo se realizarán las votaciones y la preparación para las peleas con respecto a cómo deberán contarse los votos e impugnar los resultados.

“La gran crisis electoral se origina por la posibilidad de que cientos de miles de boletas no se cuenten en estados decisivos sino hasta una semana o más después de las elecciones”, señaló Richard H. Pildes, académico constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Pildes afirmó que, si el candidato que lleve la ventaja la noche de las elecciones termina por perder más adelante, habrá sospechas, teorías de conspiración y polarización. “No me cabe duda de que la situación será delicada”, comentó.

Ya han surgido algunos puntos conflictivos:

Un servicio postal deficiente desde hace mucho tiempo que ahora dirige un megadonador de Trump y que al parecer está abrumado por la perspectiva de tener que entregar decenas de millones más de votos emitidos por correo con un gobierno que se rehúsa a proporcionar un financiamiento bastante más considerable.

La inquietud entre los demócratas de que Trump o el fiscal general William Barr puedan usar su cargo para encender alarmas lo suficientemente sonoras acerca de un fraude electoral como para que los funcionarios estatales y locales que los apoyan ralenticen o pongan obstáculos a los resultados adversos.

La controversia acerca de si las boletas enviadas por correo deben contarse solo si se reciben a más tardar el día de las elecciones o si basta con que tengan matasellos del día de las elecciones o anterior, además de qué hacer si la oficina de correos no coloca ningún matasellos.

Las discusiones relacionadas con el uso de buzones para devolver las boletas y el número de casillas para votaciones presenciales en medio de los riesgos de contraer la enfermedad.

Las peleas acerca de si se necesitarán testigos para la votación en ausencia en un momento de distanciamiento social y qué hacer si las firmas no coinciden con las que hay en el expediente.

Según el recuento de Pildes, las organizaciones de los partidos, las campañas y los grupos de interés ya han presentado 160 demandas en todo el país para tratar de dar forma a las reglas de la elección. La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano han presentado alrededor de 40 en 17 estados, algunos en respuesta a demandas demócratas, como parte de una amplia campaña de litigio de 20 millones de dólares contra políticas que facilitan la votación sobre la base de que podrían conducir a un fraude.

“¡Te veo en la corte!”, tuiteó Trump hace unos días a Nevada, que acababa de aprobar una legislación de votación universal por correo, según la cual el estado envía por correo una boleta a cada votante registrado.

“En realidad, son esfuerzos para lanzar tachuelas frente a los neumáticos para que los estados no puedan realizar sus elecciones esta vez”, dijo Michael Waldman, presidente del Centro Brennan para la Justicia y exasistente del presidente Bill Clinton.

Los demócratas y sus aliados, liderados por Marc Elias, el asesor jurídico del Comité Nacional Demócrata, están intentando aumentar las alternativas para votar, sobre todo mediante votaciones por correo. Tienen litigios activos en muchos estados en disputa a fin de que haya una mayor flexibilidad en las fechas límite, las firmas y la necesidad de testigos, entre otras cosas.

Los republicanos mencionaron que sus luchas en los tribunales tienen por objeto evitar que los demócratas cambien las reglas a mitad de la contienda.

“La gente lo considera un ataque a las votaciones por correo”, señaló Justin Riemer, abogado en jefe del Comité Nacional Republicano. Pero, de hecho, “en general se trata de proteger las garantías que están vigentes”, afirmó.

Trump, quien también hizo aseveraciones infundadas acerca de un fraude en las elecciones de 2016 a pesar de haber ganado, ha señalado que no dudará en recurrir a los tribunales después del día de las elecciones si no le gusta el resultado. A diferencia de lo sucedido en el año 2000, cuando el Departamento de Justicia se quedó casi por completo al margen, ahora a los demócratas les preocupa que, si Trump pierde, Barr interfiera con demandas civiles, investigaciones o declaraciones públicas que pongan en duda el resultado. Y algunos demócratas dicen que no están seguros de que cómo respondería Trump, con la presidencia en juego, a una sentencia judicial en su contra.

Algunos demócratas manifiestan incluso temor de que Trump envíe agentes federales a las calles, como lo hizo las semanas recientes en Portland, Oregón. Los demócratas tienen planes de acción en caso de que, poco antes de las elecciones, Trump despliegue oficiales de inmigración en los vecindarios de latinos con el fin de intimidar a los ciudadanos para inhibir su participación.

“Es una preocupación enorme”, comentó Alex Padilla, secretario de estado de California.

Los asesores de Trump desestiman esa narrativa como mensajes partidistas acalorados. Justin Clark, subdirector de campaña del presidente, señaló que estados como California y Nevada, que están intentando ampliar la votación por correo en estos momentos, eran los que estaban preparando el terreno para unas elecciones caóticas.

“Apresurarse a implementar votaciones por correo universales propicia retrasos en el recuento, en los resultados e incertidumbre acerca de quién es el ganador de las elecciones”, comentó.

Las autoridades de Nueva York tardaron seis semanas en determinar los ganadores de dos primarias demócratas de la Cámara de Representantes, ya que lidiaron con diez veces el número normal de votos en ausencia, un estudio de caso sobre la posibilidad de un recuento prolongado en el otoño, aunque no sea un ejemplo de fraude, como Trump ha afirmado falsamente.

Clark es uno de los mejores combatientes del partido en peleas de fraude electoral. En una grabación de 2019, le dijo a sus compañeros republicanos: “Tradicionalmente, siempre han sido los republicanos suprimiendo votos en algunos lugares. Comencemos a proteger a nuestros votantes”.

Los republicanos, dijo, debían ser más agresivos. “Empecemos a jugar un poco a la ofensiva”, dijo entonces. “Eso es lo que se verá en 2020. Va a ser un programa mucho más grande, un programa mucho más agresivo, un programa mucho mejor financiado”.

Más tarde dijo que se refería a acusaciones falsas contra los republicanos. En 2018, un juez federal levantó un decreto de consentimiento vigente desde 1982 que prohibía al Comité Nacional Republicano realizar ciertos esfuerzos de seguridad, como les llaman, en las boletas.

Cuando se le preguntó sobre esos comentarios, Clark dijo: “Los demócratas siempre han acusado a los republicanos de supresión de votantes. El hecho es que todo lo que han hecho los demócratas este año es impulsar leyes de votación desquiciadas”.

El equipo de Trump también ha intentado bloquear otro pilar de las votaciones en ausencia: el buzón. En 2018, en Colorado, uno de los cinco estados que vota casi totalmente por correo, el 75 por ciento de las boletas fueron devueltas a través de un buzón o en una casilla. En Pensilvania, la campaña de Trump presentó una demanda contra la ampliación del uso de buzones, una jugada que ha inquietado a los funcionarios electorales de todo el país.

Jena Griswold, secretaria de estado de Colorado, dijo que los ataques del presidente al Servicio Postal y su negativa a dedicar suficientes recursos para solucionar sus problemas mostraron sus motivos poco honestos.

“Haces todo eso y luego atacas los buzones, la alternativa a votar de forma segura, es un patrón de supresión de votantes”, dijo. “Es un patrón de supresión de votantes y creo que es realmente reprobable”.

Otros buscan evitar la descalificación de las boletas por cuestiones de procedimiento, como los matasellos y la fecha de recepción. “Votar no debería ser un juego de trampas”, dijo Ann Jacobs, presidenta de la Comisión Electoral de Wisconsin.

La Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar, aprobada por amplios votos bipartidistas en 2002 en respuesta al recuento de Florida, estaba destinada a ayudar a los estados a actualizar y estandarizar los procedimientos de votación. Pero le da al fiscal general el poder de presentar demandas civiles para hacer cumplir sus disposiciones y algunos críticos dijeron que Barr podría usar eso para intervenir.

Algunos demócratas señalaron que estaban menos preocupados por la interferencia directa de Trump o de Barr, pero afirmaron que estos podrían usar su cargo para presionar a los funcionarios estatales o locales que los apoyan para que intercepten los votos y a la vez promuevan una narrativa que debilite la credibilidad de un recuento de votos que no favorezca al presidente.

“El presidente tiene muy poca autoridad, si es que tiene alguna, sobre cómo se llevan a cabo las elecciones”, comentó Elias, el abogado demócrata. “El poder de Trump radica en que no tiene vergüenza y esa falta de vergüenza ha contaminado todo su partido político”.

“No podemos imaginar al partido de George Bush, ni al de John McCain, ni al de Mitt Romney, ni siquiera al de Reince Priebus, diciendo en voz alta las cosas que Donald Trump pregona todos los días o cada semana en Twitter, en el Despacho Oval y en el Jardín de las Rosas”, añadió.

Ante la perspectiva de un recuento ampliado y confuso que se prolongue hasta mucho después del día de las elecciones, se está prestando mayor atención a las fechas límite establecidas por la legislación federal. Según la llamada disposición de refugio, los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver los conflictos por los resultados, lo que significa que tienen solo cinco semanas, el mismo plazo que hizo que se suspendiera el recuento de Florida en el año 2000 cuando George W. Bush iba a la cabeza.

El senador republicano de Florida Marco Rubio, con el argumento de un posible “escenario de pesadilla para nuestro país”, introdujo el jueves una legislación para ampliar la fecha límite al primero de enero, lo que les otorgaría a los estados tres semanas y media más para realizar el recuento. El Colegio Electoral se reuniría el 2 de enero en vez del 14 de diciembre, aún a tiempo de proporcionar sus resultados al Congreso para que ratifique el resultado el 6 de enero, como está programado.

Al final, podría depender de lo estrecho que en realidad sea el margen.

Si “es evidente que uno u otro candidato tiene una clara mayoría en el Colegio Electoral, entonces no creo que haya mucho que pueda hacer Trump si él es el perdedor, excepto quejarse”, señaló Trevor Potter, presidente de Campaign Legal Center y expresidente de la Comisión Federal Electoral. “Pero si el margen es estrecho, entonces creo que existe la posibilidad de que haya muchos percances”.



Jamileth