Internacional - Seguridad y Justicia

Preocupación en Guatemala por cooptación de cortes de justicia

2021-01-27

El Congreso avaló con 82 de 160 votos su juramentación la noche del martes, aduciendo...

Por SONIA PÉREZ D.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La justicia guatemalteca está en boca de muchos en el país centroamericano y la preocupación de que la justicia se está cooptando por grupos pro impunidad y corrupción ha cruzado las fronteras. El último caso en la trama ha sido la juramentación del juez Mynor Moto, señalado en casos de corrupción, para ocupar un lugar en la corte más alta de justicia en el país.

La justicia y la lucha contra la corrupción e impunidad es una de las demandas más exigidas por la sociedad guatemalteca. En noviembre pasado miles de manifestantes salieron a las calles, cansados de sus políticos y funcionarios públicos, a exigir al gobierno de Alejandro Giammattei fin a la corrupción.

Ante las protestas, el gobierno reprimió a manifestantes e invocó la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentando violencia en las manifestaciones que intentaban dar un golpe de Estado. La OEA entonces envió una misión liderada por el exfuncionario argentino Fulvio Pompeo.

En un informe la OEA respondió esta semana al gobierno guatemalteco que existen múltiples reclamos de distintos sectores de la sociedad. “Una preocupación común sobre algunos elementos que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país”, dice la misión y destacó la percepción de corrupción e impunidad y la falta de transparencia en asuntos públicos.

La OEA también destacó la omisión legislativa para designar magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de apelaciones, elección que lleva más de un año de retraso. “Hay necesidad de garantizar procedimientos transparentes en la renovación de la Corte de Constitucionalidad”, dijo, la misma para la que fue electo Moto.

Moto, un juez de primera instancia, fue electo por poco más del 10% de los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para suplir al magistrado Bonerge Mejía que murió en 2020 a causa de COVID-19. Su elección fue impugnada debido a que hay dos solicitudes de retiro de inmunidad en su contra por vínculos a casos de corrupción y tráfico de influencias, algo que el juez ha negado.

El Congreso avaló con 82 de 160 votos su juramentación la noche del martes, aduciendo cumplir con un amparo a favor de Moto que fue firmado por otro juez acusado en un caso de corrupción en el que Moto ha intervenido.

Gabriel Orellana, constitucionalista, explica que “el Congreso actuó sobre una base jurídica inexistente para poder justificar la juramentación, de tal manera que contravino la ley. Imagino que ellos están confiados que a partir de este momento van a integrar una Corte ad hoc... Lo único que queda es que la Corte se rehúse a darle posesión a semejante problema”, dice.

Moto es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la fiscalía contra la corrupción de favorecer a personas procesadas por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La activista Helen Mack asegura que existe en el país un plan que se viene gestando desde 2017 para cooptar las instituciones y darle continuidad a la impunidad en que políticos, empresarios, jueces y funcionarios han estado “vinculados a delitos como crimen organizado, enriquecimiento ilícito”.

Mack dice que las redes de impunidad en Guatemala son complejas de entender porque se dan entre lo legal e ilegal, donde funcionarios con posiciones de poder lo utilizan para beneficio propio y de los socios en el crimen “y es allí donde se concreta el estado mafioso”.

Según Orellana, la juramentación del juez pone al país como con un sistema cooptado “como Venezuela, Honduras o Nicaragua. En un momento dado vamos a tener una Corte (de constitucionalidad, que define en última instancia los procesos legales y judiciales) que va a actuar de manera concertada con grupos de poder, lo que es sumamente grave”, dice.

La embajada estadounidense en Guatemala dijo en su cuenta oficial de Twitter cuando se juramentaba a Moto que “los procesos de designación de magistrados de la CC deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la constitución. Es imprescindible proteger la #Justicia en #GUA y asegurar que los magistrados de la corte más alta, cumplen con los requisitos más altos”.



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