América Latina afronta el envejecimiento de su población

Por Santiago Torrado, El País

El acelerado envejecimiento de la población en América Latina en los próximos años amenaza los sistemas actuales de pensiones y servicios de salud, de modo que los Gobiernos deben comenzar a tomar medidas con el propósito de garantizar que los jóvenes puedan acceder a una protección adecuada cuando alcancen la vejez. En la mayoría de los países de la región es necesario un mayor gasto para mejorar la protección que brindan estos sistemas, plantea el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020), publicado este martes por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Actualmente, cerca del 8% de los latinoamericanos tienen más de 65 años, una cifra distante, por ejemplo, de la de Europa, donde este sector representa casi el 20% de la población. Sin embargo, se calcula que esa porción se incrementará más del doble –hasta el 17,5%– para el año 2050, y superará el 30% para finales de siglo. En la mayoría de los países, el gasto no alcanza un nivel suficiente para cubrir las necesidades de protección social.

El informe pone el foco tanto en los componentes vinculados a la protección del adulto mayor como en los aspectos del mercado de trabajo que condicionan la cobertura de los sistemas de pensiones y su financiamiento. “Por un lado, los adultos mayores conforman un segmento de la población particularmente sujeto a riesgos de salud y de insuficiencia de ingresos. Por el otro, estos componentes abarcan una parte importante del gasto público en América Latina, alcanzando, en conjunto, alrededor de 8,5 % del PIB”, explica en el documento Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.

No todo es cuestión de gastar más, destaca el reporte. En la mayoría de los países hay un margen significativo para aumentar la eficiencia y, siempre de acuerdo con el análisis de CAF, la cobertura se podría aumentar en un promedio de 10,6% con el mismo gasto. Dado que la brecha promedio en el índice de cobertura con respecto a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 13,4%, casi el 80% de esa brecha se podría cerrar mediante mejoras de eficiencia.

Al reto que supone ese acelerado envejecimiento de la población –y el desafío que conlleva para la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud y de pensiones– se añaden la informalidad laboral y la tendencia a la digitalización y automatización de los procesos productivos. “El avance en la digitalización y la automatización, aunque incipiente en la región, podría tener efectos disruptivos en las trayectorias laborales, especialmente entre aquellos trabajadores que desempeñan tareas relativamente más rutinarias. Este factor impactaría negativamente la base de contribuyentes de los esquemas de protección social”, apunta Carranza.

Las reformas para afrontar cambios demográficos o cerrar algunas brechas en los sistemas de protección social se topan con múltiples obstáculos, advierte CAF. Un problema central es que pueden generar resistencias o ser inviables financieramente, pues mientras que los costos se asumen en el corto plazo los beneficios tienden a verse gradualmente y en el largo plazo. El reporte plantea algunos principios para guiar futuras reformas. Entre otros, revisar las edades mínimas de retiro en algunos países; la necesidad de impulsar la obligatoriedad de realizar aportes de jubilación para todos los trabajadores, incluyendo los “cuentapropistas”; y reducir los requisitos de años mínimos de cotización en los lugares donde son demasiado elevados por el impacto de la informalidad.

“Muchos países no tienen prácticamente margen para aumentar los ingresos por la vía de mayores contribuciones, pero sí existe un mayor potencial recaudatorio mediante un incremento del número de contribuyentes”, señala el presidente ejecutivo de CAF. Para lograrlo, es fundamental promover una mayor participación laboral de la mujer y, sobre todo, reducir la informalidad. “Además de implementar políticas para aumentar los ingresos de los sistemas de protección social, algunos países cuentan con espacios fiscales para cubrir las demandas de mayor gasto con un aumento de la recaudación de impuestos”, añade.

Con el propósito de lograr la aprobación e implementación exitosa de eventuales reformas, un aspecto clave es incorporar mecanismos de cambio graduales, destaca el reporte. “Por un lado, factores netamente económicos generalmente requieren de transiciones relativamente suaves. Por otro lado, desde el punto de vista de la economía política, reducir la resistencia a los cambios propuestos muchas veces requiere introducir cambios graduales que no afecten a una parte significativa de la población, al menos en el corto plazo”. Una forma de reducir las resistencias a las reformas en los sistemas de pensiones, según muestra la experiencia internacional, “es excluir a quienes se encuentren ya retirados o relativamente cerca de jubilarse de la aplicación de las nuevas reglas”.

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