Editorial

¿Se derrumba el Estado cultural mexicano?

2020-08-26

Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y su partido (Morena), las...

Por Rafael Rojas | The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — Desde hace un siglo, México posee una de las políticas culturales más integrales y ambiciosas de América Latina. El Estado cultural, una aspiración que el historiador Marc Fumaroli atribuyó a la Francia moderna, también arraigó en el México posrevolucionario por medio de instituciones académicas como El Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, editoriales como el Fondo de Cultura Económica y revistas como El Trimestre Económico y Cuadernos Americanos, como Plural y Vuelta.

Toda una tradición intelectual que va de Daniel Cosío Villegas a Octavio Paz y de Alfonso Reyes a Carlos Fuentes fue continuada por la generación del 68 y logró sobrevivir a la transición democrática y el giro neoliberal de fines del siglo XX. Entonces el régimen político mexicano dejó de ser una mancuerna de partido hegemónico y presidencialismo ilimitado y se crearon condiciones para la alternancia en el poder. Pero la articulación de una esfera pública y un campo académico y de pensamiento, subsidiados por el Estado, que ejercían la crítica del autoritarismo, se mantuvo. Hasta ahora.

Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y su partido —el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)—, las bases del Estado cultural mexicano comienzan a removerse. Hoy, en México se respira un ambiente de “hostilidad a la cultura”, ha dicho el escritor Gabriel Zaid.

Es una mala noticia para la tradición intelectual mexicana y para la consolidación de su democracia que ese legado se ponga en duda.

Reemplazar el sistema del Estado cultural por uno en que cada corriente política deberá asumir el pago de sus proyecciones intelectuales y mediáticas, es peligroso por muchas razones. En primer lugar porque atiza la polarización y el partidismo político en foros académicos y periodísticos, que requieren de un margen de neutralidad y autonomía para desempeñar su labor. Cuando el presidente y sus partidarios repiten indiscriminadamente la consigna de “fuera máscaras” (una frase de López Obrador) no hacen más que evidenciar que no comprenden ni toleran la independencia del campo intelectual. Es grave, también, ese ataque al Estado cultural porque incentiva el antiintelectualismo y desafía la normatividad pluralista de la joven democracia mexicana, que se plasma lo mismo en las leyes electorales que en las de medios de información.

Una de las últimas muestras de ese avance del antiintelectualismo ha sido la desproporcionada sanción contra la revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín. Por una irregularidad en un contrato de publicidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2018, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, impuso a la revista una multa de casi un millón de pesos y una inhabilitación por dos años para colaborar con la administración federal y los gobiernos estatales. En redes sociales favorables a AMLO, la sanción contra Nexos, lo mismo que las tempranas diatribas contra la revista Letras Libres y su director Enrique Krauze, se inscriben en una atmósfera de linchamiento mediático contra el campo intelectual de la transición democrática.

Durante los años dorados del Estado cultural que ahora está en riesgo, no solo había disenso y crítica desde instituciones y editoriales financiadas por el gobierno. También existía una red de periódicos y canales de radio, cine y televisión que, con apoyo del Estado, facilitaban el debate de ideas. Los suplementos literarios de los periódicos y los medios de comunicación públicos respondían a una política cultural que, desde los años noventa, buscó una representación equitativa de las diversas corrientes ideológicas del país. En la prensa y en la televisión era común ver a críticos de izquierda como Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska y a políticos opositores como Cuauhtémoc Cárdenas, el propio López Obrador o el subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A pesar de sus muchos partidarios en el sector académico e intelectual, AMLO propuso una limitación del debate público por medio del recorte presupuestal. Algunas de las instituciones más afectadas han sido centros de investigación y educación superior, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El mismo López Obrador, a través de sus conferencias matutinas, las Mañaneras, defendió aquellos recortes al tildar a instituciones académicas y medios de comunicación de “conservadores”, “neoporfiristas” o “fifís”. El presidente llegó a ser bastante explícito cuando sostuvo que aquellos escritores, artistas y profesores que criticaban el autoritarismo del viejo régimen del PRI eran, en realidad, “intelectuales orgánicos” del periodo de la transición, que no debían ser financiados por el Estado.

El Partido de la Revolución Democrática, que López Obrador presidió en los noventa y que lo llevó a la jefatura del gobierno de Ciudad de México en el año 2000, fue uno de los beneficiarios de aquel sistema de subsidios. También lo fue Morena. La presencia del nuevo partido y López Obrador en los medios de comunicación y el campo académico e intelectual mexicano hasta 2018 fue constante y protagónica.

Lo intrigante es que tanto López Obrador como algunos de sus secretarios también formaron parte de ese mismo campo por medio de instituciones como la UNAM, la UAM, el Colmex, el periódico La Jornada o la revista Proceso. La cuarta transformación, como ha denominado a su movimiento, tampoco ha puesto fin al pago de medios, como se observa en el incremento de apoyos financieros del gobierno federal a Televisa, Tv Azteca, La Jornada, El Universal o Milenio. Pareciera que el sistema no cambia sino que regresa a su variante más autoritaria en los años sesenta y setenta, cuando presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo sostenían una relación tormentosa con la prensa crítica.

El financiamiento público de medios e instituciones adopta, de modo cada vez más desenfadado, la forma de un reparto de premios y castigos al silencio o la crítica.

Mientras más vocal sea un grupo en su cuestionamiento del discurso oficial, más expuesto se verá a recortes y sanciones por parte del gobierno. Frente a esa regresión autoritaria, a los medios y, especialmente, a las publicaciones intelectuales, no quedará otra ruta que la autonomía originaria, que distinguió plataformas como Proceso y Vuelta en el siglo pasado.

El Estado cultural trajo múltiples beneficios a México. Gracias a la crítica intelectual se evitó, en buena medida, que el autoritarismo mexicano avanzara hacia una dictadura militar de derecha, como las que asolaron América Latina durante la Guerra Fría. Gracias al sistema de financiamiento público de instituciones y revistas, México se convirtió en lugar de asilo de muchos intelectuales y académicos que huían de aquellas dictaduras.

Cuando un gobierno sanciona a un medio crítico, como Nexos en este caso, pierde más de lo que gana. La democracia se nutre del diálogo y el debate, no de la segmentación y el insulto. En una democracia joven como la mexicana, es fundamental defender ese Estado cultural que, pese a obstáculos y limitaciones, había logrado subsistir hasta hoy.



Jamileth