Calamidades
En Guanajuato seguimos en el olvido mientras la barbarie aumenta
Kennia Velázquez | The Washington Post
Kennia Velázquez es reportera del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (poplab.mx) en Guanajuato, México.
El 7 de enero un comando armado disparó en contra de los asistentes a un funeral, a la mitad de la noche. Asesinó a nueve personas. Por las detonaciones, podría haber sucedido en cualquier país en guerra, pero sucedió en una zona habitacional de la ciudad de Celaya, en el estado mexicano de Guanajuato.
Aquí ya no tenemos noches o días tranquilos. Durante los primeros 29 días del año fueron asesinadas 340 personas, entre ellas un bebé y una niña de 12 años. En este 2021 ya hemos padecido enfrentamientos de grupos criminales en varias ciudades y en distintos puntos se han encontrado restos humanos, uno de ellos frente al sitio donde se hospedan los elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de León. También se han localizado armas largas en vehículos, granadas de fragmentación y bombas molotov, lo que nos permite vislumbrar la dimensión de la guerra y de lo que se avecina. Ninguna autoridad habla sobre este escenario atroz y mucho menos plantean políticas para enfrentar el problema, pese a que este año hay elecciones al Congreso local y municipales.
En agosto de 2020, fuerzas del gobierno federal y estatal detuvieron a José Antonio Yépez, “El Marro”, supuesto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, considerado por la Fiscalía de Guanajuato como el "principal generador de la violencia”. La frágil alianza entre ambos gobiernos se vino abajo con las pugnas políticas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
En un informe del Senado de Estados Unidos se habla de la detención del capo y su “limitado efecto en Guanajuato, donde los homicidios han aumentado mientras los cárteles luchan por el control de un lucrativo robo de combustible (…) Durante algunas semanas, los homicidios disminuyeron, aunque para septiembre los asesinatos en el estado habían vuelto a los niveles anteriores”.
Efectivamente, la situación iba a cambiar poco si la estructura criminal continuaba intacta y diversificó su campo de acción. Aunque Guanajuato se ha hecho famoso por el robo de combustible (huachicol), no es el único problema que tiene: las denuncias por narcomenudeo pasaron de 39 en 2011 a 13,000 en 2020; cientos de pequeños negocios han cerrado como consecuencia de las extorsiones y más de 5,000 personas han migrado por causa de la violencia.
Hace un año las autoridades locales reportaban menos de 100 “personas ausentes” —un eufemismo para negar su desaparición—, hoy sabemos que son más de 1,252 personas desparecidas. Se rechazaba también la existencia de fosas clandestinas, pero colectivos de búsqueda reportan haber encontrado 102 fosas con más de 200 restos humanos, tan solo en tres ciudades.
Los disparos y las sirenas de la Policía se han convertido en ruidos cotidianos. Mientras, los actos criminales son cada vez más brutales y solo los dimensionamos al compararlos. En diciembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas condenó las 60 masacres que vivió Colombia en 2020; en ese mismo periodo, la organización ciudadana Causa en Común reportó 176 masacres, 43 asesinatos de menores de edad y 112 hechos de descuartizamiento en Guanajuato.
Esos son los hechos violentos que acaparan la atención mediática, pero poco se sabe de lo que pasa diariamente en pueblos y ciudades pequeñas que viven sometidos al crimen organizado, con autoridades sometidas o cómplices. Son zonas silenciadas cuyos habitantes han optado por callar para sobrevivir y ni los periodistas podemos entrar.
Otros cientos de comunidades tratan de protegerse de los robos cotidianos invirtiendo en cámaras y cerrando calles con rejas ante la falta de respuesta de la Policía y la enorme desconfianza que se le tiene. Para el gobernador, una de las soluciones es cambiar los colores de las patrullas, pero calla cuando los elementos cometen una brutalidad policiaca o ante cualquier hecho despiadado. El 12 de enero hubo 25 asesinatos en el estado, incluyendo la masacre de una familia, y solo un evento mereció un reclamo de la clase política: el asesinato del diputado local Juan Antonio Acosta Cano.
El gobierno federal tampoco ha actuado ante la violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente señala que hay colusión de las autoridades locales con criminales, lo que ha provocado más de una disputa con el gobernador. La más reciente se dio cuando el presidente dijo que el estado había abandonado a sus jóvenes… aunque él tampoco ha hecho mucho al respecto.
Guanajuato ha enfocado su política en atraer armadoras automotrices, generando miles de empleos. Esta es una de las banderas que ondea el PAN como éxito de sus 30 años en el gobierno. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que ocupamos el lugar 23 de 32 en el ranking de sueldos, con un promedio diario de 17.58 dólares; además, 83% de las personas no trabaja en condiciones dignas.
El gobierno local ha invertido más de 552 millones de dólares en seguridad en los últimos dos años, y 17.7 millones de dólares de fondos federales se asignaron a ese rubro en una década. Recursos no han faltado, pero la Fiscalía de Guanajuato está rebasada y resolver un asesinato es un hecho excepcional: según Impunidad Cero, en 2019 hubo 3,540 asesinatos y solo 347 sentencias condenatorias. Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, me dijo en entrevista que “parte del problema es que no ha habido cambio de personal, de ideas ni de prácticas”, pues desde 2009 Carlos Zamarripa Aguirre encabeza la fiscalía estatal, y estará en el cargo hasta 2028; el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, lleva en el puesto nueve años.
La Fiscalía General de la República tampoco se ha tomado en serio la gravedad de la situación: hace meses que no hay titular en el estado, solo un “encargado de despacho” que no toma decisiones.
Ambos gobiernos han fallado en frenar la violencia, pero también en resolver los rezagos sociales y económicos, y sus discursos han buscado vincular a las víctimas a contextos relacionados con crimen organizado.
Las elecciones traerán más problemas, pues aumentará la confrontación entre partidos y la coordinación será aún más complicada. En elecciones anteriores han sido asesinados un candidato y un alcalde electo; el diputado asesinado este año era también aspirante a alcalde.
Es hora de que los políticos entiendan que Guanajuato vive una catástrofe humanitaria y la retórica no nos devolverá la paz. Las elecciones corren el riesgo de teñirse de sangre y de realizarse en ausencia de unos ciudadanos que aún no se resignan a ser rehenes de políticos o de criminales.
aranza
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