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El modelo energético de México no tiene que ser el de López Obrador, ni el de las empresas: Greenpeace
Surya Palacios | Alto nivel
La sede en México de la organización internacional Greenpeace también obtuvo una suspensión definitiva en un amparo que el colectivo promovió en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ya que el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica de la Ciudad de México consideró, de manera cautelar, que los cambios a esa legislación podrían afectar el derecho humano a un ambiente sano de toda la población.
El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa igualmente decidió suspender, a petición de Greenpeace, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (Prodesen), publicado por el gobierno federal en febrero pasado.
De esta forma, los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y los lineamientos que expresa el Prodesen, no pueden ser aplicados hasta que se resuelva el fondo del amparo de Greenpeace, toda vez que se presume -preliminarmente- que la reforma eléctrica podría transgredir los artículos 4 y 25 de la Constitución, específicamente en lo que se refiere a los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano.
Desde el pasado 11 de marzo, los juzgados Primero y Segundo de Distrito en materia Administrativa especializados en Competencia Económica han otorgado decenas de suspensiones provisionales y definitivas en contra de la LIE, en respuesta a los amparos promovidos por empresas de energías limpias.
En el caso de Greenpeace, a diferencia de los consorcios que también han solicitado amparo, los argumentos de su demanda solo versan sobre las afectaciones ambientales y de salud que se generarían con la reforma eléctrica, pues esta privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de quienes participan en el sector generando el fluido a partir de la energía eólica o solar.
“Nuestros argumentos esenciales son el tema de salud, afectaciones a la salud y afectaciones al medio ambiente sano, porque este desplazamiento (del despacho eléctrico) lo que va a llevar es a un incremento en el uso de combustibles fósiles, en particular combustóleo, carbón, diésel, entre otros”, dijo en entrevista con ALTO NIVEL María Colín, abogada de Greenpeace, especialista en derecho ambiental.
Revisión de contratos
En contraste con lo que las empresas de energías limpias solicitan en sus amparos, Greenpeace sí está de acuerdo en los artículos transitorios de la reforma eléctrica, que establecen la revisión de los contratos de los consorcios que participan en el sector.
Esto “nos parece muy acertado, es una obligación del Estado revisar aquellos contratos que hayan sido otorgados de manera irregular o ilegal, investigar a todos los que están involucrados, entes privados o públicos”, asevera María Colín.
Greenpeace también coincide con la reforma eléctrica en lo que se refiere a la soberanía energética que debe defender el Estado mexicano, “aunque no de esta manera”. Colín refiere que sí se necesita fortalecer a la CFE, pero no con el actual modelo, pues la empresa estatal debería transformarse en generadora de energía limpia, lo cual no se contempla en la modificación a la LIE.
Además, “hay que reconocer que las empresas de renovables han violado derechos humanos, hay muchos casos ya documentados, en Yucatán como en Oaxaca, donde estos parques grandes eólicos han llegado a generar una serie de afectaciones y violaciones graves a los derechos humanos de la comunidad, y lo que es peor, ni siquiera tienen beneficios de estas energías que se generan”, enfatiza la abogada de Greenpeace
Por eso, con su amparo en contra de la reforma eléctrica, el colectivo ambientalista intenta evitar que se afecten la ecología y la salud de los mexicanos, y al mismo tiempo advertir que el actual modelo energético de México no debe ser ni el que defiende el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el de las empresas. Lo que se requiere es una transformación del sector que acerque al país al cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente.
Salud colectiva
Las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica eliminan la obligación de la CFE de comprar el fluido a través de subastas en las que participaban las empresas privadas de energías limpias. Estos cambios suprimen la competencia y la libre concurrencia del mercado eléctrico, principios que debe observar el Estado mexicano, de acuerdo con lo que estipulan los artículos 25 y 28 de la Constitución.
En específico, con la reforma a los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108, y 126 de la LIE se cambia el orden de la prioridad del despacho de la energía eléctrica, privilegiando a la CFE, y subordinando a las empresas de energías limpias a las políticas que establezcan la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y la misma Comisión Federal de Electricidad.
Los cambios a la ley también establecen un límite para el despacho de energía limpia, es decir, se reducirán las compras que CFE hace de la electricidad que generan las empresas privadas.
A estas afectaciones y trasgresiones constitucionales que se señalan en los amparos que promovieron los consorcios de energía solar y eólica, Greenpeace agrega los daños al medio ambiente de las nuevas disposiciones. En especial, la ONG está preocupada por las emisiones de dióxido de azufre, un contaminante que es altamente dañino para la salud humana.
De aplicarse la reforma, la CFE aumentaría el uso de combustóleo en sus operaciones, incrementándose las emisiones contaminantes. “Sabemos que el tema del combustóleo tiene emisiones altas de dióxido de azufre, hay estudios documentados de cómo afecta a la salud, al medio ambiente, (produce) lluvia acida, enfermedades pulmonares”, apunta María Colín.
En un estudio publicado en 2019, Greenpeace reveló que México ocupa el cuarto lugar entre los países de mayor generación de dióxido de azufre (SO2), solo por debajo de la India, Rusia y China. El SO2 es un contaminante que puede producir la muerte y diversas enfermedades.
Greenpeace advirtió en su análisis que “la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, así como los procesos de refinación de petróleo, son la mayor fuente de emisiones antropogénicas de SO2, lo que resulta en una mala calidad del aire y muertes prematuras en todo el mundo. México es uno de los sitios clave por su enorme contribución al problema”.
Esta situación se verá agudizada en caso de que llegue a aplicarse la reforma eléctrica, pues la actual política energética del gobierno mexicano pretende aumentar el uso de combustibles fósiles en vez de disminuirlo.
“Con estas acciones nos alejamos de procesos de descarbonización, y así lo menciona el juez De la Peza”, en la suspensión concedida a Greenpeace. Igualmente, “nos alejamos del cumplimiento de las metas de los compromisos internacionales” que México tiene en el marco del Acuerdo de París, añade la abogada de la ONG.
Jamileth
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