Internacional - Seguridad y Justicia
China rechaza las acusaciones de ciberataques y arremete contra Estados Unidos
Macarena Vidal Liy, El País
China ha negado este martes de manera tajante las acusaciones de Estados Unidos y de sus aliados, que le atribuyen una gran campaña global de ciberataques. Los reproches mutuos han reabierto un nuevo frente de fricción en las relaciones bilaterales, ya lastradas por las agrias diferencias en cuestiones como la guerra comercial, la rivalidad tecnológica o los derechos humanos de la minoría uigur en Xinjiang y en lugares como Hong Kong y Taiwán.
En su rueda de prensa diaria este martes, un día después de las denuncias desde Washington y capitales aliadas, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, ha calificado las acusaciones de “infundadas” y ha acusado a Estados Unidos de poner en marcha una campaña de difamación contra Pekín por “razones políticas”.
Si de todos los aliados —Nueva Zelanda, Australia, Japón, el Reino Unido, la UE, la OTAN— Estados Unidos había sido quien se había mostrado más duro en las críticas contra Pekín, China ha respondido de la misma manera. Zhao, considerado el representante emblemático de la nueva corriente más agresiva de la diplomacia china conocida como la de los “lobos guerreros”, ha aludido al historial de Washington sobre espionaje y ciberataques a otros países en el mundo.
“Manchar la reputación de los demás no blanquea la suya”, ha asegurado el portavoz. “Estados Unidos es el principal país del mundo en originar ciberataques”. El representante diplomático ha insistido en que las denuncias occidentales se tratan de una “campaña de desprestigio y de presión completamente motivada por razones políticas”.
La línea de acusaciones contra Estados Unidos es la adoptada asimismo por diversas embajadas chinas en los países participantes en las denuncias. Sin mencionar al rival más que como “cierta nación”, la legación de Pekín en Bruselas acusa a Washington de haber espiado durante años a otros Estados, incluidos países amigos, al tiempo que “presume de ser el guardián de la ciberseguridad, intenta manipular y presionar a sus socios para formar pequeños círculos excluyentes y difama y ataca una y otra vez a otros países en cuestiones de ciberseguridad. Ese tipo de prácticas pone de manifiesto su doble rasero y su hipocresía”.
Washington acusa al Ministerio de Seguridad del Estado —los servicios secretos chinos— de haber colaborado con piratas informáticos dedicados a penetrar en los sistemas informáticos para perpetrar ataques en ellos y pedir un rescate por recuperarlos. La Casa Blanca ha hablado de un “patrón de comportamiento irresponsable” de Pekín, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha referido a un “comportamiento irresponsable, destructivo y desestabilizador en el ciberespacio” por parte de China.
Hasta el momento, pese a las duras palabras de uno y otro lado, no se ha pasado a mayores. A diferencia de ocasiones pasadas, como en los conflictos surgidos a raíz de las denuncias de violación de derechos humanos en Xinjiang o Hong Kong —entre otros motivos—, ninguna de las dos partes ha movido ficha, al menos de momento, para imponer sanciones a las que el contrario respondería con igual o mayor dureza.
El Departamento de Justicia en Washington ha acusado a cuatro supuestos piratas informáticos chinos, entre ellos tres “agentes del Ministerio de Seguridad del Estado”, de haber penetrado en los sistemas informáticos de empresas, de organismos gubernamentales y de universidades para hacerse con los datos allí almacenados o con tecnologías avanzadas. Esa información sustraída, precisa el Departamento de Justicia, se centra especialmente en tecnologías de secuencia genética, vehículos eléctricos o fórmulas químicas. Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo la condición del anonimato, aseguró que los piratas informáticos también encriptaron datos para exigir rescates millonarios por descodificarlos.
Ya en 2015, la Administración de Barack Obama responsabilizó a piratas informáticos respaldados por China de haber entrado en los sistemas informáticos de la Oficina Estadounidense de Gestión de Personal, el brazo de recursos humanos del Gobierno estadounidense, en una operación en la que sus autores tuvieron acceso a los datos personales de los funcionarios federales de hasta 20 años atrás.
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