Tras Bambalinas
Violencia electoral en México: urge investigar el financiamiento ilegal de las campañas
Témoris Grecko, The Washington Post
Las campañas electorales en México han sido las más violentas desde que tenemos registro, de acuerdo con datos de consultoras como Entellekt. Hasta el 1 de junio, se han cometido 89 homicidios de políticos, de los cuales 35 han sido aspirantes a un cargo. Se han registrado también 782 agresiones a 737 víctimas, quienes han sufrido secuestros, golpizas, amenazas y otras violencias.
Políticos y medios culpan de manera generalizada a “el narco”, esa figura sin forma pero aparentemente gigantesca a la que siempre se le puede achacar cualquier mal. Y en el estruendo de la violencia en la contienda, no se está mencionando otro fenómeno de gran importancia y que muy probablemente tiene una relación causal con los crímenes: el financiamiento ilegal de las campañas.
La escalada en los ataques contra políticos genera muchas voces en contra, pero apenas se menciona el dinero sucio que aceita las ambiciones, a pesar de que en eliminar estas intervenciones ilícitas puede radicar una de las claves del combate a la violencia. Es una tarea que les toca, primero que nadie, a los partidos políticos, pero también a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las fiscalías.
En su informe Dinero bajo la mesa, la consultora Integralia y la organización Mexicanos contra la Corrupción analizaron campañas electorales recientes. En la de 2018, encontraron que por cada peso que un aspirante a gubernatura reportó haber gastado, utilizó otros 14 pesos de manera opaca. Esto indica que el peso de los recursos ilegales en las campañas en México es abrumadoramente superior al de los legales y reportados.
Detectaron también que en cada temporada electoral hubo excesos de circulación de dinero en efectivo en la economía que no pueden ser atribuidos a factores normales. En las presidenciales de 2012, fueron 37,000 millones de pesos; en las legislativas de 2015, 29,000 millones; y en las presidenciales de 2018, 43,000 millones.
¿Cómo entra ese dinero a las campañas? Los analistas encontraron tres vías: aportaciones privadas ilegales en efectivo; esquemas de triangulación con empresas fantasma y facturas apócrifas; y aportaciones en especie, como pago de cobertura informativa. Esto implica cometer delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones.
Probablemente en las elecciones de 2021 la situación sea muy similar o peor, y el narco es un culpable multiusos: atribuirle todo exonera a todos los demás. Es útil como una cortina de humo que no nos permite ver lo que hacen otros actores.
Los grupos dedicados al tráfico de drogas, al secuestro, la extorsión y diversos tipos de contrabando sí financian campañas, como señala el informe antes mencionado, pero no solo ellos: también debe ser tomado en cuenta el poder y el interés de exitosos delincuentes de muchos otros ramos económicos legales e ilegales —como la minería, la explotación forestal, la construcción de obras públicas y privadas o la producción y transporte de energía— en controlar a funcionarios y legisladores, utilizando recursos propios o el presupuesto público mediante esquemas de desvío sofisticados. En el primer caso destaca el escándalo de pago ilegal de campañas y sobornos a figuras políticas con dinero de las empresas Odebrecht, de Brasil; OHL, de España; y AHMSA, de México. Y en el segundo, son muy claros los casos de fraude estatal de la llamada “Estafa maestra” y de la “Cruzada contra el hambre”.
Al final, son estos servidores públicos quienes les van a otorgar concesiones y contratos, van a movilizar a las fuerzas del Estado para proteger sus inversiones, o van a crear o proteger los marcos legales que los favorecen.
Según la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, los objetivos de estas ofensivas violentas para incidir en la elección, ya sea mediante estrategias de complicidad o presiones violentas, se pueden dividir en tres grupos: la colocación de candidatos y funcionarios cómplices en áreas estratégicas como áreas financieras y obra pública; la cooptación para coludir actores políticos y delincuencia organizada y de cuello blanco; el financiamiento de campañas con recursos económicos y materiales y el otorgamiento de protección personal.
Igualmente, la noción de que los narcos están por un lado y por el otro los políticos y los empresarios, supuestamente en peligro de ser coaccionados por los primeros, enmascara que tanto políticos como empresarios pueden ser quienes controlan u operan redes de acción criminal, aunque se disfracen de decencia. Los ejemplos abundan. Bernardo Ortega Jiménez, que fue alcalde de Quechultenango (2002-2005), diputado en varias ocasiones y presidente del Congreso de Guerrero (2015-2018), ha sido denunciado como uno de los líderes de la sanguinaria banda “Los Ardillos”, que actúa en la región de La Montaña, en el estado de Guerrero. En el estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien ya fue alcalde, diputado local y federal, y senador, es el quinto gobernador en 20 años imputado por nexos criminales.
Desde 2018, el INE fiscaliza en tiempo real los movimientos de entrada y salida de recursos de las campañas. Y en marzo, la UIF y el Servicio de Administración Tributaria presentaron una guía para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para “orientar” a los sujetos obligados (bancos de primero y segundo pisos, casas de cambio y otras instituciones financieras) sobre cómo detectar y denunciar delitos de lavado. Pero hace falta mucho más que pedir la buena voluntad y esperar que los pagos ilegales se canalicen por cuentas con nombre y apellido.
Los financiadores ilegales de campañas están haciendo inversiones importantes, necesitan asegurar que estas les traigan retornos y, con frecuencia, los métodos brutales están entre sus opciones para proteger su apuesta.
La eliminación de la violencia pasa necesariamente por el fortalecimiento del combate a la circulación de recursos ilegales, en dinero y especie, en los procesos electorales. Y por la persecución legal de quienes los introducen quienes, por cierto, no son todos narcos.
aranza
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