Barones y Magnates
Lo que callan los empresarios mexicanos
Por Viridiana Ríos | El País
Si los empresarios mexicanos constituyeran un país donde solo habitaran ellos, sería el país más desigual del mundo. Su país sería 37% más desigual que Sudáfrica, un Estado marcado por siglos de discriminación racial, y 75% más desigual que Chiapas, la entidad menos equitativa de México.
La concentración del ingreso empresarial es obscena, desoladora, y aun así mayormente desconocida. Pocos saben que el 1% de las firmas mexicanas concentran el 33% de los ingresos empresariales del país, y que un puñado de 28 corporativos se queda con 7 de cada 100 pesos de utilidad generada en México. Este puñado tiene una utilidad anual de, cuando menos, 170 millones de dólares por compañía. En cambio, el 10% de las empresas más pequeñas de México tiene utilidades de tan solo 285 dólares al año.
A los grandes corporativos les gusta decir que las desigualdades en los ingresos se deben a que ellos son más productivos y competitivos. Esto es una verdad a medias.
Las compañías situadas en la cúspide de la pirámide empresarial sí son más eficientes que las pequeñas, pero lo son en gran parte porque el sistema legal, fiscal, comercial, político y judicial de México les da privilegios.
Las empresas grandes y con más recursos pueden eludir con mayor facilidad al fisco, no son sujetas a los mismos niveles de extorsión por grupos delincuenciales, tienen mayor y mejor acceso al crédito, e incluso, en caso de bancarrota, pueden acceder a sistemas legales más generosos.
Esto es una injusticia que limita el crecimiento de la economía mexicana y concentra la riqueza.
El empresariado mexicano promedio, que es un empresario pequeño, debe organizarse y demandar cambios concretos, arriesgados e innovadores que limiten el control económico que tienen los grandes corporativos.
Lograrlo requiere de un cambio de conciencias. El empresario pequeño y mediano debe concientizarse de que no necesita “lo mismo que cualquier otra compañía" o un “piso parejo para competir con las grandes”. No es así.
Lo que necesitan es un piso inclinado en favor de las empresas micros, pequeñas y medianas. Democratizar el mercado requiere de acciones afirmativas.
Inclinar el piso en favor de las empresas pequeñas no implica premiar la falta de productividad o la pequeña escala. Implica crear condiciones para que la economía mexicana no esté en manos de unos pocos y sea capaz de beneficiar a más personas.
Las firmas pequeñas podrían demandar, entre otras cosas, un sistema fiscal progresivo, mejor legislación antimonopolios, regulación que impida el abuso de la banca, y un Estado que provea de apoyos a las pequeñas y medianas empresas que estén creando buenos empleos.
Las compañías pequeñas no necesitan que el fisco recaude menos, sino que el fisco recaude más, pero de los grandes empresarios. Solo con mayor recaudación en la cima de la pirámide se podrán tener servicios de infraestructura, seguridad pública y apoyos gubernamentales de calidad que permitan a las pequeñas empresas ser productivas.
Las empresas grandes puede sobrevivir sin servicios públicos de calidad porque puede pagar por privados. La pequeña no. Es por ello que no tiene sentido que las compañías pequeñas pidan menos impuestos. Pedirlo es fomentar una desventaja.
Más aún, es momento de poner en cintura a las empresas grandes que abusan de los tiempos de pago de sus proveedores. Los tiempos de pago, que llegan a oscilar entre los 120 o 180 días, deben estar prohibidos o desincentivados por la política fiscal. Las grandes compañías en México no pueden seguir usando a sus proveedores como crédito barato.
Debemos atrevernos a regular a la banca comercial mexicana que es, a todas luces, un abuso. De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia (Cofece), los bancos en México son seis veces mejor negocio que en Estados Unidos y al menos dos veces mejor negocio que en Canadá. Es crítico impedir que la banca siga enriqueciéndose a costa del empresario pequeño y del tarjetahabiente. El Gobierno debe asegurarse que su negocio no sea el pago de comisiones absurdamente altas sino prestar dinero.
Hoy en día, la principal diferencia entre una empresa grande y una chica es que la grande puede pedir dinero fuera de México o a sus familiares ricos. Los pequeños piden microcréditos a tasas usura.
El corazón del sistema de justicia también deberá de operar de manera distinta. Ello supone destinar mayores recursos a concursos mercantiles y democratizar el acceso a la bancarrota. Hoy en día hay una sola cosa más cara que abrir una empresa en México, y eso es, cerrarla. Esta injusticia deja a muchos emprendedores sin posibilidad de reinventarse.
Finalmente, el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Cofece en la regulación de monopolios de plataformas digitales podría ampliarse y definirse de manera más concreta. Ambas instituciones son buenas, pero avanzan demasiado lento ante un problema que las supera.
México es el paraíso del monopolio. En 111 sectores, cuatro o menos empresas controlan el 80% de la producción. Industrias que van desde el alquiler de transporte no terrestre hasta la fabricación de maquinaria para la construcción. Es imposible para las pequeñas empresas competir si por todos lados los monopolios abusan de ellas.
En conclusión, el empresario mexicano promedio debe organizarse y plantear una agenda distinta a la de los corporativos. Para lograrlo deben reconocerse como diferente y dejar de justificar los abusos de los grandes empresarios por aspirar a ser como ellos.
maria-jose
