Detrás del Muro

‘No quería vivir en la sombra’: el drama de los beneficiarios del TPS en Estados Unidos

2021-04-08

Alrededor de 411,000 inmigrantes tenían TPS en 2020. Más de la mitad procedía...

Por Marcela Valdes | The New York Times

Cristina Morales recibió la noticia de que iba a perder su derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos a través de un mensaje de texto. La noticia la devastó. Pero los mensajes de texto de sus amigos llegaban mientras Morales, que en ese entonces tenía 37 años, estaba en la escuela católica donde dirigía el programa extracurricular. Ella creía que parte de su labor era crear un lugar seguro para los niños, así que no dijo nada sobre su angustia en el trabajo. “Tienes que poner una cara feliz”, me dijo. “No importa lo mal que te sientas”.

Morales siguió fingiendo en el auto, de vuelta a casa con su familia. Mientras su hijo de 11 años y su hija de 13 cantaban en el asiento trasero, ella se tragaba las lágrimas e intentaba no mirar a su marido. Sus hijos no sabían que ella no era ciudadana estadounidense. Ella y su esposo no hablaban de su estatus porque no querían afectar la vida de los niños con el miedo. Solo pocas personas sabían que Morales era beneficiaria de un programa llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), que permite a algunos inmigrantes de determinadas naciones residir en Estados Unidos mientras sus países de origen están en crisis. Alrededor de 411,000 inmigrantes tenían TPS en 2020. Más de la mitad procedía de El Salvador, como Morales. El resto emigró desde Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

Menos de un año después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, su gobierno comenzó a desmantelar todo el programa. En el transcurso de ocho meses entre 2017 y 2018, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó la salida del 98 por ciento de los beneficiarios del TPS, al cancelar la designación de los países, con excepción de Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. En un comunicado de prensa de enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la decisión de la secretaria Kirstjen Nielsen de poner fin al TPS para El Salvador, afirmando que “las condiciones originales” que motivaron la designación en 2001 “ya no existen”. En ese momento, Morales recibió los mensajes de texto que le cambiaron la vida.

Tenemos que ser positivos, le dijo su marido aquella noche de enero. Tal vez sea un malentendido. Cuando dirigió a la familia en la oración de la noche, le pidió a Dios que mantuviera a las familias unidas. Cuando sus hijos se fueron a la cama, Morales se sentó en el sofá del estudio y lloró. Esto es todo, pensó, mirando a su alrededor, su casa. Voy a perderlo todo, así de fácil.

Morales sabía cómo era la deportación. En el norte de California, donde vive desde los 12 años, las redadas del ICE eran tan frecuentes durante el mandato del presidente Barack Obama que muchos miembros de su iglesia dejaron de asistir a misa, por miedo a ser arrestados de camino a los servicios. Durante las elecciones de 2016, los niños de la escuela le decían a Morales que tenían miedo de que los agentes vinieran a llevarse a sus padres.

Durante años, Morales se reunió con la policía local y con funcionarios del gobierno para defender a los feligreses indocumentados de su iglesia. Ahora, ante la posibilidad de su propia deportación, decidió que era el momento de abogar por sí misma. Días después de la decisión de Nielsen, Morales se puso en contacto con un comité local de la Alianza Nacional de TPS, una organización que comenzó a defender a los titulares del TPS durante los últimos meses del gobierno de Obama. Pronto, ella y su hija, Crista Ramos, se convirtieron en las principales demandantes en el caso Ramos contra Nielsen, un proceso con 14 demandantes titulares del TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, así como sus hijos con ciudadanía estadounidense.

Ramos vs. Nielsen mantuvo a los titulares del TPS a salvo de la deportación durante la presidencia de Trump. Reunida por cuatro organizaciones —la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, el Centro de Recursos Centroamericanos, la Alianza Nacional de TPS y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles— esta demanda obtuvo una orden judicial preliminar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito del Norte de California en el otoño de 2018. La orden judicial suspendió la finalización del TPS para seis países. Durante el proceso de proposición de prueba, los abogados de los demandantes sacaron a la luz documentos que revelan cómo los funcionarios de Trump desatendieron las recomendaciones de los propios embajadores de Estados Unidos en el extranjero, así como el consejo de altos funcionarios del Departamento de Estado. Muchos de estos expertos advirtieron que el fin del TPS para El Salvador, en particular, podría perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, al socavar los esfuerzos para reducir la inmigración ilegal y las pandillas transnacionales.

Pero el pasado mes de septiembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió que el Tribunal de Distrito no tenía jurisdicción para anular la decisión del gobierno de Trump, un fallo que probablemente también afectará a las causas judiciales relacionadas con Honduras y Nepal. Los demandantes pueden seguir litigando esa decisión. Pero a menos que el Congreso apruebe una legislación que otorgue a los titulares del TPS un estatus permanente o que el gobierno del presidente Joe Biden emita nuevas designaciones del TPS para los seis países, la expulsión forzada de 402,000 titulares del TPS podría comenzar tan pronto como en octubre. Dado que son padres de unos 273,000 ciudadanos estadounidenses —la mayoría de ellos menores de 21 años, como los hijos de Morales—, podría convertirse en la mayor operación de separación familiar de la historia de Estados Unidos.

Durante 20 años, el TPS permitió que Morales fuese una residente legal que pagaba impuestos y era propietaria de una vivienda. Pero también hizo que todos sus logros fueran precarios. “La administración Trump aterrorizó a los TPS y DACA, amenazando con una masiva deportación”, dijo Morales durante una reunión en Zoom con líderes de la Alianza Nacional de TPS en febrero, refiriéndose tanto a su propio programa como a la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores. Si Biden y los demócratas no pueden ofrecer soluciones permanentes para estos dos grupos —cuyas comprobaciones periódicas de antecedentes los convierten en los inmigrantes más investigados de Estados Unidos—, Morales se pregunta cómo se puede confiar en que ayuden a los otros millones de inmigrantes cuyo destino pende actualmente de un hilo.

A menudo hablamos de la inmigración como si se tratara de un tema único. Pero aunque los demócratas ocupen la presidencia y el Congreso, les resultará excepcionalmente difícil resolver los numerosos problemas de nuestro bizantino sistema. En Estados Unidos, la inmigración tiene un sistema legal separado, con tribunales y leyes separadas, donde algunos de los principios fundamentales de nuestro sistema judicial normal —como la independencia de los jueces, el derecho a la representación legal y el derecho a un juicio con jurado— simplemente no existen. La política de inmigración es decidida por varias partes diferentes de la burocracia federal, entre ellas el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. La aplicación de la ley de inmigración implica un enorme aparato que puede incluir agentes federales de la Patrulla Fronteriza, agentes de ICE y departamentos de policía locales, así como centros de detención que varían en calidad desde tiendas de campaña hasta prisiones reformadas. La inmigración es un tema legal, un tema laboral, un tema de seguridad y un tema de política exterior.

Hablar de reformar todo el sistema con un proyecto de ley integral es desconcertante, pero eso es exactamente lo que varias de las principales organizaciones nacionales de derechos de los inmigrantes han estado haciendo durante décadas. Esa parecía ser la estrategia del nuevo gobierno cuando, horas después de la toma de posesión de Biden como presidente, publicó una “hoja informativa” de cuatro páginas en la que se detallaba un audaz plan de reforma integral de la inmigración. Entre sus docenas de disposiciones, el plan permitiría a los indocumentados solicitar una especie de estatus legal temporal, facilitaría la permanencia en Estados Unidos de los estudiantes con títulos avanzados en STEM, protegería de la deportación a los trabajadores que denuncien violaciones laborales y haría que muchos titulares del TPS fueran inmediatamente elegibles para la residencia legal permanente.

La hoja informativa parecía la lista de deseos de un defensor de la inmigración, pero todos los activistas del TPS con los que hablé en enero la recibieron con más escepticismo que alegría. Ningún proyecto de ley de reforma migratoria integral que implique la legalización ha sido aprobado por el Congreso desde 1986, y el repetido fracaso de esos proyectos de ley dejó a los titulares del TPS en una situación vulnerable cuando Trump ganó la presidencia en 2016. “Los titulares del TPS han sido rehenes de la idea de una reforma migratoria integral”, dijo Pablo Alvarado, fundador de la Alianza Nacional del TPS y activista por los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo. En las décadas de 1990 y 2000, cuando los salvadoreños titulares del TPS hablaban de su deseo de obtener la residencia permanente, sabían que su historia como refugiados políticos los hacía casi tan simpáticos como los menores no documentados. Pero las organizaciones nacionales con sede en Washington, que esperaban un proyecto de ley que pudiera ayudar a todos los inmigrantes indocumentados, les instaron a no abogar por ellos mismos. “Nos dijeron que teníamos que esperar porque íbamos por la enchilada completa”, dijo Alvarado.

El Departamento de Seguridad Nacional puede utilizar el TPS para conceder a los residentes extranjeros un estatus legal temporal cuando no puedan regresar a su país de forma segura debido a un conflicto armado, un desastre natural o cualquier otro tipo de crisis humanitaria. Para cada país, el departamento emite una nueva decisión cada 6 a 18 meses sobre si su designación del TPS se va a prolongar. En caso afirmativo, los beneficiarios como Morales pueden solicitar la renovación de sus tarjetas TPS si pagan otra cuota y pasan por otra comprobación de antecedentes. El TPS establece un periodo preciso para la elegibilidad: cuando Morales recibió su estatus en 2001, solo los salvadoreños que ya vivían en Estados Unidos cuando varios terremotos afectaron a El Salvador podían recibir el beneficio. Un salvadoreño que llegase un mes después no podía.

La mayoría de los titulares del TPS han vivido durante décadas en una especie de purgatorio de la inmigración. En un artículo de 2006 sobre la “legalidad liminar” de los titulares del TPS, la socióloga de la UCLA Cecilia Menjívar explica que “el proceso en sí mismo está cargado de ansiedad —especialmente en el momento de la expiración y la renovación— porque cualquier paso en falso, el incumplimiento de un plazo, la falta de información o un error en un formulario pueden originar una denegación y la deportación”. La mayoría de los titulares del TPS, dijo en un informe de 2017, trabajan en la construcción, la pintura, la limpieza, la conducción, la cocina y el cuidado de niños. Casi el 90 por ciento tiene trabajo y el 90 por ciento declara impuestos sobre la renta cada año. En efecto, los titulares del TPS son lo que los beneficiarios de DACA serán si se les mantiene en el purgatorio de la inmigración otros 15 años.

Cuando Donald Trump fue elegido, su gobierno promulgó su propio tipo de reforma migratoria con notable eficiencia. Bajo la dirección de su primer fiscal general, Jeff Sessions, y su asesor principal, Stephen Miller, los funcionarios cambiaron más de 1000 normas, interpretaciones y directivas en todo el sistema de inmigración, lo que dificultó la entrada legal de los inmigrantes y facilitó su expulsión. A veces, pareciera que los demócratas saben menos sobre los intrincados detalles de la política de inmigración. Cuando los miembros de la Alianza del TPS fueron al Capitolio en 2017 para presionar a favor de la Ley de Promesa y Sueño Americano, que habría permitido la residencia permanente tanto a los beneficiarios de DACA como a los del TPS, descubrieron que la mayoría de los miembros del Congreso nunca habían oído hablar del TPS. “Los que menos sabían del TPS no eran los republicanos”, señaló Alvarado. “Eran los demócratas. Los republicanos lo tenían muy claro. Como Trump, querían acabar con el TPS”.

Mientras que algunos componentes de nuestro sistema de inmigración, como las visas H-1B y para trabajadores agrícolas, están diseñados principalmente para ayudar a las empresas estadounidenses, otros surgen de impulsos menos mercenarios. El DACA, el TPS y el asilo político encajan en esta categoría altruista, y todos ellos provocaron la ira especial de los funcionarios de Trump, que los consideraron formas de “amnistía” que atraían a inmigrantes indeseables. Intentaron deliberadamente hacer retroceder 40 años de política de inmigración. “Todas las políticas que está adoptando el gobierno Trump”, me dijo el año pasado Lucas Guttentag, profesor de Derecho en Stanford y Yale, “y su desmantelamiento del sistema de asilo de la frontera sur, suponen un completo desprecio del sufrimiento humano y de los derechos legales que se aplican”. En los últimos meses, cuando miles de centroamericanos han viajado a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de que el gobierno de Biden los deje entrar, algunos miembros del Congreso han empezado a sugerir que cualquier reforma migratoria debe esperar hasta que termine este patrón de migración. Pero este ultimátum retórico elude la responsabilidad de los estadounidenses en esta crisis humanitaria. Muchos de estos aspirantes a inmigrantes tratan de escapar de condiciones realmente amenazantes para sus vidas, y tienen el derecho —reconocido a nivel internacional— de solicitar asilo y a que sus reclamaciones sean consideradas. En muchos casos, la violencia de la que huyen tiene sus raíces en más de una década de la política exterior estadounidense.

De hecho, el TPS se creó precisamente porque el proceso de asilo fracasó en Estados Unidos durante la década de 1980. Para el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, el argumento para conceder la residencia permanente a los titulares del TPS va más allá de cualquier beneficio que aporten a Estados Unidos. “Tenemos una obligación moral con la gente de El Salvador”, me dijo. Como miembro del personal del Congreso en la década de 1980, McGovern trabajó en la creación del estatuto original del TPS. A diferencia de muchos políticos, recuerda que el TPS fue una respuesta a la política exterior de Estados Unidos en El Salvador y a su discriminación contra los refugiados salvadoreños en Estados Unidos.

Unos 2,3 millones de hispanoestadounidenses tienen sus raíces en El Salvador, más que en cualquier otro lugar excepto México y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Muchos señalan la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 como el catalizador de esta inmigración. Pero según el testimonio de un funcionario del Departamento del Censo ante el Congreso en 1985, los salvadoreños no empezaron a abandonar su país en masa hasta abril de 1980, 15 años después de la aprobación de esa ley. Según el Pew Research Center, en 1980 se calculaba que había 92,000 salvadoreños nacidos en el extranjero viviendo en Estados Unidos. En 1990, esa cifra se había disparado a 459,000. ¿Por qué cientos de miles de salvadoreños se trasladaron a Estados Unidos en una sola década? La respuesta a esta pregunta es la historia del TPS.

En febrero de 1980, el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, escribió una carta al presidente Jimmy Carter en la que le pedía que no siguiera adelante con un paquete de ayuda de casi 50 millones de dólares que enviaría asesores y equipos militares estadounidenses a la junta cívico-militar que entonces gobernaba El Salvador. “La contribución de su gobierno”, escribió Romero, “en lugar de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador agudiza sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado que muchas veces ha estado luchando porque se respeten sus derechos humanos más fundamentales”.

Durante la década de 1970, a medida que se intensificaba el conflicto entre los diversos grupos de izquierda de El Salvador y su oligarquía conservadora, las fuerzas paramilitares empezaron a asesinar a cualquiera que pareciera suponer una amenaza política: líderes sindicales, trabajadores de derechos humanos, maestros de escuela, campesinos, clérigos. En 1979 y 1980, los asesinatos políticos alcanzaron los 800 al mes en un país con la misma población que Tennessee. Como los jesuitas solían estar del lado de los pobres de El Salvador y algunos llevaban registros de violaciones de los derechos humanos, eran odiados por la ultraderecha del país. Un lema de los paramilitares era: “Haz patria, mata a un cura”. Un mes después de que Romero escribiera su carta a Carter, el arzobispo de 62 años fue asesinado por un francotirador durante la misa.

Ignorando la objeción de Romero, Carter siguió adelante con la ayuda al gobierno de El Salvador en 1980. Cuando el presidente Ronald Reagan asumió el cargo al año siguiente, convirtió el apoyo a la junta salvadoreña en una prioridad de la política exterior. Ambos gobiernos temían que, sin ese apoyo, El Salvador seguiría el camino de Nicaragua, que derrocó la dictadura de la familia Somoza e instaló un gobierno militar socialista en 1979.

En 1992, Estados Unidos había enviado más de 4000 millones de dólares al gobierno de El Salvador, a pesar de los informes sobre torturas, violaciones, asesinatos y masacres. Para las fuerzas militares salvadoreñas, el mensaje era claro: violar los derechos humanos no afectaría su posición ante los gobiernos de Reagan y George H. W. Bush. Como documenta Mark Danner en su libro de 1994, Masacre: La guerra sucia en El Salvador, los militares estadounidenses entrenaron a batallones salvadoreños y los equiparon con balas, M16 y helicópteros militares. Esta ayuda contribuyó a una guerra civil de 12 años que comenzó poco antes del asesinato de Romero y mató a unas 75,000 personas. Miles más fueron desaparecidas a la fuerza. Los testimonios presentados ante la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas atribuyeron la mayor parte de la violencia a las fuerzas gubernamentales y paramilitares salvadoreñas.

Muchos de los salvadoreños que huyeron de su país durante la guerra buscaron refugio en Estados Unidos, donde se les negó sistemáticamente el asilo político. Estos rechazos pueden haber violado la Ley de Refugiados de 1980, que puso a Estados Unidos en línea con los protocolos de las Naciones Unidas y que establece que todos los solicitantes de asilo deben ser considerados por igual. Sin embargo, en la práctica, las solicitudes presentadas por inmigrantes de países relacionados con la Unión Soviética, como Rumania, Checoslovaquia y Polonia, fueron aprobadas con frecuencia a mediados de la década de 1980, mientras que más del 97 por ciento de los salvadoreños fueron rechazados. (A los aspirantes a inmigrantes de Guatemala, donde Estados Unidos apoyaba a otro gobierno militar, les fue aún peor).

Maureen Sweeney, profesora de Derecho de la Universidad de Maryland, recuerda haber visto a cientos de jóvenes de El Salvador y Guatemala mientras trabajaba en el Centro de Asistencia Legal para Inmigrantes de Texas durante la década de 1980. Estima que el centro representó cientos de solicitudes de asilo en dos años y solo ganó tres. “No ganamos ni una sola solicitud salvadoreña”, me dijo. “No ganamos ni una sola solicitud de Guatemala”. No importaba si estos inmigrantes habían sido torturados, si sus familiares habían sido asesinados. Los jueces de inmigración denegaron sus solicitudes y ordenaron que fuesen deportados. “La idea de que eso se parecía en algo al debido proceso, incluso en términos de tiempo, es simplemente ridícula”, dijo Sweeney.

El Departamento de Estado tenía una fuerte motivación para frustrar las reclamaciones salvadoreñas: la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 prohíbe a Estados Unidos financiar a cualquier gobierno extranjero que “participe en un patrón consistente de violaciones graves de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Por eso, el gobierno de Reagan presentó a los refugiados salvadoreños como “migrantes económicos”. Esta descripción no solo dio a los funcionarios una razón para deportar a los salvadoreños, sino que también ocultó el papel que el gobierno desempeñó en la financiación de la violencia que llevó a los centroamericanos a Estados Unidos.

Ante esta perversión del proceso de asilo, algunas iglesias y sinagogas del suroeste estadounidense decidieron ayudar a los salvadoreños y guatemaltecos a entrar y permanecer en Estados Unidos de manera ilegal. En 1984, este movimiento de santuarios incluía a 185 instituciones religiosas del suroeste, el medio oeste y el este de Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento sufrió un grave revés ese mismo año, cuando más de media docena de sus partidarios estadounidenses fueron acusados de transportar y albergar a extranjeros indocumentados en Texas y Arizona.

La demanda de Iglesias Bautistas Estadounidenses et al. vs. Thornburgh comenzó como un intento de bloquear esta represión al afirmar que la decisión de ofrecer santuario dentro de las iglesias era “una cuestión de fe y práctica religiosas”. Antes de su presentación, el caso se expandió para incluir otros argumentos importantes, incluido el reclamo que el Fiscal General de los Estados Unidos, Dick Thornburgh, discriminaba a los solicitantes de asilo de El Salvador y Guatemala. Durante los siguientes tres años, el gobierno de Reagan intentó en tres ocasiones que la demanda fuese desestimada, pero en 1989 se permitió que la denuncia por discriminación procediera a juicio. “Nos abrió las puertas para obtener grandes cantidades de proposiciones de prueba”, dijo Marc Van Der Hout, el abogado principal del caso. Con citaciones y tiempo suficiente, dijo, los fiscales podrían haber encontrado evidencia de que Estados Unidos estaba negando el asilo con el propósito expreso de mantener la ayuda militar a El Salvador.

Incluso antes de que se presentara ese caso legal, los inmigrantes salvadoreños comenzaron a visitar las oficinas del representante Joe Moakley. Nacido en el sur de Boston, Moakley ingresó al Congreso en 1973 con poco interés en los asuntos exteriores. “Solía ​​bromear diciendo que para él un problema de política exterior era conducir de South Boston a East Boston para comerse un sándwich italiano”, me dijo el representante Jim McGovern, asistente de Moakley durante la década de 1980. McGovern a menudo se sentaba con Moakley mientras los salvadoreños contaban historias horribles de persecución y discriminación. Conmovido e indignado por estos relatos, Moakley asumió su causa.

En 1983, después de que los esfuerzos para presionar a los funcionarios de Reagan resultaron inútiles, Moakley comenzó a presentar enmiendas a varios proyectos de ley de la Cámara para intentar suspender las deportaciones de salvadoreños. “Las instituciones gubernamentales que deberían haber respondido a ese tipo de situación humanitaria no lo hicieron”, dijo Joy Olson, quien reunió apoyo para los esfuerzos de Moakley como empleada de Church World Service, organización que coordinó la ayuda humanitaria internacional. Pero las acciones legislativas de Moakley fueron bloqueadas repetidamente.

Luego, el 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas fueron sacados de su casa en San Salvador y los asesinaron. Sus cuerpos fueron acribillados a balazos, y algunos fueron dejados cerca de un muro del jardín salpicado de sangre, lo que sugiere que fueron ejecutados con rifles de asalto. Su cocinera y su hija de 16 años también fueron asesinadas. Días después de los asesinatos, el Congreso aprobó otros 85 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador, a pesar de la oposición del Consejo Nacional de Iglesias, la federación religiosa más grande de Estados Unidos.

Aunque los funcionarios del gobierno salvadoreño culparon primero a las guerrillas marxistas por los asesinatos, Moakley dirigió una investigación del Congreso que relacionó los asesinatos con el alto mando militar salvadoreño y con los soldados de un batallón salvadoreño llamado Atlacatl que fueron entrenados en Fort Benning en Georgia. Los asesinatos lograron que, por primera vez, muchos estadounidenses se manifestaran en contra de la ayuda estadounidense a El Salvador.

Un año después, Moakley adjuntó una disposición a una ley de inmigración que se abrió paso en el Congreso, proponiendo otorgar a los salvadoreños protección temporal contra la deportación. “Cualquiera que me diga que El Salvador es un lugar seguro está viviendo en La La Land”, recuerda McGovern que dijo Moakley. “Tienes sacerdotes que son asesinados a sangre fría. Los estudiantes están siendo atacados. Los sindicatos están siendo atacados”. Para ese entonces, Moakley ejercía el poder como presidente del Comité de Reglas de la Cámara. Soltando una palabrota o dos, dijo a sus oponentes que no sometería a votación la Ley de Inmigración de 1990 en la Cámara a menos que se adjuntara su enmienda para crear el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños.

Al final, la disposición de Moakley no solo protegió a los salvadoreños; creó una forma completamente nueva para que el gobierno federal permitiese a los migrantes de países específicos evitar la deportación. A diferencia del asilo, que requiere que las personas demuestren un temor bien fundado a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un determinado grupo social, el TPS permite al gobierno ayudar a toda una clase de personas cuyas condiciones de vida se han vuelto insostenibles. De esta forma, el TPS es una mejor herramienta para abordar enormes oleadas de migración forzada, como el reciente éxodo venezolano que huye tanto de la represión política como del hambre generalizada. La Ley de Inmigración designó a los salvadoreños que vivían en Estados Unidos en 1990 como elegibles para el TPS, el único grupo específicamente nombrado para este beneficio. Otros países tendrían que ser considerados caso por caso, usando las recomendaciones hechas por el Departamento de Estado.

El mismo año que el TPS se convirtió en ley, unos funcionarios federales se acercaron a Van Der Hout a través de un intermediario para ver si podían llegar a un acuerdo en la demanda de las Iglesias Bautistas Estadounidenses contra Thornburgh. Cuando Van Der Hout recibió la llamada, casi se cae de la silla. Si bien el gobierno de Estados Unidos nunca admitió haber discriminado a los salvadoreños y los guatemaltecos, en el acuerdo reconoció que no podía decidir los casos de asilo basándose en consideraciones de política exterior. Y acordó reconsiderar todas las solicitudes de asilo de salvadoreños y guatemaltecos residentes en Estados Unidos.

Morales nació en 1980 y creció en medio de la guerra civil salvadoreña. Recuerda que su abuela escondía a sus primos en el techo para evitar que fueran reclutados por soldados y guerrilleros. Recuerda que vivía en una casa donde la televisión estaba en el piso, para que pudieran verla debajo de la cama durante los tiroteos que sucedían afuera. Recuerda que su abuelo arrojaba piedras a los campos para buscar minas terrestres.

Pero sobre todo, Morales recuerda la violencia de su propio padre. Sus golpizas hicieron que su madre abandonara a la familia cuando ella tenía unos 7 años. En ausencia de su madre, el cuidado de su hermano y hermana menores recayó en Morales. También comenzó a recibir la mayor parte de los abusos de su padre. Unos años más tarde, él engatusó a su madre para que regresara, pero la luna de miel solo duró unos meses. Morales dice que, cuando tenía 11 años, su padre se le acercó a su madre sigilosamente por detrás mientras ella cocinaba, listo para apuñalarla en la espalda con una navaja. Morales se interpuso entre ellos. “Le dije que antes de matarla, iba a tener que matarme a mí”, recordó. Enfurecido, su padre la arrojó contra una pared, lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente. La madre de Morales no fue a la policía por ayuda. Después de que terminó la guerra civil en 1992, una amplia amnistía permitió a los criminales de guerra retener puestos gubernamentales, lo que erosionó la confianza en las instituciones salvadoreñas. En cambio, dejó a los niños con su abuela y huyó a Estados Unidos, donde encontró trabajo limpiando casas estadounidenses y cuidando niños estadounidenses. Mientras tanto, el padre de Morales localizó a sus hijos en San Salvador y comenzó a acecharlos. La situación hizo que Morales pensara en el suicidio: consideró arrojarse a un barranco; le pidió a Dios que se la llevara mientras dormía. Fue entonces cuando decidió marcharse a California, donde estaba su madre.

“Cuando vine aquí”, me dijo, con la voz llena de emoción, “sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad”. Viviendo con su madre, Morales asistía a la escuela con regularidad por primera vez en su vida. Canalizó sus dolorosos recuerdos de la infancia en la poesía. En su último año en la secundaria San Rafael, convirtió uno de estos versos en un cortometraje sobre abuso doméstico llamado Silent Shadows. Se proyectó en 1999 en el Festival de Cine Latino del condado de Marin y se emitió en HBO Family en 2001. El éxito de la película podría haber allanado el camino de Morales hacia la universidad, pero sin documentos legales, dice, no podría aceptar una oferta para asistir a una universidad cercana. En cambio, se hizo cargo del nuevo bebé de su madre.

Como muchos menores indocumentados, Morales no se dio cuenta de lo vulnerable que era hasta que se graduó de la secundaria en 1999. “Tuve que aprender el otro lado de estar aquí: visible, pero invisible”, me dijo. A los 12, pensó que venir a Estados Unidos significaba encontrar libertad y seguridad. No se dio cuenta de que entrar ilegalmente frustraría sus sueños de estudiar, trabajar, vivir una vida independiente. “No quería vivir en la sombra”, dijo, pero durante dos años no tuvo otra opción. Aunque el TPS ayudó a miles de salvadoreños que vivían en Estados Unidos en 1990, Morales, quien llegó en 1993, no era elegible para ese beneficio.

Luego, en enero de 2001, un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter azotó a El Salvador. Una réplica de 5,7 golpeó el país dos días después, y otro terremoto de 5,7 ocurrió el mes siguiente. Los terremotos dañaron casi 278,000 hogares y desplazaron a más de un millón de personas. En respuesta a estos desastres naturales, el presidente George W. Bush, quien acababa de ser elegido con una campaña que prometía “conservadurismo compasivo”, otorgó a El Salvador una nueva designación del TPS. Morales y su madre lo solicitaron poco después de escuchar las noticias en la televisión. Con su nueva tarjeta del TPS, Morales consiguió un trabajo en Macy’s y se mudó a su propio apartamento. Finalmente se casó con su novio de la secundaria, que trabajaba en la construcción. Tuvieron una hija, y luego un hijo. Compraron una casa. Organizaron sus vidas en torno al trabajo, la escuela, la iglesia y el fútbol.

A Morales no le pesaban los procedimientos del TPS: pagar varios cientos de dólares y escanear sus huellas digitales en una oficina de inmigración cada 18 meses aproximadamente. Para ella, valía la pena por el privilegio de vivir legalmente dentro de Estados Unidos. “Para mí, renovar era lo mejor del mundo”, dijo. Cada vez que recibía su nuevo permiso de trabajo por correo, pensaba: está bien, estoy bien, lo estoy logrando.

Cuando Trump ganó la elección presidencial en 2016, Morales se dijo a sí misma que estaría bien. Había recibido su estatus del TPS durante el gobierno de Bush, un presidente republicano, entonces, ¿cuán mal podrían ponerse las cosas para ella con otro republicano?

“El gobierno de Trump trataba de encontrar una manera de terminar con el TPS de todas las personas que lo habían tenido durante cualquier período de tiempo”, dijo Ahilan Arulanantham, un abogado que trabaja en el caso Ramos. La solución del gobierno fue aplicar una nueva interpretación a la Ley de Inmigración de 1990. Durante casi tres décadas, tanto los republicanos como los demócratas habían sopesado los efectos de los desastres y las crisis que ocurrieron después de que un país fuera designado para el TPS al decidir si extenderían el beneficio otros 6 a 18 meses. Pero los funcionarios de Trump querían terminar con el TPS independientemente de si las condiciones de vida en países como El Salvador o Sudán eran seguras. Entonces decidieron que solo las condiciones conectadas con la decisión original de TPS debían mostrar una mejora.

Con esta nueva interpretación, no importaba que en 2015 El Salvador tuviera la tasa de homicidios más alta del mundo aparte de las zonas en guerra. No importaba que los padres salvadoreños a menudo dejaran a sus hijos en casa sin ir a la escuela, por miedo a que sus niños fueran arrastrados a las pandillas y sus niñas fueran violentadas. No importaba que la Embajada de Estados Unidos en San Salvador enviara un cable diplomático en julio de 2017 sugiriendo que, dado el pésimo historial de creación de empleo del país, los titulares del TPS repatriados, o sus hijos, podrían ser empujados a dedicarse a las actividades delictivas. La decisión del TPS de 1990 para El Salvador expiró en 1992. Entonces, lo único que importaba era si la infraestructura del país se había recuperado de la destrucción causada por los terremotos que impulsaron la designación de 2001.

En noviembre, tres días antes de que la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, tuviera que anunciar su decisión sobre el TPS para Honduras y Nicaragua, asistió a una reunión en la Casa Blanca. Su propósito, según su agenda, era “coordinar las condiciones y el proceso para dar por terminado el estatus de protección temporal (TPS) para los extranjeros de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití”, todos ellos países con designaciones relacionadas con desastres naturales. En un documento informativo para esta reunión —uno de los muchos documentos recuperados por la demanda de Ramos— la Casa Blanca declaró su nueva lectura de la ley. El estatuto, dijo, requería una decisión sobre si extender el estatus “basado en una evaluación de las condiciones que inicialmente justificaban otorgar el TPS”.

“Ninguna administración anterior había leído los estatutos de esa manera”, señaló Arulanantham. “Habían mirado constantemente si era un período seguro, no si era seguro con respecto a algo”. En una carta que el secretario de Estado Rex Tillerson envió a Duke unos días antes de la reunión, reconoció que ni El Salvador ni Honduras podían garantizar la seguridad de los beneficiarios del TPS repatriados o de sus hijos que son ciudadanos estadounidenses. Incluso observó que poner fin al TPS podría afectar los intereses estadounidenses al enfurecer a los líderes centroamericanos. “Pueden tomar represalias contrarias a nuestros muy arraigados intereses económicos y de seguridad nacional”, escribió, “como retirar su cooperación antinarcóticos y antipandillas con Estados Unidos, reducir su disposición a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados o abstenerse de los esfuerzos para controlar la migración ilegal”. Sin embargo, Tillerson afirmó que los cuatro países ya no cumplían “los requisitos legales necesarios para la extensión”, una afirmación notable dado que los informes —adjuntos a su carta— sobre las condiciones de los países contradecían esta conclusión.

Las notas escritas a mano tomadas por Duke durante la reunión sugieren que el fiscal general Jeff Sessions puede haberle dicho a ella y a otros funcionarios que tenían que “hacer de tripas corazón” en las supresiones del TPS porque “nadie tiene las agallas para apretar el gatillo”. La urgencia de apretar ese gatillo se sugirió en la conclusión del documento informativo: era importante poner fin al TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, sugería, porque extender la protección “también alargaría el período durante el cual los beneficiarios profundizarían sus conexiones con Estados Unidos”.

Los fiscales en el caso Ramos argumentan que al apartarse repentinamente de décadas de “interpretación consistente y práctica correspondiente” sin explicación, el Departamento de Seguridad violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que las agencias no pueden apartarse en silencio o en secreto de la política anterior y que el reporte público de las nuevas políticas es especialmente necesario cuando contradicen la práctica anterior. “A pesar de las múltiples solicitudes de proposición de prueba”, escribieron los fiscales, el gobierno de Trump fue “incapaz de identificar o producir un solo documento” que mostrase que los gobiernos anteriores requerían que las condiciones actuales del país estuvieran “directamente vinculadas” a las condiciones específicas que comenzaron la designación del TPS de un país.

Duke me dijo que sabía que la nueva lectura era una desviación de la práctica anterior, pero no creía que el precedente fuera una buena base para tomar decisiones en inmigración porque demasiadas acciones anteriores habían distorsionado los estatutos. “No son efectivos”, dijo. “Así que, para contrarrestar la ineficacia de los estatutos, algunas personas optaron por interpretar en ellos los resultados que deseaban”.

Cuando McGovern confrontó a Nielsen sobre el TPS para los salvadoreños poco después de que fuera confirmada como nueva secretaria del Departamento de Seguridad, Nielsen dijo que los abogados le informaron que no podía renovarlo legalmente. “Sus abogados están equivocados”, recuerda McGovern que dijo. Le dijo a Nielsen que quería hablar con los abogados que asesoraban al Departamento de Seguridad. Pero dijo que ningún abogado nunca se puso en contacto (Nielsen no respondió a múltiples solicitudes de comentarios).

“Me quedó muy claro que se trataba de una decisión política para ponerle fin”, me dijo McGovern. “No tuvo nada que ver con la ley”. Como la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió que el Tribunal de Distrito no tenía jurisdicción para revocar la interpretación de la era Trump sobre el estatuto del TPS, la nueva lectura permanecerá intacta. En otras palabras, el estatus del TPS se ha vuelto aún más precario y las designaciones futuras pueden cambiar según el capricho político, sin ninguna revisión judicial. Esto significa que incluso las nuevas designaciones del TPS del gobierno de Biden para Venezuela y Birmania podrían ser fácilmente canceladas por una futura administración.

Hace unos años, McGovern llevó a su hija a El Salvador y visitó el monumento en El Mozote, donde en 1981 los soldados de Atlacatl masacraron a hombres, mujeres y niños desarmados. “La aldea era conocida en toda la zona como un bastión del movimiento evangélico protestante”, señala Danner en su historia de la atrocidad. Como los evangélicos eran anticomunistas, la gente del pueblo pensó que no tenían nada que temer del Ejército salvadoreño. Estaban equivocados. Cuando los informes de la masacre aparecieron por primera vez en The New York Times y The Washington Post, los funcionarios de Reagan desestimaron la noticia como propaganda marxista.

Pero los antropólogos forenses, que ingresaron al área después de la firma de los acuerdos de paz, desenterraron cientos de esqueletos. Ciento treinta y seis niños murieron en la sacristía de una iglesia, que había sido rastrillada a balazos y luego incendiada. “Hay una lista de los nombres de las personas que murieron y sus edades”, dijo McGovern. “Algunas de las edades son 0, porque fueron bebés que fueron asesinados, ¿te das cuenta?”. La mayoría de los cartuchos recuperados de la sacristía tenían sellos que indicaban que fueron hechos para el gobierno de Estados Unidos en Lake City, Misuri.

“Hicimos daño a la gente de El Salvador”, dijo McGovern. “Creo que tenemos el deber de corregirlo”. En su oficina en Washington, McGovern tiene un cartel que muestra a los seis jesuitas asesinados y una fotografía de un mural salvadoreño que representa al arzobispo Romero, a quien el papa Francisco canonizó en 2018. “Ayudar a las personas con TPS a regularizar su estado y convertirse en ciudadanos sería un paso en la dirección correcta”, dijo. En marzo, la representante por California Lucille Roybal-Allard presentó una nueva versión de la Ley de Promesa y Sueño Americano, que otorgaría estatus legal permanente condicional a los beneficiarios de DACA y TPS. Pero a medida que los migrantes centroamericanos llegan a nuestra frontera sur, las posibilidades de aprobar cualquier proyecto de ley que incluya legalizaciones permanentes disminuyen. Ahora parece poco probable que el Congreso logre un progreso real en la reforma del sistema, lo que deja una vez más a millones de inmigrantes vulnerables a las cambiantes agendas de los presidentes de Estados Unidos.

En 2018, casi dos millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos eran de Centroamérica, más que de cualquier otra región excepto México. Mucha gente ha oído hablar de la violencia, la anarquía y la miseria que provocan que estas personas ingresen a Estados Unidos. Pero pocos recuerdan el papel de Estados Unidos en la creación de estas condiciones durante la Guerra Fría. En Guatemala, en 1954, Estados Unidos derrocó a un presidente elegido democráticamente que trató de implementar reformas laborales y agrarias. En Nicaragua, financió una guerra encubierta contra un gobierno socialista y llenó un puerto de minas. En Honduras, gastó más de mil millones de dólares en ayuda militar y apoyó tácitamente a los escuadrones de la muerte. En Panamá, estableció una Zona del Canal neocolonial y estableció la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos, que capacitó a unos 60,000 oficiales militares latinoamericanos en el uso de técnicas de tortura y ejecución. Resulta significativo que Costa Rica, ubicada aproximadamente a una hora de El Salvador en avión y con más del doble del tamaño territorial, no sea una fuente importante de inmigración a los Estados Unidos; es la nación más próspera de Centroamérica. A diferencia de sus vecinos, Costa Rica evitó la intervención militar de Estados Unidos.

En un mensaje de 1904 al Congreso, el presidente Theodore Roosevelt justificó explícitamente la intervención de Estados Unidos en cualquier lugar de América Latina con el argumento de que una “nación civilizada”, como Estados Unidos, debería ejercer “un poder policial internacional”. El Salvador podría haberse recuperado de su experiencia con ese poder si el presidente Bill Clinton no hubiera firmado la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante en 1996. Este proyecto de ley popular aceleró la deportación de criminales, y estas expulsiones enviaron delincuentes violentos a El Salvador, un país que aún no había recuperado el Estado de derecho. Las deportaciones ayudaron a transformar una peligrosa pandilla de California, la MS-13, en un sindicato criminal transnacional que aterroriza a gran parte del país.

“Nunca ha habido nada de naturaleza legal que reconozca la culpabilidad de Estados Unidos por estas condiciones”, dijo Karen Musalo, profesora de derecho internacional en la Universidad de California-Hastings. “Y parece haber, francamente, una amnesia total al respecto”. El gobierno de Biden ha sugerido que Estados Unidos gaste 4000 millones de dólares “para abordar las causas subyacentes de la migración” desde Centroamérica. Pero la historia sugiere que el dinero por sí solo no es la solución. En las manos equivocadas, con los incentivos equivocados, el dinero se convierte en parte del problema.

A fines de marzo, pocos días después del aniversario del asesinato de Romero, unos 40 miembros de la Alianza Nacional del TPS se reunieron en una esquina de Freedom Plaza en Washington para rendir homenaje al santo salvadoreño. La mayor parte de la plaza fue ocupada por docenas de patinadores ese sábado. Mientras atardecía, el ruido de sus patinetas al golpear escalones de piedra y paredes bajas de granito formaban una banda sonora de indiferencia y Elsy Flores Ayala, otra demandante en el caso Ramos, leyó en español los versículos de Isaías 53:

    Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías

    y aplastado por nuestros pecados.

    Él soportó el castigo que nos trae la paz.

La Casa Blanca estaba a un par de cuadras. El sonido de helicópteros militares que llegaban y salían de sus terrenos interrumpía ocasionalmente el servicio.

Una semana antes, los miembros de la alianza comenzaron una huelga de hambre de 43 días que funcionó con relevos. Algunos miembros se sentaban en la plaza y dejaban de comer durante dos o tres días, luego volvían al trabajo y otros ocupaban sus lugares. Cristina Morales volará a principios de este mes para su turno. La alianza espera que estos esfuerzos presionen al Senado para que apruebe la Ley de Promesa y Sueño Americano, que fue aprobada por la Cámara el 18 de marzo, o al menos llamar la atención de los medios de comunicación sobre su causa. Pero pocas personas parecen prestar atención. El TPS es demasiado confuso, demasiado complicado históricamente. Al hablar de sus detalles, a menudo veía cómo la mirada de la gente se perdía.

Pero para algunos de los que vieron la proyección al aire libre de la película Romero esa fría noche de primavera, la historia aún se sentía visceral. Antonio Vásquez, de 56 años, asistió al funeral de Romero cuando era adolescente. Caminó 16 kilómetros desde su casa para presentar sus respetos porque, dijo, Romero “era la voz del pueblo”. Cuando llegó al funeral, se unió a una multitud enorme y pacífica. Entonces estalló una bomba y comenzaron los disparos. Cerca de él, la gente caía al suelo y él corrió aterrorizado hasta llegar a su barrio. Su esposa, Maribel, otra beneficiaria del TPS, se sentó junto a su hija de 9 años para ver la película. Asistió al funeral de Romero con su tío porque su propio padre fue asesinado, ahorcado y decapitado después de haber sido secuestrado cuando estaba en su casa. “El Salvador nunca se ha recuperado de esa guerra”, dijo Vásquez. Su hermano, de 70 años y dueño de una pequeña empresa, le dijo que no pensara en regresar. Apenas puede ganarse la vida; las pandillas extorsionan sus ganancias. “Es triste para mí”, dijo Vásquez. Después de 20 años siendo un contribuyente respetuoso de la ley, todavía tenía que preocuparse por ser deportado. “Aquí he dejado mi energía”, dijo, “mi juventud, mi vida”.



Jamileth
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