Los inquilinos expulsados por la pandemia en México: “Solo me daba para comer y debía seis meses de renta”

Jon Martín Cullell | El País

México.- El muñeco de la niña, 30 pesos. Jota Jota, el cachorro de pilas que levanta las patas, no menos de 60 pesos. “No sé si ladra, pero hace ruiditos”, dice Diana Lemus a los interesados, protegida por una careta. “¡Métale la mano, patrón!”, anima Omar Navarro. Desde temprano, a orillas de un canal que huele a podrido, el matrimonio se ha instalado con los restos de su mudanza en el tianguis de Potrero del Rey, una colonia humilde en el municipio de Ecatepec. Deben seis meses de renta y esperan que las veinte cajas de cacharros ayuden a empezar a pagar. Mientras reúnen la suma, se han mudado a casa de los suegros, a una hora y media de la colonia donde solían vivir. “Ha sido un cambio radical”, resume Lemus sobre su nuevo vecindario.

El coronavirus ha provocado un incremento histórico del desempleo. Hasta julio, México había perdido algo más de un millón de empleos formales y, según un análisis del Consejo de Evaluación de Política Social (Coneval), hasta 11 millones de personas corren el riesgo de caer en pobreza extrema. Si bien las autoridades aseguran que en agosto se recuperarán puestos de trabajo, la vuelta a los niveles de producción y empleo anteriores a la crisis tardará tiempo. Ante el peor derrumbe en décadas, el pago de las rentas se ha vuelto una preocupación para miles de inquilinos.

El 16% de las viviendas en México es de alquiler, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el porcentaje es menor que en otros países, el monto relativo que se destina a la renta es superior al estándar internacional, según un estudio de Coneval de 2018. El 10% con menores ingresos llega a gastar el 61%, lo que deja un escaso margen para cubrir otras necesidades básicas. Con la caída de ingresos por la pandemia, ese margen se ha vuelto aún más estrecho. Algunos arrendatarios han logrado negociar una rebaja del alquiler, pero otros se han visto obligados a dejar su vivienda. Según una encuesta reciente de la ONG Habitat International Coalition (HIC), un 62% de los inquilinos entrevistados en mayo tuvo problemas para cumplir con el alquiler. De estos, un 35% trabajaba y otro 24% estaba desempleado.

En marzo, Lemus y Navarro, de 32 años, dejaron de pagar la renta de su departamento en la colonia Obrera, en el centro de Ciudad de México. Era un edificio modesto con grandes ventanales que dejaban entrar el fresco y el trajín de la capital. Trabajaban de meseros en eventos de noche y el cierre de los restaurantes y bares fue una patada. El matrimonio improvisó y empezó a vender aguas de sabor en la calle, pero las cuentas seguían sin cuadrar. De ganar unos 24,000 pesos al mes, unos 900 dólares, pasaron a ingresar 8,000, unos 360 dólares. Casi la mitad iba a pagar la renta. Cuando rompió la temporada de lluvias sobre la capital, el consumo de agua bajó y con él los ingresos.

El arrendador les dijo que esperaba. En siete años, no le habían fallado con la renta. Aun así, la presión crecía. “Sentía que me estaba estancando. Me salía para comer, pero no para más y la deuda seguía aumentando mes con mes”, recuerda Lemus. A mediados de agosto, la pareja y sus cuatro hijos dejaron la colonia y se mudaron a un altillo pintado de azul en la casa de los suegros en la colonia Potrero del Rey. Es una calle de viviendas bajas, suelo de tierra y baches. Se dice que la van a pavimentar. La basura la recoge un carro tirado por una yegua. Allí, el matrimonio ahorra en renta, a costa de alejarse de su fuente de empleo. “Están saliendo eventos nuevamente. Mi trabajo está allá. Son pasajes, una hora y media de tiempo de traslado”, explica Lemus.

Al desplome de ingresos se añade el incremento de las rentas, incluso en plena pandemia. “Los propietarios no digieren todavía que el mercado está muy castigado y se niegan a entrar en el círculo de baja de precios y eso hace que el sector todavía se contraiga más”, explica Roberto Barrios, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios. Según información del portal Propiedades.com facilitada a EL PAÍS, el precio promedio de las rentas de departamentos en oferta en Guadalajara, Ciudad de México y Cancún bajó al inicio de la pandemia para luego rebotar. En la capital, los alquileres cayeron un 8,6% en marzo, pero en mayo ya eran 21% superiores a los de febrero. En junio y julio, se estabilizaron en niveles similares a los del periodo anterior a la pandemia.

A Yolanda Bonilla, vendedora ambulante de postres y madre soltera de 37 años, el arrendador le quiso subir el alquiler a finales de abril un 60%, de 3,000 a 4,800 pesos. El Gobierno ya había declarado la emergencia sanitaria y las calles estaban prácticamente vacías de viandantes y comedores de gelatina. “Que por la crisis que estábamos pasando había cerrado su tienda y tenía que asegurar su bienestar y el de su hija, que no me había subido el año anterior y que ya era tiempo”, recuerda que le dijo. Como Bonilla no podía pagar y ya se vencía el mes, el propietario les dio a ella y sus tres hijos adolescentes nueve días para dejar el departamento en la delegación Azcapotzalco de la capital.

Solo el 41% de contratos de alquiler en México están registrados, según los últimos datos del Inegi. El de Bonilla era de palabra, pese a llevar casi cuatro años en ese departamento. Al principio, el propietario sí le hizo un contrato por escrito, pero al terminar se lo renovó verbalmente. Bonilla le pidió varias veces que lo oficializaran en un documento, pero la petición se quedó en nada y ella lo dejó pasar. “Tanto yo podía salirme cuando lo deseara como él me podía pedir el departamento cuando quisiera”, explica. Esa flexibilidad para ambas partes se ha vuelto en su contra en el peor momento.

La ausencia de contrato por escrito deja al arrendatario vulnerable ante posibles abusos, según la abogada María Silvia Emanuelli, coordinadora para América Latina de Habitat International Coalition. Un 8% de los entrevistados para la encuesta de esta ONG afirma haber sido presionado para dejar la vivienda durante la pandemia. “Es más fácil presionar al inquilino para dejarla si no tiene un contrato. Normalmente no se defiende en un juicio. Se puede resistir y el propietario recurrir, pero en muchas ocasiones el inquilino no quiere pasar por ese proceso. Prefieren irse”, explica Emanuelli. En Ciudad de México, el código civil no prevé una sanción por la falta de contrato por escrito, apunta.

Repunte de desalojos, a la vista

A principios de julio, varias plataformas de la sociedad civil así como diputados locales de Morena llevaron al Congreso de la capital una reforma al código civil. Como respuesta a la crisis, la iniciativa proponía impedir los desalojos en caso de no haber contratos por escrito y abrir la posibilidad, en momentos de emergencia, de que el inquilino solicitara una “renegociación transitoria o definitiva de las condiciones”. La propuesta fue criticada por la oposición y las organizaciones patronales al considerar que vulneraba la seguridad jurídica de los propietarios y Morena la mandó al congelador.

Hasta ahora, los desalojos judiciales como consecuencia de la pandemia son escasos. Los tribunales estatales cerraron durante los meses de mayor contagio y apenas acaban de abrir. Sin embargo, el incremento del impago debido a la crisis económica hace prever un repunte en los siguientes meses. El despacho especializado Aequitas Abogados recibió en julio 45 demandas judiciales por desalojo cuando lo habitual eran 16 mensuales. Los juicios tardan en promedio unos seis meses y un 90% de los que han tratado se resuelve a favor del demandante, asegura el abogado Carlos Ochoa. Solo en Ciudad de México se lanzaron entre 2014 y 2018 un promedio de unos 1,200 desalojos a arrendatarios al año, según datos públicos del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

Frente a los juzgados de lo civil en Ciudad de México, los cargadores, como se conoce al personal que vacía los departamentos de muebles y objetos personales, esperan impacientes un retorno de la actividad. En medio de un bullicio de trajes y maletines de abogado, reparten tarjetas de contacto o se dedican a aparcar coches. “Se supone que hay tres o cuatro meses de rezago por la covid”, dice Diego Castillo. Este martes ha tenido trabajo: un departamento habitado por una familia de cinco personas y pendiente de desalojo desde marzo. El Gobierno local ha enviado un camión de policía y Castillo ha tardado alrededor de una hora en vaciarlo. Más de lo normal, dice. “El dueño nos argumentaba que el inmueble estaba vacío. Pero tenían muchísimas cosas, cháchara”, explica.

La venta de peluches y zapatos desgastados en el tianguis de Potrero del Rey va viento en popa. A ratos, los clientes se amontonan y el puesto de Lemus y Navarro es la envidia de los comerciantes vecinos. Pero la pareja necesita más para levantarse de nuevo. Con la economía renqueante, está considerando vender antojitos o caretas anticovid en la calle. “Las cosas no se van a ir recuperando de un momento a otro”, reconoce Lemus. El matrimonio sueña en comprar un terrenito, una parcela de estabilidad que les evite un nuevo descalabro por el impago de la renta. Mientras, en el altillo color azul toca bajar el volumen del reguetón para que los suegros no se enojen.

CARLOS MARTÍNEZ: "INFONAVIT NO EJECUTARÁ DESALOJOS POR IMPAGOS"

Carlos Martínez detenta la llave del mercado hipotecario del país. Como director general de Infonavit, entidad líder en créditos para la compra de vivienda, ha tenido que enfrentar el desplome histórico del empleo y de la actividad económica. “Hemos tenido una afectación importante. Al menos 20% de los trabajadores formales que cotizan en Infonavit tiene un crédito con nosotros”, reconoce. Alrededor de 316,000 acreditados de un total de seis millones se han acogido a uno de los programas de emergencia por la crisis: el diferimiento de pago hasta por seis meses o el seguro de desempleo que cubre los desembolsos durante un trimestre. Desalojar a los acreditados que se retrasen en el pago está fuera de la mesa. “En las Administraciones anteriores, cuando el acreditado dejaba de pagar se le demandaba jurídicamente. Se quedaron pendientes de ejecutar 260,000 casos. Ya no hemos continuado con ellos”, apunta Martínez. “Tenemos que agotar todas las opciones para que el trabajador pueda pagar”. Esa nueva política de cobranza explica, asegura el funcionario, que el número de reestructuras de la deuda para acreditados se haya duplicado en 2019 - un millón frente al promedio anual de 500,000 en el sexenio anterior-. Pese a que las proyecciones apuntan a una caída del PIB en 2020 sin precedentes y que la liquidez del Instituto depende en buena medida de las contribuciones de los empleadores, el funcionario se muestra confiado en la “gran solidez financiera” de la institución. “La cartera vencida de los créditos al cierre del semestre era de 14.93% y antes de la crisis 13,39%. Creemos que se puede mantener estable”, dice. “Si las cosas continúan como hasta ahora, no vemos un riesgo financiero”.

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