Internacional - Política

Gobierno de Arce se debilita en las urnas y afronta críticas

2021-03-15

Según el cómputo oficial de los comicios dado a conocer el lunes por el Tribunal...

Por CARLOS VALDEZ

LA PAZ (AP) — El oficialismo boliviano sufrió un retroceso en las elecciones de gobernadores y alcaldes y afronta críticas dentro y fuera del país por la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, acusada de conspiración y terrorismo en la crisis de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Esta crisis sería la más sería desde que Luis Arce asumió en noviembre del año pasado tras ganar ampliamente las elecciones con el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera Morales.

Según el cómputo oficial de los comicios dado a conocer el lunes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la oposición ganó ocho de las 10 alcaldías en las ciudades más grandes. El MAS obtuvo dos alcaldías y tres gobernaciones de nueve. La oposición consiguió dos gobernaciones y en cuatro habrá segunda una vuelta el 11 de abril.

El MAS obtuvo menos votos que en los comicios presidenciales de octubre y aunque sigue siendo el partico más fuerte y con presencia nacional, controlará menos alcaldías y gobernaciones, lo cual podría complicar la gobernabilidad de Arce, dijo el analista y escritor José Rafael Vilar.

Arce tendrá un partido menos fuerte que el que tuvo Morales en sus casi 14 años de gobierno, según el analista.

El mandatario no ha tuiteado ni apareció en público frente a la avalancha de críticas tras la detención de Áñez y dos de sus exministros el fin de semana, lo que ha llevado a la dividida oposición a articularse frente a la “persecución política”, dijo el gobernador electo por Santa Cruz y líder de las protestas contra Morales en 2019, Luis Fernando Camacho.

Áñez fue detenida la madrugada del sábado acusada de sedición y terrorismo y también fueron arrestados por los mismos cargos dos de sus exministros mientras la policía busca a otros colaboradores. El lunes la política, de 53 años, será conducida a una cárcel de mujeres en un barrio al sur de La Paz por cuatro meses mientras avanzan las investigaciones sobre los cargos que le imputa el Ministerio Púbico.

“Voy a a responder a cualquier juicio, no pienso huir del país, pero se menoscaban mis derechos. Como expresidenta merezco un caso de corte”, dijo Añez en una audiencia judicial. El ministro de Justicia, Iván Lima, alegó que Áñez será juzgada por sus actuaciones como senadora en la crisis política de noviembre de 2019.

En puertas del cuartel de policía donde Áñez permanece detenida, un centenar de manifestantes pedía a voz en cuello justicia para los fallecidos. “Estamos acá para exigir justicia para los muertos por la represión militar y policial. Áñez debe rendir cuentas”, dijo el dirigente vecinal Ramiro Laura.

A las críticas internacionales se ha sumó el lunes la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que a través de un comunicado manifestó su “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

El organismo ha sugerido conformar una comisión internacional “para la investigación de casos de corrupción” y que la Corte Penal Internacional investigue las muertes en las protestas.

La ONU y la Unión Europea han pedido que se respete el debido proceso. El caso ha vuelto a poner en tela de juicio la endémica crisis judicial por su falta de independencia del Ejecutivo y está reactivando las tensiones políticas que derivaron en la crisis por las elecciones de 2019 en las que Morales buscaba una cuarta relección, pero que fueron denunciadas de fraudulentas. El escándalo desató un estallido social que dejó 36 muertos y obligó a renuncia a Morales.

Partidos y organizaciones de la oposición han llamado a manifestaciones callejeras por las detenciones, indicó Manuel Morales, del Consejo de Defensa de la Democracia.



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