Entre la Espada y la Pared

La Suprema Corte declara constitucional la consulta de López Obrador para juzgar a los expresidentes

2020-10-01

La ministra Norma Lucía Piña apoyó el proyecto y se opuso a la consulta de...

Por Elías Camhaji | El País

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido este jueves que la consulta sobre si se debe juzgar o no a los expresidentes, que plantea el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, es constitucional. El fallo, de seis votos contra cinco, ha dado la espalda al proyecto propuesto, que se decantaba por declarar inconstitucional la polémica consulta popular. El punto de partida era un texto que afirmaba que la justicia no puede ser sometida a la opinión de las mayorías pues vulneraba los derechos de las víctimas y del debido proceso.

La decisión ha dividido al pleno del Alto Tribunal, pero la mayoría dijo que es válido el derecho de la ciudadanía a expresar su voluntad. No obstante, la misma mayoría se pronunció en favor de modificar la pregunta para quitar sesgos y ser más neutral. La nueva pregunta aprobada por ocho jueces de la Corte es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Está previsto que la consulta se celebre en 2021, justo cuando el país acudirá a las urnas a renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.

“No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, ha afirmado el ministro presidente, Arturo Zaldívar, al arrancar el debate. Su postura fue la primera sorpresa en lo que se pensó iba a ser un mero trámite para que la propuesta de inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar fuera respaldada. La postura de Zaldívar, un ministro en sintonía con el actual Gobierno, abrió la puerta de un debate jurídico que había sido sometido a una alta presión política a lo largo de las últimas semanas.

Tan solo esta mañana, López Obrador había amagado con presentar una reforma constitucional si su propuesta no prosperaba en la Corte. Muchos académicos interpretaron el gesto como una nueva presión del Ejecutivo al Judicial. Y que tiene como antecedente la renuncia de uno de los ministros, Eduardo Medina Mora, quien abandonó el Tribunal tras una investigación de las autoridades a sus cuentas personales.

El proyecto elaborado por Aguilar, un juez de carrera, señalaba que no veía bases legales en la propuesta de López Obrador y que, en todo caso, era una obligación del Estado perseguir los delitos y no necesitaba un mandato popular para hacerlo. “El objeto de la consulta popular solicitada es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano”, señala el texto redactado por Aguilar, que calificó la propuesta como “un concierto de inconstitucionalidades”.

La ministra Norma Lucía Piña apoyó el proyecto y se opuso a la consulta de López Obrador. La magistrada dijo que la Corte no estaba facultada para modificar el objeto de la consulta y que era una atribución exclusiva del Congreso. “Mi responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen de mi mandato”, ha dicho. En ese mismo sentido fue el juez Javier Laynez, quien se desmarcó con contundencia de la postura de Zaldívar, cercana al poder, para decretar que “la justicia no se consulta”. “Los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad, los poderes Ejecutivo y Legislativo, sí”, añadió el togado.

Sin embargo, una mayoría avaló la constitucionalidad de la consulta. Ellos fueron los jueces Arturo Zaldívar, Margarita Ríos Farjat, Yazmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara. “No podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas, por tanto son derechos de interés para la deliberación pública”, ha dicho Zaldívar en su exposición. Otros ministros que votaron en ese sentido afirmaron que el mecanismo previsto en la Constitución para las consultas tiene demasiados candados para su realización. “Se ha congelado la consulta popular”, ha dicho Ríos Farjat, quien llegó al Tribunal propuesta por la Administración de Morena.

Los jueces en la minoría consideran que se privilegió un criterio político. “Las instituciones de procuración de justicia, las fiscalías y las policías, nunca deben actuar o no dejar de actuar como consecuencia de presiones, opiniones ni emociones de parte de los Gobiernos, los poderes fácticos ni de la ciudadanía”, ha dicho Laynez. “No tengo duda del enorme valor que significa la participación de la sociedad en los asuntos públicos, pero creo que eso no está en discusión”, ha agregado.

La consulta impulsada por López Obrador preguntará sobre la pertinencia de llevar a juicio a los cinco expresidentes que gobernaron la nación entre 1988 y 2018. El mandatario formulaba en su propuesta, elaborada por el abogado de la presidencia, el siguiente cuestionamiento: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La petición presidencial argumentaba que durante estos gobiernos hubo una “concentración desmesurada de la riqueza”, “quebrantos monumentales al erario”, “corrupción generalizada” y “procesos electorales viciados”, esto último en referencia a los supuestos fraudes que denunció en las primeras dos elecciones en las que compitió, en 2006 y 2012. “Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”, se lee en la exposición de motivos.

Varias personas se manifestaron afuera de la sede del tribunal para exigir que se aprobara la propuesta. El Ejecutivo ve la consulta como una pieza clave para cristalizar el hartazgo que lo llevó al poder en 2018 y legitimar su proyecto de gobierno, la llamada Cuarta Transformación. La propuesta se presentó por dos vías. La primera es la iniciativa presidencial, que es la que se discutió este jueves en la Corte. La segunda siguió el proceso de recolección de firmas del 2% del padrón electoral, al menos 1,8 millones de personas. Los simpatizantes del presidente aseguran que consiguieron el apoyo de más de dos millones de ciudadanos, lo que tendrá que validar el Instituto Nacional Electoral (INE).

“La intencionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes tiene un carácter exclusivamente político y netamente populista, así como también graves problemas constitucionales”, afirmó en las páginas de este diario el exministro José Ramón Cossío. La oposición también se ha opuesto bajo el argumento de que es una maniobra con miras a las elecciones intermedias del año próximo. Otras voces consideran que la Suprema Corte ha cedido ante la presión de López Obrador y que el fallo compromete su independencia como poder político.

A pesar de las críticas, López Obrador ha utilizado otras consultas, por lo general no vinculantes para no sortear el proceso establecido en la Constitución, para dar legitimidad popular a ciertas decisiones de su Gobierno, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en Texcoco (al oriente de la capital) y la construcción del Tren Maya, un megaproyecto ferroviario que busca impulsar la economía del Sureste. El presidente descartó esta semana que se violaran los derechos humanos y dijo que las restricciones constitucionales eran “letra muerta”. “Que no se le niegue al pueblo su derecho a la participación”, ha exigido el mandatario en las horas previas a la sesión de la Corte.



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