Del Dicho al Hecho
Biden debe detener el río de armas estadounidense que está destruyendo a México
León Krauze, The Washington Post
Después de años y años de derramamiento de sangre, la guerra del narcotráfico en México no muestra señal alguna de aminorar. Mientras los cárteles hacen alarde de su impunidad, la violencia sigue aumentando. Solo el año pasado, el país sufrió más de 32,000 asesinatos. Y durante todo este proceso, dos factores han permanecido constantes.
Las drogas continúan fluyendo hacia el norte, incluso durante la pandemia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha construido un “oleoducto” hasta el Medio Oeste y el uso del fentanilo letal está aumentando. Pero así como las drogas inundan el mercado negro estadounidense, las armas provenientes de Estados Unidos continúan blindando y empoderando a las organizaciones criminales mexicanas.
Según el periodista Ioan Grillo, experto en el comercio de armas, al menos 164,000 armas “fueron incautadas a delincuentes en México y fueron rastreadas hasta armerías y fábricas en Estados Unidos” entre 2007 y 2019. Grillo llama a esto un “río de hierro”. No es una hipérbole. El gobierno mexicano ha sugerido que la cantidad de armas que ingresaron ilegalmente al país durante la última década se acerca a los dos millones. Este contrabando ha tenido un efecto devastador en México.
El costo humano que estas armas han causado en México contrasta de manera dramática con la irritante facilidad con la que los compradores las adquieren en Estados Unidos. A lo largo de los años, las organizaciones criminales han contrabandeado miles de armas compradas de forma legal en Estados Unidos. Algunas historias desafían la imaginación. En su libro Blood Gun Money, Grillo recuerda el plan criminal de Hugh Crumpler, un veterano de la guerra de Vietnam que compró de manera legal más de 500 armas que luego revendió en ferias de armas de Florida.
Crumpler traficó pistolas semiautomáticas, fusiles de asalto AR-15 y hasta lanzagranadas. El hecho de que Crumpler pudiera comprar y comerciar legalmente un arsenal de esta magnitud es un claro ejemplo de la responsabilidad de Estados Unidos en la violencia.
Si Estados Unidos está realmente interesado en ayudar a México a salir de su larga pesadilla, debe tomar medidas legislativas rápido. Esta semana, la Cámara de Representantes tiene previsto aprobar las verificaciones de antecedentes universales, una medida con sentido común que, de alguna manera, ha permanecido fuera del radar del Congreso por años. Los proyectos de ley bajo consideración podrían eliminar notorias lagunas utilizadas frecuentemente por los contrabandistas, como la exención de la venta privada a la verificación de antecedentes.
Para el gobierno mexicano, estos pasos son importantes, pero no suficientes. “Exigir verificaciones de antecedentes a los compradores de armas sería una medida positiva”, me dijo recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Pero lo que en realidad podría ser decisivo sería restablecer las restricciones a las armas de alta potencia que estuvieron vigentes desde 1994 hasta 2004”.
Ebrard tiene razón. Para tener un impacto significativo en la violencia rampante en México, el Congreso debe prohibir de nuevo la venta de armas de asalto.
El proyecto de ley original de 1994 prohibió la venta de armas como el AK-47 o el ya omnipresente AR-15, armas de guerra de alta potencia. Desafortunadamente, en lo que terminó siendo una concesión costosa, el gobierno de Bill Clinton hizo que la medida fuera temporal. Diez años después, en 2004, el presidente George W. Bush permitió que la prohibición caducara.
Para Estados Unidos, las consecuencias han sido profundamente dolorosas. Estas armas han jugado un papel trágico en la epidemia de tiroteos masivos del país. Para México, el acceso a estas armas en Estados Unidos ha sido peor.
Cuando expiró la prohibición de 1994, los cárteles de la droga aprovecharon al máximo el nuevo mercado abierto al norte de la frontera. La violencia en México se disparó. Según un estudio de 2010, “en los cuatro años posteriores a la expiración de la prohibición”, la tasa de homicidios en el país creció 45%, siendo el acceso a rifles de asalto un factor decisivo. Estas armas de guerra han envalentonado a los cárteles mexicanos y les ha permitido construir ejércitos enteros que pueden enfrentarse con arrojo a las fuerzas de seguridad mexicanas. Armados hasta los dientes, dominan regiones enteras.
Hace unos meses, el CJNG publicó un video que mostraba una larga caravana de vehículos blindados estacionados en algún lugar del estado de Michoacán. Los hombres empuñaban sus armas como jefes de guerra: casi todos llevaban lo que parecían ser rifles de asalto.
Los cárteles también han utilizado estas armas para sembrar el terror en las ciudades. En octubre de 2019, el Cártel de Sinaloa asedió la ciudad norteña de Culiacán, donde había sido capturado Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”. Las fuerzas de Guzmán utilizaron fusiles Barrett calibre .50 mientras establecían posiciones en diferentes esquinas de la ciudad. Una de las balas (de más de 10 centímetros de largo) alcanzó a un soldado mexicano, haciendo que la parte inferior de su pierna izquierda explotara con el impacto. El horrendo video fue ampliamente compartido en las redes sociales mexicanas.
El amplio acceso a estas armas ha permitido que las organizaciones criminales mexicanas prosperen. Han puesto en peligro la estabilidad de México y la seguridad de toda una generación de mexicanos. Prohibir las armas de asalto en Estados Unidos “podría convertirse en la piedra angular de la estrategia para reducir el contrabando de armas a México”, me dijo Ebrard. “Disminuiría de inmediato el crimen y le quitaría capacidad armamentística a las organizaciones criminales. Ninguna otra medida podría ser más eficaz”.
Los demócratas tienen los votos para ponerle fin al derramamiento de sangre. No deberían dudar.
Jamileth
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