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López Obrador arrastra a Estados Unidos a disputa por gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
Por MARK STEVENSON
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México ha realizado escasos avances en la solución de un extraño enfrentamiento en torno al posible arresto del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien está acusado de evasión de impuestos, lavado de dinero y crimen organizado.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó una cosa en claro el jueves: cualquier documento diplomático que Estados Unidos envíe a México está en riesgo de que él lo dé a conocer.
El mandatario está tan ansioso de lograr que García Cabeza de Vaca sea arrestado que exhibió copia de una carta del 4 de mayo enviada por el agregado legal de la embajada de Estados Unidos, en la cual se pide información acerca del gobernador dentro de una investigación estadounidense sobre lavado de dinero.
Y el presidente dijo que lo volvería a hacer, a pesar de que ese tipo de documentos pueden contener información delicada.
“Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener... —independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto_, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina diaria.
México ya enfrenta cuestionamientos sobre la claridad de su sistema legal, y dudas sobre si Washington puede seguir compartiendo información de inteligencia con funcionarios mexicanos. Pero la disputa de esta semana en torno al gobernador de ese estado fronterizo con Texas amenaza con perjudicar al país en ambos frentes.
Tribunales, fiscales y las legislaturas estatal y federal están en desacuerdo en torno a si el gobernador puede ser arrestado o si aún goza de inmunidad por ser un funcionario electo.
El Congreso federal dominado por el partido oficialista Morena ha votado por el desafuero. La legislatura estatal dominada por la oposición se niega a reconocer eso, y la Suprema Corte de Justicia del país rechaza intervenir en la disputa.
Esto crea la posibilidad de que García Cabeza de Vaca sea arrestado si sale de Tamaulipas, o que, si agentes federales intentan arrestarlo en la entidad, pudiesen enfrentar resistencia de la policía estatal.
López Obrador insinuó el jueves que una cuarta entidad, el Senado, podría intervenir en la disputa, pero no está claro cuáles serían sus poderes en este caso.
Fiscales federales dijeron el miércoles que habían obtenido una orden de arresto y que las cuentas bancarias del gobernador han sido congeladas.
García Cabeza de Vaca es una figura destacada dentro de la oposición de derecha mexicana, la cual sostiene que se trata de una persecución política. López Obrador dice que es un caso claro de la corrupción que ha prometido erradicar de raíz.
Sin embargo, dar a conocer la peticion estadounidense de asistencia jurídica lleva la disputa a un nuevo nivel.
Ello a pesar de los protocolos diplomáticos que suelen considerar confidenciales esas cartas, y de las leyes mexicanas que prohíben identificar públicamente a los sospechosos a menos de que hayan sido declarados culpables.
Además del gobiernador, la misiva nombra a cuando menos otros 20 individuos y empresas, aunque no está claro si enfrentan cargos. En México, difundir archivos de un caso o investigación abiertos es en sí un delito.
El presidente reconoció que su propio equipo jurídico le había recomendado antes que no difundiera documentos de ese tipo, pero señaló que debía hacerlo a fin de impedir que México se convierta en “el hazmerreír” de otras naciones por no hacer lo suficiente para combatir el lavado de dinero.
López Obrador ya hizo públicos antes documentos de Estados Unidos de contenido delicado.
En enero, el presidente ordenó la publicación de 751 páginas del expediente que Estados Unidos le entregó sobre el caso contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa mexicano, acusado de narcotráfico por fiscales estadounidenses. Todas las páginas decían: “Compartido por orden judicial, no para mayor distribución”.
En ese caso, López Obrador acusó a la DEA de inventar las acusaciones y mostrar falta de profesionalismo en su investigación.
Ante la presión de la amenaza implícita de México de restringir o expulsar a los agentes de Estados Unidos, los fiscales federales estadounidenses retiraron su caso contra Cienfuegos para que el general pudiera ser devuelto a su país e investigado de acuerdo a las leyes mexicanas. México no presentó cargos y desechó rápidamente la investigación.
Aun cuando Estados Unidos cedió en el caso de Cienfuegos, el Congreso de México aprobó semanas después una ley que restringe las actividades de los agentes estadounidenses en suelo mexicano y les canceló la inmunidad diplomática.
López Obrador está molesto de que casos previos de corrupción habitualmente terminen en juicio, si acaso, en Estados Unidos, donde los políticos corruptos de México suelen guardar su dinero. Eso también significa que los fiscales estadounidenses puedan decomisarles el dinero, lo que molesta realmente al mandatario mexicano.
Varios exgobernadores de Tamaulipas han enfrentado cargos de corrupción. Los grupos del crimen organizado están muy enraizados desde hace mucho tiempo en el estado y numerosos políticos han sido implicados de tener tratos con ellos.
El exgobernador Tomás Yarrington, del Partido Revolucionario Institucional, fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en 2018 para enfrentar cargos de narcotráfico. Las autoridades estadounidenses también han intentado conseguir la extradición del sucesor de Yarrington en 2005, Eugenio Hernández, a quien acusan de lavado de dinero.
Fiscales federales aseguran que García Cabeza de Vaca posee un gran número de propiedades lujosas cuyo valor sobrepasa los ingresos de los cargos de gobierno que ha desempeñado en los últimos 20 años.
La agencia de México que combate el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo en un informe presentado este año al Congreso que García Cabeza de Vaca tuvo ingresos de sueldos por un equivalente a dos millones de dólares y de otros conceptos por un millón de dólares desde 2000, pero adquirió propiedades cuyo valor supera considerablemente esas cantidades. La UIF también mencionó propiedades del gobernador o sus parientes en Texas.
En un video difundido en marzo, el gobernador dijo que ninguna de las casas incluidas en el informe le pertenece y rechazó tener vínculos con el crimen organizado.
aranza
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